Maniobra y hermetismo: la Justicia Federal habría escondido a Carlos Cisneros para que no lo vean declarando en la causa donde lo investigan por trata de personas

Este lunes 28 de septiembre debían comenzar a desfilar por los Tribunales Federales de Tucumán el magnate bancario Carlos Cisneros y su círculo íntimo, investigados por la presunta trata de personas de María de Lourdes Parache: la Justicia federal investiga si una organización criminal liderada por el diputado nacional orquestó y la coaccionó a presentar la falsa denuncia por "violación en manada" que se conoció como Causa Vélez.

Hoy estaba prevista la indagatoria de Federico Petraglia, "hijo de cariño", operador y supuesto testaferro de Cisneros para las 9:30. Desde Tribunales trascendió que la misma se pasaba para las 14:00, minutos antes se anunció que quien comparecería ante un fiscal en el despacho del juez Guillermo Díaz Martínez.

eltucumano.com y FM La Tucumana 95.9 fueron los únicos medios que se apersonaron en los Tribunales Federales para seguir la causa en la que un diputado nacional es investigado por presunta trata de personas.

Sin embargo, en los Tribunales Federales se montó un operativo policial de distracción para que los tucumanos no puedan ver a Cisneros ante la Justicia Federal y sostener el blindaje total respecto a una causa de máxima sensibilidad.

Agentes policiales echaron a los periodistas del Palacio de Tribunales, argumentando "falta de autorización" para realizar la cobertura periodística que se desarrollaba en los pasillos del edificio.

eltucumano.com y FM La Tucumana 95.9 fueron echados de Tribunales Federales; luego, los invitaron a ingresar y los propios policías afirmaron a la prensa que el diputado Cisneros no se hizo presente para declarar.

Fuentes judiciales deslizaron que el dirigente bancario podría haber ingresado por el estacionamiento o una puerta lateral de Tribunales, y que se disuadió a la prensa para que los tucumanos no puedan ver a Carlos Cisneros declarando ante la Justicia Federal que lo investiga por trata de personas.

Mañana, martes 29 de septiembre, está prevista la declaración indagatoria de la abogada Patricia Micaela Neme, la abogada que la "hizo dar cuenta" a María de Lourdes Parache de que había sido supuestamente abusada sexualmente por los exfutbolistas de Vélez, Sebastián Sosa, Braian Cufré, Abiel Osorio y José Florentín Bobadilla.

Cisneros y su círculo íntimo, citados a indagatoria federal por presunta trata de personas

El cronograma fijado por la magistratura federal establecía que Federico Petraglia debía declarar el 28 de septiembre de 2026 a las 09:30 horas; Patricia Micaela Neme lo haría el 29 de septiembre a la misma hora; mientras que el diputado Carlos Aníbal Cisneros había sido citado para el 30 de septiembre. El tribunal ordenó que las citaciones sean diligenciadas formalmente a través de la Policía Federal Argentina. En paralelo, las actuaciones registran la comunicación oficial enviada meses atrás por el juez federal al presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Martín Menem, para notificar la sustanciación del proceso penal contra el legislador, mientras la querella técnica de las partes sobreseídas solicitó la detención y el desafuero parlamentario de Cisneros, argumentando riesgo de fuga y entorpecimiento probatorio.

El avance en el fuero federal se produce como correlato directo de la Sentencia N° 1343, dictada el 11 de septiembre de 2026 por la Corte Suprema de Justicia de Tucumán. Firmado por los vocales Antonio Daniel Estofán, Daniel Leiva, Daniel Oscar Posse y Claudia María Forte, el fallo rechazó el recurso de queja por control extraordinario denegado presentado por los letrados cisneristas Juan Andrés Robles y José César Díaz. La resolución ratificó en todos sus términos lo dispuesto por la vocal Patricia del Valle Carugatti, del Tribunal de Impugnación Penal, sellando de manera definitiva la inocencia de Carlos Sebastián Sosa Silva, Braian Ezequiel Cufré, Abiel Alesio Osorio y José Ignacio Florentín Bobadilla bajo el criterio de certeza negativa, el cual acredita judicialmente que el hecho imputado no constituyó delito.

El pronunciamiento del máximo tribunal provincial expuso graves falencias técnicas en el equipo jurídico de la querella, señalando que los abogados se limitaron a copiar y pegar escritos anteriores sin formular una crítica concreta contra el auto denegatorio. Asimismo, la Corte dejó sentado que el juzgamiento con perspectiva de género y la invocación de la Convención de Belém do Pará o de la Ley 26.485 garantizan un proceso libre de estereotipos, pero bajo ningún punto de vista autorizan a destruir la presunción de inocencia, alterar la carga de la prueba o forzar un juicio oral cuando el material probatorio desmiente de forma categórica la acusación.

El archivo probatorio del expediente judicial dejó al descubierto una trama de falsedades desarticulada por pericias científicas y digitales. La pericia informática realizada mediante la tecnología UFED sobre los dispositivos analizados extrajo 530 megabytes de información, revelando chats y audios previos, contemporáneos y posteriores a la madrugada del 3 de marzo de 2024 en la habitación 407 del Hotel Hilton. Entre los elementos destacados figura el mensaje enviado a las 06:18 horas por la propia denunciante al arquero Sebastián Sosa, pocos minutos después de retirarse del hotel, que contenía un emoji de un ratoncito entregando un corazón, acompañado de textos de agradecimiento y consultas sobre anticoncepción tomados en tono jocoso.

A ello se sumó el análisis biomecánico de las cámaras de seguridad del establecimiento hotelero, elaborado por la licenciada Marcela Machado, que concluyó que la joven presentaba normalidad biomecánica y funcional en sus movimientos y marcha al retirarse, sin signos de alteración o desequilibrio. En el plano médico legal, las evaluaciones ginecológicas realizadas por la doctora Chehuan y los profesionales de la causa determinaron la inexistencia de lesiones traumáticas vinculadas a violencia sexual, precisando que los diagnósticos correspondían a una patología inflamatoria preexistente denominada ectropionitis. Ello obligó al letrado Robles a retractarse en audiencia oral de sus afirmaciones sobre una supuesta lesión de mayor envergadura.

Las pericias psicológicas practicadas por las licenciadas Elizabeth Natalia Seguín y Natalia Alba Mendieta determinaron que el discurso de la denunciante resultaba inexacto, incongruente y contradictorio, registrando lagunas amnésicas sobre momentos clave combinadas con relatos minuciosos de acciones complejas como contratar un Uber, calcular dinero o trasladarse por sus propios medios. Los informes oficiales concluyeron que la acusación derivó de una reestructuración narrativa fabricada posteriormente e inducida por terceros. El móvil económico quedó evidenciado en chats donde la joven admitía a su entorno íntimo que le daba lástima incluir a Sosa porque estaba profundamente dormido, pero que no lo dejaría fuera porque era quien más dinero poseía.

La investigación federal se centra en los actos de coerción e instrumentalización cometidos por la red paraestatal. El requerimiento del fiscal Vehils Ruiz precisa "que la captación típica del delito de trata de personas no se dio antes del encuentro, sino posteriormente, aprovechando la vulnerabilidad emocional y la subordinación laboral de la joven en la Caja Popular de Ahorros". En un mensaje enviado el 7 de noviembre de 2025 a su grupo de allegadas, la denunciante confesó sentirse prisionera de decisiones que no compartía, obligada a cumplir órdenes sin preguntar ni chistar, evidenciando la anulación de su autodeterminación.

El expediente judicial documenta además maniobras de ocultamiento y falsificación de evidencia. El 4 de marzo de 2024 a las 19:30 horas, dos días antes de la presentación formal de la denuncia policial, Federico Petraglia concurrió al Hotel Hilton para exigir las filmaciones de seguridad sin autorización judicial previa. Asimismo, testigos confirmaron planes para fingir el robo del teléfono celular de la denunciante en la vía pública con el objetivo de hacer desaparecer audios comprometedores, sumado a la supresión activa de pruebas realizada por testigos del entorno.

La situación administrativa y judicial del equipo legal vinculado al sector político sumó mayores severidades. Los abogados Patricia Neme y José César Díaz ejercieron el patrocinio privado mientras gozaban de licencias psiquiátricas con goce de sueldo en la Caja Popular de Ahorros por más de 50 días continuos. Estas irregularidades motivaron la apertura de sumarios por parte del Tribunal de Cuentas, la nulidad del nombramiento y expulsión de Díaz de la planta permanente, y la imputación penal de Neme por instigación al falso testimonio y adulteración de prueba digital en el legajo provincial correspondiente.