Ayer fueron los ingenios, hoy bajan las persianas

Hay decisiones políticas que duran un día. Y hay decisiones cuyas consecuencias pueden marcar a una provincia durante generaciones.

El 22 de agosto de 1966, la dictadura encabezada por Juan Carlos Onganía dictó el Decreto-Ley 16.926. No fue una decisión abstracta ni una simple medida administrativa: dispuso la intervención de siete ingenios azucareros tucumanos y dio comienzo a uno de los procesos económicos y sociales más traumáticos de nuestra historia.

El resultado fue devastador.

De los 27 ingenios que funcionaban en Tucumán, 11 terminaron cerrando. Miles de trabajadores perdieron su fuente laboral y el impacto se extendió inmediatamente a sus familias, a los pequeños productores, al comercio y a las localidades cuya vida económica giraba alrededor de la actividad azucarera.

Las estimaciones históricas hablan de decenas de miles de puestos de trabajo afectados y cerca de 200.000 tucumanos obligados a emigrar durante aquellos años.

Detrás de esas cifras había familias.

Familias que tuvieron que dejar su casa. Padres que perdieron su trabajo. Comerciantes que perdieron sus clientes. Pueblos que comenzaron a vaciarse.

Por eso el cierre de los ingenios no fue solamente una crisis de la industria azucarera. Fue una tragedia económica, social y demográfica para Tucumán.

Sesenta años después, sería históricamente incorrecto afirmar que estamos viviendo la misma situación. No lo estamos. No existe hoy un decreto nacional que ordene cerrar comercios o fábricas.

Pero nuestra historia nos dejó una enseñanza que no podemos ignorar: las decisiones económicas que se toman desde el poder central pueden transformar profundamente la vida de las provincias.

Hoy las políticas económicas del gobierno de Javier Milei vuelven a poner esa discusión sobre la mesa.

La caída del consumo y las dificultades que atraviesan sectores vinculados al mercado interno golpean directamente a comerciantes, pequeñas y medianas empresas, industrias y trabajadores.

Y Tucumán vuelve a sentirlo.

Recorremos nuestras ciudades y encontramos persianas bajas, locales vacíos y comerciantes que hacen enormes esfuerzos para mantenerse abiertos.

Las decisiones se toman en Buenos Aires. Las persianas bajan en Tucumán.

Cuando cierra un comercio no desaparece solamente un CUIT.

Hay una familia detrás. Hay trabajadores. Hay proveedores. Hay alquileres. Hay pequeños emprendimientos que dependen de esa actividad.

La Argentina necesita estabilidad. Necesita equilibrio fiscal y necesita terminar definitivamente con la inflación.

Pero debemos aprender de nuestra propia historia.

El equilibrio fiscal no puede convertirse en desequilibrio social.

No podemos considerar exitoso un programa económico solamente porque mejoran determinadas variables macroeconómicas si, al mismo tiempo, se deterioran el empleo, la producción y el comercio.

Tucumán sabe demasiado bien lo que significa pagar las consecuencias de decisiones económicas nacionales que no contemplan suficientemente la realidad social y productiva del interior.

Ayer fueron los ingenios. Hoy son nuestros comercios, nuestras pymes y nuestros puestos de trabajo.

No son la misma historia. Pero tienen una enseñanza común: detrás de cada decisión económica siempre hay personas.

Hace 60 años fueron trabajadores azucareros y sus familias. Hoy son comerciantes, industriales, emprendedores y trabajadores que luchan todos los días para sostener su actividad.

Por eso defendemos otra idea de desarrollo. Equilibrio fiscal, sí. Estabilidad, sí. Eficiencia del Estado, también. Pero siempre con producción, trabajo y sensibilidad social.

Porque gobernar no consiste solamente en conseguir que cierren los números. Gobernar es evitar que, para que cierren los números, tengan que cerrar las puertas quienes trabajan y producen.

*Raúl Ferrazzano es abogado y actualmente se desempeña como fiscal de Estado Adjunto de la provincia de Tucumán.