Vargas Aignasse respaldó la baja de la edad de imputabilidad, pero advirtió que la norma nacional carece de presupuesto

En el marco de la reciente sanción de la ley nacional 27.801 que establece un nuevo régimen penal juvenil, el legislador provincial Gerónimo Vargas Aignasse brindó detalles en FM La Tucumana sobre el proyecto de adecuación procesal que debatirá la Legislatura de Tucumán. Durante la entrevista, el presidente de la Comisión de Legislación General ratificó su postura favorable al cambio normativo al señalar que "particularmente quien le habla está a favor de la bajada de imputabilidad de los menores".

El parlamentario argumentó que las dinámicas sociales han cambiado y sostuvo que "un menor de hoy no tiene la misma madurez que un menor de hace 30 años o de 20 años", añadiendo que actualmente existen "estímulos distintos" en la juventud. En esa línea, advirtió sobre la instrumentalización de los adolescentes por parte del crimen organizado, indicando que "muchas organizaciones criminales utilizan jóvenes para delinquir con la herramienta que implicaba para ellos que un menor cometa un delito, entre por una puerta y sale automáticamente por la otra".

Al abordar el discernimiento de los jóvenes en conflicto con la ley, Vargas Aignasse aseveró que "un chico de 14 o 15 años hoy es consciente de sus actos y debe hacerse responsable por ello". Asimismo, enfatizó que las circunstancias de vulnerabilidad social no deben significar la ausencia de consecuencias jurídicas, manifestando que "eso no le puede dar impunidad para que haga lo que quiera y para que no sea responsable ante la sociedad y ante las víctimas".

No obstante, el legislador relativizó el alcance de la ley en materia de seguridad general y aclaró que "esto claramente no es un diseño de política criminal, esto para tenerlo claro". Respecto al debate en torno a los índices delictivos juveniles, afirmó que "las estadísticas dejan de ser estadísticas cuando te toca a vos, a tu hijo o a tu familia", al tiempo que cuestionó los enfoques judiciales laxos al señalar que "hay jueces garantistas o abolicionistas que no creen en la sanción como mecanismo útil para resolver conflicto".

Al analizar la aplicación práctica de la norma federal, el dirigente advirtió que la legislación "es una ley que podría haber sido mejor" y remarcó las dificultades financieras que traslada a las provincias. Sobre este punto, explicó que "el problema es que esta ley llega a las provincias sin presupuesto, sin posibilidad alguna de que las provincias que no tienen una normativa avanzada como la nuestra en materia procesal e infraestructura penitenciaria pueda implementarlo de manera inmediata". En ese contexto, apuntó contra lo que consideró posturas demagógicas al sostener que "han sancionado una ley para quedarse tal vez con la cucarda de decir 'Hemos bajado la edad de imputabilidad', pero después no están dispuestos a invertir para que ese joven pueda recuperarse. Entonces esa es la demagogia de la que estamos hablando".

En su análisis de la realidad social de los menores que ingresan al sistema penal, Vargas Aignasse profundizó sobre las desigualdades de origen y afirmó que "ese discurso es muy fácil cuando en la lotería del beneficio de cuna te tocó nacer en una familia de clase media". Contrapuso esa realidad con las vivencias en los sectores vulnerables al indicar que "ahora cuando te toca nacer en un barrio popular" la contención es muy diferente. El legislador expresó que "yo no conozco ningún niño que diga cuando tiene 5 o 6 años 'quiero ser delincuente'", graficando la postergación de muchos jóvenes al señalar que "hay chicos que nunca le han festejado un cumpleaños, que nunca le hicieron un regalo para Navidad".

Frente a este escenario, remarcó que el abordaje requiere una intervención estatal integral y sin indulgencias, sosteniendo que "ese chico que cometió un delito debe cumplir una sanción", pero añadiendo que "claramente hay que recorrer un camino para que no vuelva a delinquir". Definió la estrategia requerida al señalar que "todo ese recorrido implica inversión, decisión política, articulación legislativa y una mirada profundamente humanista en una persona que tal vez nunca ha tenido la oportunidad que han tenido la mayoría de los niños".

El parlamentario vinculó también el delito con las adicciones, precisando que "alrededor de un 90% de jóvenes que entra al mundo del delito lo hace a partir de una dependencia con las sustancias tóxicas". Por ello, insistió en que el objetivo central debe ser "poner fin a su trayectoria criminal y tratar de que egrese del sistema penitenciario de menores mucho mejor de lo que ingresó".

Finalmente, Vargas Aignasse ponderó la preparación de la provincia para aplicar la reforma, asegurando que "nosotros en Tucumán vamos a ser la primera provincia del país que va a tener la adecuación procesal, pero además el régimen de ejecución de sentencia con el lugar de alojamiento para el menor".