El Tribunal de Cuentas acorrala al cisnerista José Díaz y apunta al cobro integral de todos sus sueldos de la Caja Popular
El organismo de control de la Provincia congeló temporalmente la causa contra el exinterventor de la CPA por cobrar licencias psiquiátricas mientras representaba de manera privada a las hijas del diputado Carlos Cisneros que buscaban censurar notas de este medio. La medida tomada por los vocales Miguel Chaiben Terraf y Marcelo Vidal busca evitar reclamos financieros duplicados y esperar el resultado de un expediente mayor que exige la devolución de todos los sueldos percibidos durante su contratación irregular en planta permanente. La resolución vuelve a poner bajo la lupa la trama de privilegios cisneristas en la CPA que salpica a Díaz y a la abogada Patricia Neme, quien enfrenta un Juicio de Responsabilidad y graves imputaciones en la Justicia Federal.
José Díaz junto a diputado Cisneros y al legislador Hugo Ledesma.-
El Tribunal de Cuentas de la Provincia dio un nuevo paso en la investigación de las irregularidades administrativas de la gestión cisnerista de la Caja Popular de Ahorros. A través del Acuerdo N° 3799, dictado el 2 de octubre de 2026, el ente fiscalizador resolvió suspender los plazos y reservar las actuaciones correspondientes a la Comprobación Sumaria tramitada en el expediente N° 1700-360-2026 contra el exinterventor José César Díaz. La decisión, firmada por los vocales Miguel Chaiben Terraf y Marcelo Vidal, busca evitar la superposición de sanciones financieras y unificar la determinación del daño fiscal provocado por el exfuncionario al patrimonio de todos los tucumanos.
El origen de este expediente se remonta al 27 de abril de 2026, cuando el contador fiscal de la repartición requirió un informe urgente sobre la situación laboral de Díaz, que fue recomendado como interventor al exgobernador Juan Manzur por el propio diputado nacional Carlos Cisneros. La Gerencia de Personal confirmó que el agente usufructuaba una licencia por enfermedad de largo tratamiento de carácter psiquiátrico entre el 25 de marzo y el 15 de mayo de 2026. Sin embargo, los cruces con el Sistema de Administración de Expedientes del Poder Judicial revelaron que, durante ese mismo intervalo, Díaz mantuvo una activa intervención como abogado patrocinante de las hijas del diputado Carlos Cisneros, que a través de una presentación judicial buscaron censurar notas de eltucumano.com. La investigación posterior ante el Colegio de Abogados de Tucumán constató que el abogado nunca solicitó la suspensión ni la licencia de su matrícula profesional en la jurisdicción privada.
"Manzur me convoca porque sabía que a Díaz lo había recomendado yo en la Caja, y me dice que él se había comprometido con la iglesia, que dos plataformas de apuestas deportivas eran mucho y suficiente para Tucumán, que no se debía autorizar más."
Carlos Cisneros en El Avispero · 15/06/2026
La causa por las licencias psiquiátricas concomitantes forma parte de un entramado más amplio de anomalías detectadas en el organismo. Ya en febrero de 2026, mediante el Acuerdo N° 128, el Tribunal de Cuentas había observado la firma irregular de Díaz actuando como asesor jurídico. El escenario se agravó el 29 de abril de 2026 con la emisión del Acuerdo N° 1348, que dispuso la apertura de una Comprobación Sumaria en el expediente N° 556-360-2026 para investigar las circunstancias en que se produjo su incorporación a la planta permanente como Gerente General Adscripto con funciones de Asesor Letrado.
Nota de eltucumano.com.-
Poco después, el 19 de mayo de 2026, la propia Caja Popular de Ahorros emitió la Resolución de Intervención N° 339/26. Dicho acto declaró la nulidad absoluta e insanable de la resolución de 2023 que lo había designado en la planta permanente, ordenando su cese laboral inmediato, la instrucción de un sumario administrativo interno y el cálculo del perjuicio económico correspondiente. La nulidad del vínculo contractual dejó al descubierto que la totalidad de los sueldos percibidos por Díaz carecían de fundamento legal legítimo.
Frente a la coexistencia de ambos procesos, el Tribunal de Cuentas advirtió que la formulación de un cargo fiscal autónomo por el cobro de las licencias psiquiátricas en el expediente N° 1700-360-2026 podía llevar a reclamar dos veces las mismas remuneraciones. Por tal motivo, los vocales establecieron que resulta indispensable resolver primero la Comprobación Sumaria iniciada por el Acuerdo N° 1348/2026 sobre la invalidez del nombramiento. Una vez que se determine si existe un Juicio de Responsabilidad por la totalidad de los haberes percibidos, el Tribunal evaluará si subsiste un daño patrimonial independiente derivado exclusivamente del uso de las licencias médicas inconciliables con el libre ejercicio del derecho.
La cisnerista Patricia Neme y su Juicio de Responsabilidad
El accionar del ente fiscalizador sobre Díaz se inscribe en un embate institucional más amplio que abarca a otros integrantes del área legal de la Caja Popular durante la gestión cisnerista. El 1 de octubre de 2026, mediante el Acuerdo N° 3760, el Tribunal de Cuentas ordenó la apertura formal de un Juicio de Responsabilidad contra la abogada Patricia Micaela Neme, agente que se desempeñaba A/C de la Asesoría Letrada del organismo y parte del círculo íntimo de Carlos Cisneros.
La investigación contra Neme, iniciada en el expediente N° 1699-360-2026 a través del Acuerdo N° 1709 del 19 de mayo de 2026, comprobó que la profesional percibió seis meses consecutivos de sueldo estatal durante marzo, abril, mayo, junio, julio y agosto de 2026 amparada en licencias por salud psiquiátrica bajo la codificación médica F43.2. Al igual que Díaz, Neme mantuvo una intensa actividad privada sin haber gestionado la suspensión de su matrícula ante el Colegio de Abogados. El organismo encuadró su conducta en el artículo 131, inciso 4°, de la Ley 6970 de Administración Financiera, considerando que el cobro de haberes sin prestación efectiva del servicio público constituye una erogación indebida que lesiona el erario público, designando a los abogados fiscales Maximiliano Molina y Florencia Terán Nougués para cuantificar el perjuicio patrimonial.
Nota de eltucumano.com.-
El acorralamiento administrativo de Neme coincide con una grave situación procesal en la Justicia Federal. La abogada se encuentra imputada en la causa radicada en el Juzgado Federal N° 2 de Tucumán a cargo de Guillermo Díaz Martínez, por presunta trata de personas con fines de explotación laboral, instigación al falso testimonio y alteración de pruebas digitales. El expediente se derivó de las actuaciones vinculadas a la falsa denuncia por abuso sexual realizada contra exjugadores de Vélez Sarsfield, donde Neme actuó como representante de la querellante. Entre las conductas atribuidas por las órdenes de allanamiento se incluye la retención de teléfonos celulares para el borrado de mensajes y la impartición de instrucciones directas a testigos sobre cómo declarar.
Las actuaciones administrativas y judiciales dejan al descubierto una estructura común vinculada al diputado nacional y magnate sindical Carlos Cisneros. Neme y Díaz se consolidaron en la estructura de la Caja Popular durante la etapa de conducción cisnerista, mientras prestaban servicios paralelos de asesoramiento en la Asociación Bancaria. En la causa penal federal, la Fiscalía solicitó la indagatoria de Cisneros, la prohibición de salir del país y la tramitación de su desafuero parlamentario ante el Congreso, habiendo designado Cisneros y Neme al mismo abogado defensor con planteos jurídicos idénticos. En este marco, las resoluciones del Tribunal de Cuentas asestan un golpe contundente a las prácticas de privilegios cisneristas en la administración pública provincial.
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