Top

¿Quién defiende a Lourdes Parache, la denunciante de los jugadores de Vélez?: Siete abogados pagados por La Bancaria y La Caja Popular con poderes conjuntos en una escribanía de Famaillá

MAFIA PARAESTATAL

Lourdes Parache le pidió al juez federal que archive la investigación sobre su propia explotación. La patrocinó el abogado Pedro Parra, el abogado del imputado Federico Petraglia, empleado de la Caja Popular y mano derecha de Cisneros, en la causa provincial en la que ella también está imputada: el mismo abogado que defiende al presunto captador la hizo decir que nadie la captó. Parra es uno de los siete abogados que actuaron por la joven. El diputado Carlos Cisneros, empresario, sindicalista y con participación en los principales medios de Tucumán, escribió ante el juez que él los “facilitó”; una testigo declaró que “son de la Caja Popular por orden de Cisneros”. Cada uno lo defiende a él, a sus hijas, a su operador o a su gremio, y dos están imputados junto a ella. Los poderes de Parache y de las hijas del diputado se firmaron en escrituras consecutivas en la escribanía de Juan Roberto Robles , en Famaillá, hermano de Juan Andrés Robles

Lourdes Parache hoy: sube videos a Tik Tok.





A comienzos de año, Lourdes Parache - empleada de la Caja Popular de Ahorros- le escribió al juez federal Guillermo Díaz Martínez para solicitarle que archive la causa por trata y explotación, el expediente FTU 23/2026 "NN y otros s/ infracción ley 26.364", en la que están indagados Carlos Cisneros, su abogada Patricia Neme y su operador Federico Petraglia.

En su presentación federal, la denunciante de los entonces cuatro jugadores de Vélez Sarsfield —hoy imputada por falso testimonio y estafa procesal— asegura que no es víctima de nadie, con lo que podría llegar a cargar con todo el peso de la carga penal —y la millonaria deriva civil— por lo que la justicia provincial tuvo por probado: que el encuentro fue consentido, que la calificación de abuso apareció después, "inducida", y que detrás hubo, según la pericia UFED leída en las audiencias, una "cama extorsiva" montada desde el entorno de la Caja Popular de Ahorros, con apoyo político, mediático y judicial de gran magnitud. Por la gravedad de lo que surgía del legajo, el juez provincial ordenó enviar copias a la justicia federal para que investigara un delito de esa jurisdicción: la trata y la explotación.

Lourdes contó en esta última oportunidad con el patrocinio del abogado Pedro Parra, uno de los siete abogados de La Bancaria que litigaron "en su defensa". Dice —o la hicieron decir— a Parache ante la justicia federal:

El último abogado cisnerista en aparecer es al mismo tiempo, el abogado de Federico Petraglia, uno de los tres investigados. Lo defiende en el legajo provincial por falso testimonio en el que ella también está imputada. El mismo abogado llevó a la presunta víctima a decirle al juez que el presunto explotador fue quien la ayudó.

En efecto, Pedro Parra tiene dos clientes en dos causas cuyos intereses son incompatibles, a menos que sea funcional a la organización liderada por Cisneros. En la justicia provincial, Parra defiende al imputado Federico Petraglia en el legajo S-077592/2025 por falso testimonio y estafa procesal, a cargo del fiscal Fernando Blanno, en el que Lourdes Parache está imputada junto a Cisneros, a Neme y a Venditti: en la audiencia del 11 de febrero de 2026 ante el juez Agustín Puppio, Parra pidió por «los imputados Petraglia y Parache», los dos a la vez. En la justicia federal, en el expediente FTU 23/2026 del Juzgado Federal N° 2, patrocina a la propia Parache en el escrito en el que ella niega ser víctima de la organización paraestatal con la firma de Parra como su letrado, pide el archivo de la investigación contra la organización de Cisneros, organización en  la que Petraglia es signado como la mano derecha de Carlos Cisneros.

Lo que puede beneficiar a Lourdes Parache es, punto por punto, lo que perjudica a Petraglia - su “compañero amoroso” de la Caja Popular-  y beneficiar también la situación procesal de Cisneros.

En el fuero provinicial, la única defensa que tiene la joven frente a la imputación por falso testimonio es la que ya escribieron, en el legajo S-020390/2024, el juez Augusto Paz Almonacid el 30 de diciembre de 2025 y la vocal Patricia Carugatti el 9 de junio de 2026: que su relato fue “una reinterpretación posterior inducida” y que la pericia oficial la describe como "susceptible a presiones externas".

Es decir: si la trata y la explotación se prueban en el fuero federal, Lourdes deja de ser autora de falso testimonio en sede penal de Tucumán  y pasa a ser víctima; si se descartan, queda sola, como una mujer que denunció falsamente por decisión propia. Para el otro cliente de Parra, Fede Petraglia, es exactamente al revés.

Un abogado que respondiera a Lourdes Parache no le habría hecho firmar ese escrito que la perjudica en sede provincial y la expone a pagar millonarias indemnizaciones, cuando no a sanciones penales. Esto sólo puede explicarse si Lourdes tiene un equipo de abogados que simula defenderla mientras responde a quien la habría captado.

La estrategia de Parra de hacer declarar a Parache a comienzos de este año - el escrito fue tenido por presentado a comienzos de año - librando de responsabilidades a Carlos Cisneros es la prueba más clara de que Parache sigue estando captada por Cisneros a través de sus abogados, que se inmola con su defensa tratando de salvar al bancario y su banda, aun a riesgo de afrontar la causa penal por falso testimonio y la eventual demanda civil.

Cabe recordar que entre el 28 y el 30 de septiembre comparecieron en sede federal Carlos Cisneros, la abogada Patricia Neme y Federico Petraglia. 

Una denuncia que fue escándalo nacional, un sobreseimiento y una pregunta que quedó abierta

Para el lector que llega ahora: el 6 de marzo de 2024, Parache denunció que cuatro jugadores de Vélez Sarsfield la habían violado en una habitación del hotel Hilton de San Miguel de Tucumán. El 30 de diciembre de 2025, el juez Augusto Paz Almonacid sobreseyó a los cuatro: el encuentro, según los mensajes recuperados de los teléfonos, fue consentido, y la calificación de abuso apareció después, «inducida». En el mismo acto, a pedido de la defensa de uno de los futbolistas, ordenó enviar copia del legajo al fiscal federal para que investigara si la joven había sido víctima de trata: si alguien la había usado.

El Tribunal de Impugnación confirmó el sobreseimiento el 9 de junio de 2026, con una sentencia de 59 páginas de la vocal Patricia del Valle Carugatti, y la Corte Suprema de Tucumán rechazó la queja de la querella el 11 de septiembre. La causa provincial terminó. La federal, por trata, siguió: tiene tres indagados y ninguno procesado.

En esa causa federal hay una pregunta anterior a todas: quién decidía por Lourdes Parache. Esta nota la responde con los papeles de sus abogados.

“La facilitación de abogados”: Cisneros lo admitió hasta por escrito

Ante los medios nacionales y provinciales, Carlos Cisneros admitió haber acompañado a Lourdes con el millonario equipo de siete abogados, incluido Fernando Burlando, uno de los abogados más caros del país (cobra USD1500 por hora, según el propio Burlando). Y lo escribió ante el juez federal, en su declaración indagatoria por escrito del 28 de septiembre Cisneros admitió que es él quien financió el patrocinio de abogados por su mi función como sindicalista bancario.

Lo había dicho en público el 7 de octubre de 2025, en un video publicado en su cuenta de Instagram y en la de La Bancaria Tucumán, afirmó que "Patricia Neme es abogada a través de La Bancaria", habló de “la víctima” en primera persona del plural —”vamos a seguir peleando más firmes que nunca, apoyándola a la Dra. Neme, apoyándola a la víctima”— y describió los allanamientos del 30 de septiembre de 2025 como un intento de “disciplinar a la víctima, meterle miedo, hacer terrorismo a las testigos”. El 12 de diciembre, en otro video, contó que “llegaron los abogados de la víctima a acompañarla”  y hasta expuso sin tapujos la salud mental de la joven: dijo que los allanamientos habían producido "un brote psicótico en la víctima" y que ella había preguntado a la fiscal "si se suicidaba, la causa seguía". Revelador in extremis.

La explicación sindical es posible: un gremio puede acompañar a una afiliada que denuncia violencia. Lo que esa explicación no cubre es quiénes son los abogados que llegaron a acompañarla.

Siete abogados para una empleada: todos responden al diputado vinculado al negocio del juego y las apuestas de la Caja Popular

La resolución de Carugatti registra quiénes actuaron por la joven en las cuatro sesiones de mayo de 2026: Pedro Parra y José César Díaz, con Juan Andrés Robles en el uso de la palabra por la ausencia de Díaz, «acompañados por los Dres. Patricia Micaela Neme, Franco Venditti», bajo la escritura de poder N° 115 del 30 de marzo de 2026. Son cinco en esa audiencia. A lo largo del caso fueron siete, con Patricio Char y Fernando Burlando. Ninguno es un abogado ajeno al diputado.

Juan Andrés Robles patrocina a Cisneros desde al menos septiembre de 2021, cuando firmó por él una prueba anticipada contra Transnoa en el fuero federal. Es apoderado general de sus tres hijas —las representa en la acción con la que pidieron suprimir notas de este diario—, de Petraglia y, según la prensa, de La Bancaria. Escribió la demanda con la que Petraglia reclamó 55 millones de pesos a este diario y al periodista Germán García Hamilton, y después desistió. Se apartó de la querella de la joven por escrito el 23 de diciembre de 2025. El 11 de marzo de 2026 ya respondía públicamente por el diputado ante el pedido de indagatoria federal. En Marzo de este año, Robles se presentó en el fuero federal también como abogado defensor de Petraglia, de Cisneros y de Neme; y el 30 de marzo también recibió un poder de parte de Parache por el que Robles volvió a hablar por ella. Habló por ella ante la vocal en mayo, firmó con Díaz la queja ante la Corte que fue rechazada el 11 de septiembre, y hoy defiende a Cisneros, a Neme y a Petraglia en el fuero federal. El 1 de octubre, dos días después de las indagatorias, llevó a la joven a los tribunales federales para que declarara, según publicó este diario: ni la Fiscalía ni el Juzgado le tomaron la declaración, “por la evidente incompatibilidad”. Ese día, a esa hora, estaba fijada en la Fiscalía una testimonial que la defensa podía presenciar; lo que no explica esa agenda es por qué la presunta víctima entró con el defensor de los tres investigados.

Patricia Micaela Neme es la abogada de la joven desde la denuncia del 6 de marzo de 2024. Mientras lo era, patrocinó a Petraglia en su juicio de prescripción adquisitiva (julio de 2024) y a Cisneros y a la asociación que preside la secretaria general de La Bancaria en un amparo contra el Pami (fines de 2024). Para el diputado, «abogada a través de La Bancaria». Ella misma, en su descargo federal, describió "una doble fuente institucional": la Caja Popular la designó jefa de una oficina de contención por violencia laboral y de género (Resolución de Intervención 687/24) y es abogada de la Asociación Bancaria. Es decir, la empleadora de la joven y el gremio de la joven le pagan a la abogada de la joven. En mayo acompañó a la querella bajo el poder del 30 de marzo, firmado tres días después de que Robles pidiera ser su defensora en la causa federal. Está imputada junto a ella por falso testimonio, pidió el sobreseimiento y se abstuvo de responder preguntas invocando el secreto profesional.

José César Díaz fue el interventor de la Caja —la empleadora de la joven— desde 2018 hasta que el Gobierno le pidió la renuncia el 22 de enero de 2026. Llegó al cargo, según La Gaceta, por un acuerdo político con el gremio bancario que lidera el diputado; el propio Cisneros, en Tendencia de Noticias el 7 de marzo de 2026, dijo que «hubo una conversación previa con el gobernador» (minuto 4:41) y que las investigaciones sobre Díaz «me lastiman a mí por el vínculo que tiene Díaz conmigo» (19:56). El Tribunal de Cuentas declaró la nulidad absoluta de su pase a planta permanente. El 30 de marzo, dos meses después de dejar la intervención, Díaz era apoderado de las hijas del diputado y, en mayo, abogado de la empleada.

Lourdes Parache hoy: videos en tik tok y un reclamo para volver a su profesión de "periodista deportiva". Aduce que lo que padece es por "situaciones ajenas" a ella. No hace mención a su trabajo en la Caja Popular de Ahorros de Tucumán.

Pedro Parra es abogado de Federico Petraglia en el legajo S-077592/2025 por falso testimonio, estafa procesal y otros delitos, que se tramita en la justicia penal provincial ante la Fiscalía Regional a cargo de Fernando Blanno, y al mismo tiempo de Lourdes Parache en el expediente FTU 23/2026, “NN y otros s/ infracción ley 26.364”, que se tramita en la justicia federal ante el Juzgado Federal N° 2 del juez Guillermo Díaz Martínez.

Franco Venditti integró la querella y, según la denuncia de la defensa de uno de los futbolistas que motivó los allanamientos de septiembre de 2025, integra con Neme el cuerpo de asesores legales de la Caja y «fueron puestos» por Cisneros. Lo que tiene documento es más grave: está imputado en la misma causa que la joven, junto a Cisneros, Neme y Petraglia. Lo escribió Robles, al transcribir la carátula del legajo S-077592/2025 en la demanda de Petraglia: «Cisneros Carlos Aníbal, Parache María de Lourdes, Venditti Franco, Sherriff Santiago, Neme Patricia Micaela, Castellote María de los Milagros, Parache Jorge Rafael, Molina María del Rosario, Petraglia Federico s/ Falso Testimonio, Estafa Procesal y otros delitos».

Patricio Char intervino por la querella a fines de 2025. En la audiencia del 19 de diciembre describió la cadena de mando con una frase que quedó grabada: "Ella le cuenta a su jefa, la jefa al jefe, el jefe habla con Carlos. Entonces ahí Carlos empieza a mover todos sus contactos". Era el abogado de la joven explicando, en audiencia pública, quién movía los contactos.

Fernando Burlando, uno de los abogados más caros del país, juró en el Colegio de Abogados de Tucumán el 10 de diciembre de 2025. Según publicó este diario, había llegado a la provincia para defender a la empresa de cable CCC en una cautelar y terminó como patrocinante de la empleada de la Caja; «Carlos, siempre Carlos», tituló este diario el 21 de diciembre, cuando los letrados alrededor de ella eran seis. Los honorarios de Burlando no son públicos. Que una empleada bancaria llegue a la audiencia de sobreseimiento con Burlando es, por sí sola, la pregunta de esta nota.

Una sospechosa escribanía de Famaillá: la presunta víctima y las hijas del diputado Cisneros, el mismo día, en el registro donde actúa como adscripto Juan Roberto Robles, hermano del abogado personal de Cisneros.

El poder con el que esos abogados actuaron por la joven es la escritura N° 115 del 30 de marzo de 2026, del Registro Notarial N° 115. Ese mismo día, en la escritura siguiente, la N° 116, las tres hijas de Cisneros otorgaron poder a Robles y a Díaz ante la titular del registro, la escribana Ana Gabriela Delloca. Cinco días antes, en el mismo registro, las hijas de Carlos cisneros habían apoderado a Robles. Y en mayo de 2025, también allí, Petraglia había apoderado a Robles, esa vez ante el escribano adscripto Juan Roberto Robles.

Según la nómina vigente del Colegio de Escribanos de Tucumán, hay un solo Registro Notarial N° 115 en la provincia: tiene asiento en Famaillá, su titular es la escribana Ana Gabriela Delloca y su adscripto es el escribano Juan Roberto Robles, hermano del abogado. Todos los poderdantes viven en San Miguel de Tucumán, a unos 35 kilómetros.

Hay dos posibilidades. Si la joven viajó, fue llevada a la escribanía que usa la familia del diputado para designar a los abogados de la familia del diputado. Si no viajó, su poder se firmó sin ella. Cualquiera de las dos responde la pregunta del título.

Primer testimonio de las escrituras N° 116 (30/3/2026) y N° 211 (5/5/2025), Registro Notarial N° 115, con documentos de identidad y domicilios tachados.

Apelaron, pidieron anular y la hicieron negar: siempre en nombre de Lourdes: los abogados de la joven usaron su representación para proteger a Cisneros

La primera, el 7 de mayo de 2026. El sobreseimiento de los futbolistas había ordenado, en su punto octavo, remitir copia del legajo al fiscal federal para investigar un posible delito contra ella. La querella —sus abogados— apeló esa orden; La Gaceta registró que Díaz, Robles y Parra pidieron «que se rechazara la remisión de copias del expediente a la Justicia Federal». El Tribunal de Impugnación la declaró inadmisible porque «no expusieron nada concreto con relación a ese punto, limitándose únicamente a mencionarlo», sin explicar «cuál era el motivo agravio o perjuicio que le causaba dicha orden» a su representada. Los abogados de la presunta víctima apelaron la orden de investigar si fue víctima, y no supieron decir en qué la perjudicaba.

La segunda, en la misma audiencia. Pidieron anular la pericia de los teléfonos de las testigos y explicaron el perjuicio diciendo que su resultado había dado lugar a la denuncia por falso testimonio que involucra a la joven, a Neme y a Venditti. Dos de los abogados que firmaban por ella pedían, en nombre de ella, anular la prueba que los incrimina a ellos. La vocal recordó que el juez Paz Almonacid había sido «categórico al sentenciar que la exclusión probatoria se encuentra legalmente vedada para los querellantes», y lo escribió así:

"La parte querellante se erige en defensora de personas que estarían sujetas a una investigación en un legajo distinto a este, en el que surgió el elemento de prueba."

— Vocal Patricia del Valle Carugatti, Tribunal de Impugnación, legajo S-020390/2024, 9 de junio de 2026.



Cuánto cuesta y quién paga: a Fernando Burlando no puede pagarlo una empleada bancaria

El Colegio de Abogados de Tucumán fija desde el 18 de abril de 2026 la consulta escrita en 675.000 pesos. Es la unidad con la que el foro mide un piso: cinco abogados, una consulta cada uno, son 3.375.000 pesos antes de escribir una sola foja. Si los cinco asistieron a las cuatro sesiones de mayo, el piso teórico sube a 13.500.000. Siete abogados, a lo largo de dos años de querella, queja ante la Corte y presentación federal, multiplican esa base. Es una cuenta de mínimos, no lo cobrado: los convenios de honorarios no están en ningún expediente que este diario haya podido leer.

Lo que sí está escrito es quién los puso. Una amiga de la joven, Rocío Sancho Miñano, declaró el 28 de noviembre de 2025 en la causa provincial. Según la reseña de su testimonio que la defensa de un futbolista llevó al juzgado federal, dijo que los abogados de «Luli» «son de la Caja Popular por orden de Cisneros» y que la joven «tenía que ir a la entrevista por orden de Cisneros o de los abogados, quienes también responden a Cisneros». El propio Cisneros, en su descargo, cita de esa declaración la versión que le conviene: la testigo dijo que él "la ayudó mucho con los abogados" y que "creo que es una orden de Cisneros". Con o sin matiz, la testigo y el investigado coinciden en lo que importa: los abogados los puso él. Neme cobra de la Caja y del gremio, por su propio descargo. Díaz condujo la Caja. Venditti, según la denuncia que originó los allanamientos, fue «puesto» por Cisneros. Quién firmó los recibos es la pregunta que queda, y tiene dueño: el protocolo del Registro 115, el libro de requerimientos con la hora de cada acto y quién pagó cada factura.

“Prisionera”: lo que escribió Lourdes Parache antes de que la hicieran negar que la mafia de Cisneros la tiene cooptada


El 7 de noviembre de 2025, cuatro meses antes de negar ante el juez que alguien decidiera por ella, Lourdes Parache les escribió a sus amigas:


"...siendo prisionera de muchas cosas que no compartía ni comparto, haciendo la vista ciega porque no me queda opción pero sobre todo sin poder de decisión y teniendo que cumplir órdenes sin preguntar ni chistar."

— Lourdes Parache a sus amigas, 7 de noviembre de 2025. Mensaje citado en la resolución del Tribunal de Impugnación y en la lectura de la sentencia de sobreseimiento.

También consta, en la misma resolución, lo que había escrito el 8 de abril de 2024, un mes después de la denuncia: «La abogada me hizo dar cuenta que había sido abusada». La abogada era Neme.

El juez federal describió la hipótesis que investiga al intimar el hecho en las indagatorias del 29 y 30 de septiembre: la joven, "ya reintegrada a su ámbito laboral", "comienza a ser abordada por personas con capacidad de influencia directa" —Neme, Cisneros y Petraglia— "sobre su estabilidad económica y profesional, quienes pasan a intervenir activamente en sus decisiones, orientando su conducta, su relato y sus acciones", hasta "una verdadera captación de la voluntad, evidenciada por la imposición de órdenes, la anulación de alternativas reales de decisión y el sometimiento funcional de la víctima". Es la hipótesis del juzgado. Los tres la niegan, y Lourdes también, con el abogado de uno de los tres.

En sus descargos, además, los tres la dejaron sola: Cisneros declaró en sede federal que Lourdes "nunca estuvo sometida", Neme atribuyó las decisiones de Parache a su elección personal y Petraglia dijo que no entendía cuál era su intervención en la maniobra. Para el equipo que la acompañó durante dos años, la joven decidió todo sola; para la joven, los que decidían eran ellos. Y Cisneros, el "líder" bancario que desampara mujeres y huye a la primera de cambio.

Un abogado en común explica que sus clientes terminen en su escribanía: Tucumán tiene un foro chico, y una escribanía de Famaillá puede ser la de confianza de un estudio por razones ajenas a Cisneros. Es la objeción que cabe esperar y no responde por qué una joven que vive en la capital apoderó allí el mismo día que las hijas del diputado, ni por qué sus abogados apelaron la orden de investigar su caso, ni por qué firmó su poder a favor de un abogado que tres días antes había pedido defender a los tres investigados.

Un juzgado federal que investiga si una joven fue explotada no puede escuchar su voz a través de un equipo que, al mismo tiempo, asiste a quienes investiga. Lo que corresponde es que Lourdes Parache tenga un abogado que no defienda a nadie más en esta historia.

La Justicia según Carlos Cisneros y sus bancarias.



Cómo se hizo esta nota

En el primer testimonio de las escrituras 211, 108 y 116 del Registro Notarial N° 115; en los escritos de inicio de las causas FTU 4301/2021 y 10111/2024 y de los expedientes 3560/24, 1680/26, 7922/25 y 7876/25; en la resolución del Tribunal de Impugnación del 9 de junio de 2026 (59 páginas) y la lectura de la sentencia de sobreseimiento del 30 de diciembre de 2025; en la nómina del Colegio de Escribanos y la tabla de honorarios del Colegio de Abogados de Tucumán, consultadas el 9 y 10 de octubre de 2026; y en los registros audiovisuales y notas enlazados en el cuerpo. Los montos del Colegio son mínimos sugeridos; la cuenta de costos es una estimación propia. Las calificaciones penales son las que constan en resoluciones y carátulas judiciales; no son afirmaciones de este medio.

Derecho a réplica. Carlos Aníbal Cisneros, Patricia Micaela Neme, Juan Federico Petraglia, Juan Andrés Robles, José César Díaz, Pedro Alberto Manuel Parra, Franco Venditti, Patricio Char, Fernando Burlando, Lourdes Parache, la escribana Ana Gabriela Delloca, el escribano Juan Roberto Robles, la Caja Popular de Ahorros y la Asociación Bancaria disponen de este espacio. Cualquier respuesta será publicada íntegra y con el mismo despliegue.