Buscan anular una autorización de viaje a Salta para el "violador en suspenso" Rodolfo Tercero Burgos

La abogada Daniela Marina Moris, en representación legal de su hija menor de edad y en su carácter de querellante particular, interpuso un recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia de Tucumán para impugnar la resolución de la vocal María Fernanda Bähler, integrante de la Cámara Penal Conclusional Sala I. La medida recurrida, notificada el 29 de septiembre de 2026, autorizó al imputado Rodolfo Tercero Burgos a ausentarse de la provincia con destino a Salta entre el 1 y el 2 de octubre, fijando su retorno para el día 3 de octubre. A través de esta presentación, Moris solicitó que se deje sin efecto el permiso de manera inmediata por haberse fundado en afirmaciones falsas y solicitó la suspensión preventiva de su ejecución hasta tanto se resuelva el planteo.

El pedido original de autorización fue presentado el 17 de septiembre de 2026 por el defensor oficial Carlos Monroy, quien requirió la salida de Burgos argumentando que se traslada en su vehículo particular para asistir a las Jornadas de Institutos de Derecho Constitucional, acompañado por miembros de la Cátedra B de Derecho Constitucional de la Universidad Nacional de Tucumán. Sin embargo, el recurso interpuesto demuestra que la defensa no individualizó la marca, modelo ni dominio del rodado, no identificó a las personas que lo acompañarían ni precisó el domicilio de alojamiento en Salta. Asimismo, el escrito advierte que la Cátedra B invocada no figura entre las entidades organizadoras del encuentro académico, siendo el Instituto de Derecho Parlamentario de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UNT la única dependencia de esa casa de altos estudios que participa oficialmente.

En el plano procesal, la fiscal de Cámara Marta Ignacia Jerez avaló la solicitud mediante un dictamen emitido el 18 de septiembre de 2026, fundamentado exclusivamente en que Burgos había cumplido anteriormente con sus comparendos y autorizaciones previas. Al respecto, la querella denunció que este criterio consolidó una práctica institucional reiterada, mediante la cual tres magistrados diferentes concedieron al menos cinco excepciones en un lapso de trece meses para trasladarse a destinos como Paraná, Termas de Río Hondo, Catamarca y Córdoba, convirtiendo la restricción de permanecer en la provincia en una norma nominal sin efectividad real.

En un entrevista con FM La Tucumana 95.9, Marina Moris detalló los motivos del recurso judicial e impugnó el accionar del Ministerio Público Fiscal y de la judicatura. Respecto a la presentación ante el tribunal, Moris manifestó su repudio a lo autorizado y por el acompañamiento fiscal a los pedidos del imputado: "el Ministerio Público Fiscal, como en todas las oportunidades, habilita todas las salidas de Burgos, y así también la jueza que en esta oportunidad es María Fernanda Bähler".

En relación con las omisiones e inconsistencias detectadas en la solicitud de traslado, Moris explicó: "Ahora hay una salida que solicita autorización y no da ninguna especificación. Simplemente presenta el abogado de la defensa de Burgos, el Dr. Monroy, que se va a trasladar a Salta del uno al tres —porque se toma un día más, el día sábado también se lo toma— para concurrir en representación de la Universidad Nacional de Tucumán a unas jornadas de Derecho". En ese mismo sentido, remarcó que "Burgos además miente, dice que va en representación de la cátedra de Derecho Constitucional, la Cátedra B, presenta una nota, no identifica vehículo, no identifica qué miembros, y además el Poder Judicial lo habilita para que se quede el día sábado en Salta". Finalmente, sobre la desnaturalización de las medidas de coerción dictadas en la causa, la madre de la víctima concluyó: "Acá la regla de estar imputado, tener un domicilio y mantenerse en la provincia, se ha convertido en una excepción, porque está más fuera que dentro de la provincia".

Fragmento del Recurso de Casación.- 

La causa

La causa penal iniciada contra Rodolfo Tercero Burgos, radicada bajo el expediente 148/2022, tuvo su origen en la denuncia por abuso sexual infantil contra su hija, hecho ocurrido cuando la menor tenía tres años de edad. La instrucción del proceso incorporó la declaración de la víctima en Cámara Gesell, así como peritajes psicológicos y médicos que ratificaron la presencia de indicadores compatibles con abuso sexual. Con base en estos elementos probatorios, el 4 de diciembre de 2024 la Cámara Penal Conclusional dictó la Sentencia N° 915 bis, mediante la cual condenó a Burgos a la pena de cinco años de prisión de cumplimiento efectivo e imponiéndole la prohibición de ausentarse de la provincia.

No obstante, en febrero de 2026, la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, integrada por los vocales Daniel Leiva, Daniel Posse y Claudia Sbdar, anuló el fallo condenatorio por un vicio formal relacionado con la falta de contrainterrogatorio de una psicóloga testigo por parte de la defensa, ordenando la realización de un nuevo juicio oral bajo el principio de que no se le podrá imponer una pena superior a la fijada originalmente. A pesar de esta anulación procesal, Burgos mantiene la condición legal de imputado y continúan plenamente vigentes las medidas cautelares de restricción territorial.

En forma paralela al planteo judicial, Moris remitió un escrito formal de repudio a la Universidad Católica de Salta (UCASAL) y a otras trece instituciones académicas organizadoras de las Jornadas Interinstitutos Salta 2026, requiriendo que se informe en qué carácter se concedería el ingreso al imputado y solicitando que se apliquen las normativas de protección de la infancia vigentes en el ámbito nacional e internacional.