Diputados devolvió al Senado el proyecto sobre propiedad privada y cruzó acusaciones en una maratónica sesión

En una jornada atravesada por intensas negociaciones, cruces políticos y denuncias de presiones gubernamentales durante la madrugada, la Cámara de Diputados cerró una maratónica sesión legislativa. El eje central de la actividad parlamentaria estuvo marcado por la revisión de proyectos clave que debieron ser devueltos al Senado de la Nación o retrotraídos a comisiones tras giros inesperados en las posturas del oficialismo y la oposición. Entre los expedientes tratados, la atención principal se concentró en el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada, que regresó en segunda revisión a la Cámara alta con modificaciones sustanciales, y en el proyecto de endeudamiento familiar, cuya discusión naufragó pasadas las tres de la mañana.

El tramo más relevante de la jornada se definió cuando la Cámara baja devolvió al Senado el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada. La iniciativa fue aprobada en general mediante una ajustada votación de 124 votos afirmativos, 119 negativos y 6 abstenciones, siendo determinante la postura de cinco diputados cordobeses de Provincias Unidas (Carlos Gutiérrez, Ignacio García Aresca, Carolina Basualdo, Alejandra Torres y Juan Schiaretti) y del diputado del PRO Álvaro González. El núcleo del cambio incorporado en el recinto radicó en la derogación del artículo 154 del DNU 70/23 y la restitución de la plena vigencia de la Ley de Tierras (26.737), aprobada en 2011, la cual limita al 15% la titularidad de tierras rurales en manos de extranjeros. Esta modificación nominal en particular obtuvo el apoyo masivo de 239 votos a favor, 4 en contra y 6 abstenciones.

El debate en el recinto dejó en evidencia las profundas contradicciones entre el proyecto original del Poder Ejecutivo y el texto finalmente votado. Como miembro informante de La Libertad Avanza, el diputado Santiago Santurio defendió el dictamen argumentando que "esta es ley muy importante" y que "el límite del Estado es importante para los goces de derechos del ciudadano", sosteniendo además que "el socialismo ataca la propiedad privada" mientras "la democracia la garantiza y la promueve". Desde la oposición, el diputado de Unión por la Patria Diego Giuliano le remarcó al oficialismo que "en esta exposición no se planteó que han vuelto a la ley del peronismo, y en eso la verdad que estamos de acuerdo. Han vuelto a ratificar la Ley de Tierras Rurales". Asimismo, el legislador de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro cuestionó el cambio de rumbo gubernamental señalando que "hoy tenemos al propio oficialismo reculando en chancletas", e interrogó: "¿De qué seguridad y previsibilidad jurídica hablan si este Gobierno incurre en contradicciones fundamentales todo el tiempo?". En tanto, la diputada Paula Penacca de Unión por la Patria advirtió que "va a ser una sesión paradigmática para el bloque del oficialismo: va a estar levantando la manito a favor de una ley que su presidente Javier Milei quiso hacer pelota dos veces". Por su parte, el referente oficialista Nicolás Mayoraz justificó la norma señalando que "hay 816 causas de expropiación en trámite" y cuestionó: "Díganme si se respeta el derecho cuando una persona demora 18 años para que le paguen una indemnización".

El desenlace de la madrugada estuvo dominado por el proyecto sobre endeudamiento familiar, que terminó volviendo a comisiones pasadas las 3 de la mañana a pedido de la secretaria parlamentaria de La Libertad Avanza, Silvana Giudici. La moción del oficialismo se impuso por 121 votos afirmativos, 117 negativos y 5 abstenciones de los diputados cordobeses, evitando así que se tratara el dictamen de minoría impulsado por la oposición. El tramo final de la votación estuvo enmarcado por fuertes acusaciones en el recinto. La diputada Cecilia Moreau interrumpió la lista de oradores para denunciar llamados y presiones del Poder Ejecutivo a legisladores: "Me preocupa que a esta hora de la madrugada estén llamando a diputados para que no se rechace el dictamen del oficialismo. Se está viviendo, una vez más, un proceso como el que se vivió con Kueider", aseveró.

Durante la discusión de este proyecto, el diputado oficialista Santiago Pauli sostuvo que el dictamen busca "un marco común de reglas para los que otorgan crédito, como para los que acceden al crédito", destacando la obligatoriedad de transparentar el Costo Financiero Total Efectivo Anual (CFTEA) y establecer un botón de arrepentimiento. Desde el radicalismo, Martín Lousteau criticó la postura del Gobierno y sostuvo que la morosidad responde a que "cayó el poder adquisitivo" y subieron los gastos fijos de las familias. Asimismo, la exministra Kelly Olmos advirtió sobre la gravedad del contexto social al señalar que "esa situación de angustia hoy se despliega por todo el territorio argentino. Más de 6 millones de argentinos han ingresado en mora". Por su parte, la diputada Julia Strada definía la situación como "un problema de índole macroeconómico, le guste o no le guste al presidente". En contraposición, la diputada del PRO Daiana Fernández Molero rechazó el texto de la oposición catalogándolo como "Lipovetzky II" y alertó que fijar topes de tasas equivale a "romper contratos del pasado y alterar barreras de entrada a la competencia".

A la par de estos retornos y revisiones, la Cámara baja otorgó media sanción a otros tres proyectos de relevante impacto social que ahora fueron girados al Senado para su sanción definitiva. Con un amplio consenso de 237 votos a favor, 9 en contra y 4 abstenciones, se aprobó la Ley de Fortalecimiento al Sistema de Discapacidad. El proyecto garantiza la compatibilidad entre la Pensión No Contributiva y el empleo formal, la continuidad del programa Incluir Salud y establece un cronograma de cancelación de deudas con prestadores en un plazo no mayor a 90 días. Durante el debate, el libertario tucumano, exFuerza Republicana, Gerardo Huesen enfatizó que "no podemos permitir que la discapacidad se convierta en una herramienta de utilización política". A su vez, el diputado Oscar Herrera Ahuad destacó la incorporación de certezas para el sector, mientras que Victoria Tolosa Paz resaltó los cambios aceptados tras escuchar a las organizaciones sociales, remarcando que "bajar una pensión es un hecho administrativo, pero para la persona con discapacidad es una cuestión de vida o muerte".

En materia sanitaria y de seguridad, el cuerpo legislativo dio media sanción al proyecto que crea el Sistema de Trazabilidad de Medicamentos de Alto Riesgo e Ingredientes Farmacéuticos Activos (IFA), impulsado tras la tragedia por la contaminación con fentanilo que provocó decenas de fallecimientos. La medida fue respaldada por 241 votos a favor, 1 en contra y 5 abstenciones. El presidente de la Comisión de Salud, Manuel Quintar, afirmó que "la ley puede transformar una tragedia en aprendizaje institucional", mientras que el diputado Pablo Juliano criticó duramente la actuación estatal al manifestar que "pasan los políticos, pero acá quedan los corruptos que terminan matando a la gente". Finalmente, la Cámara de Diputados aprobó con 162 votos a favor, 77 en contra y 1 abstención la tipificación del vandalismo rural en el Código Penal, penalizando con prisión la destrucción de silobolsas, cultivos e infraestructura productiva. El impulsor del proyecto, Martín Ardohain, aclaró que "lo que este artículo protege es la libertad y la intimidad", en una sesión que concluyó dejando abiertos importantes frentes de negociación para el trabajo parlamentario en la Cámara alta.