Horacio Rovelli, implacable tras la "Semana en París": "Caputo aprobó proyectos del RIGI por 58.000 millones de dólares violando la Constitución"

En diálogo con Gabriel Sanzano en La Tucumana de Mañana, el economista Horacio Rovelli lanzó una incisiva denuncia sobre la cesión de recursos estratégicos y patrimonio nacional tras los recientes acuerdos comerciales celebrados en Europa en el marco de la denominada "Semana Argentina en París". Rovelli fue categórico al señalar que las resoluciones del comité evaluador del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), presidido por el ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, son inconstitucionales por pasar por encima de la soberanía popular y los tratados internacionales de jerarquía constitucional. "Aprobaron proyectos del RIGI por 58.000 millones de dólares a 25 y 30 años sin consultar al pueblo, violando abiertamente la Constitución Nacional", sentenció.

El especialista detalló que en la capital francesa el Gobierno nacional selló compromisos con grandes corporaciones internacionales, entre las que destacan la petrolera Total, la multinacional Glencore (para el yacimiento Agua Rica en Catamarca, tras la modificación de la Ley de Glaciares), la firma Eramet (explotación de litio en Salta) y la asociación tecnológica SNP junto a Pan American Energy del grupo Bulgheroni. Según el análisis de Rovelli, Caputo autorizó allí cuatro proyectos por 27.000 millones de dólares, alcanzando un total de 26 proyectos aprobados por el RIGI por un monto acumulado de 58.000 millones de dólares.

Sin embargo, el economista remarcó que toda esta arquitectura jurídica es "nula de nulidad absoluta" porque vulnera de forma flagrante el inciso 22 del artículo 75 de la Constitución Nacional, el cual otorga rango constitucional al Pacto de San José de Costa Rica. Explicó que dicho tratado establece con claridad que el territorio y los recursos le pertenecen al pueblo de la Nación Argentina, y no a administradores circunstanciales como presidentes o gobernadores. Para otorgar concesiones feudales a 25 o 30 años (como ocurre también con las represas hidroeléctricas del Comahue o la transportadora Transener), la ley exigía convocar obligatoriamente a un plebiscito o consulta pública vinculante a las poblaciones locales, un paso que la gestión actual ignoró sistemáticamente.

Para poner en evidencia la contradicción del modelo extractivista, Rovelli contrastó el otorgamiento de escandalosas exenciones impositivas al capital extranjero con la sangría de divisas de la economía real. Reveló que, según los propios datos del balance cambiario del Banco Central de la República Argentina, entre el 2 de enero de 2024 y agosto de 2026 (en apenas 32 meses) se fugaron del país 67.000 millones de dólares. "Se nos van 67.000 millones de dólares del propio ahorro nacional por la salida impune de divisas y salimos a mendigar afuera otorgando prebendas por 58.000 millones a empresas que a partir del quinto año ya no tienen ni la obligación de liquidar sus exportaciones en el país", fustigó.

Finalmente, el analista dedicó duras críticas al fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, firmado por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, al que calificó de "servil al poder económico extranjero". Explicó que el máximo tribunal desestimó por falta de "legitimidad activa" la medida cautelar presentada por el Centro de Excombatientes de las Islas Malvinas de La Plata (CECIM), la cual mantenía en suspenso el artículo 154 del DNU 70/23 que deroga la Ley de Tierras (Ley 26.737). Rovelli advirtió que la caída de esta cautelar deja vía libre para la venta sin límites del territorio rural a compradores extranjeros, en un contexto donde el Registro de Propiedad Rural ya contabilizaba 13,3 millones de hectáreas en manos extranjeras (un 5% de la superficie nacional, equivalente a la extensión de toda Inglaterra).