La Justicia le ordenó a Milei aplicar la Ley de Financiamiento Universitario, pero el Gobierno ya anunció que apelará

Este martes, el juez federal Martín Cormick hizo lugar a los amparos presentados por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y la Universidad de Buenos Aires (UBA) contra el Estado nacional y declaró inconstitucional la cláusula del decreto 759/2025 que suspendió la ejecución de la Ley de Financiamiento Universitario. En consecuencia, el titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11 ordenó al Poder Ejecutivo poner en marcha de inmediato la normativa, aunque el Gobierno de Javier Milei ya anticipó que apelará el fallo y seguirá retaceando los fondos a las Universidades.

La resolución de Cormick cuestionó la frase “sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 5° de la Ley 24.629” de Administración Financiera, incluida en el decreto con el que el Gobierno promulgó la ley 27.795. Ese punto había condicionado la aplicación de la norma a que el Congreso definiera las fuentes de recursos con las que se financiaría e incorporara las partidas correspondientes al presupuesto nacional.

Para el juez federal, el decreto funcionó, en los hechos, como una herramienta para detener la vigencia efectiva de una ley que el Congreso había ratificado tras rechazar un veto presidencial. El fallo dispuso que el Ejecutivo deberá dictar las medidas reglamentarias y administrativas necesarias para cumplir la norma.

Según Infobae, en la Casa Rosada ya trabajan en la estrategia judicial para apelar el fallo, mientas analizan otros mecanismos legales para evitar tener que afrontar de inmediato el gasto que implicaría ejecutar la norma.

“Estamos viendo qué hacemos. Aún no está todo perdido”, señaló una fuente de la Procuración del Tesoro, que conduce Sebastián Amerio y es el principal organismo dedicado a planificar los pasos a seguir para evitar que el Poder Ejecutivo tenga que hacer frente a este gasto.