Jaldo confirmó que acatará el fallo judicial y regularizará la situación del IPLA tras 26 años de intervención

El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, ratificó en conferencia de prensa que el Poder Ejecutivo cumplirá con la resolución de la Justicia provincial que ordena poner fin a la intervención del Instituto Provincial de Lucha contra el Alcoholismo (IPLA). El mandatario subrayó su compromiso con la institucionalidad al afirmar: “Yo soy muy respetuoso de la división de poderes y, fundamentalmente, un convencido de que a los fallos judiciales hay que cumplirlos. Y este gobernador va a cumplir el fallo que ha salido de la justicia de la provincia de Tucumán”.

La decisión judicial surge de una sentencia de la Sala III de la Cámara Contencioso Administrativa, integrada por los vocales Sergio Gandur y Ebe López Piossek, quienes hicieron lugar a una acción de amparo presentada por propietarios de locales de entretenimiento y salones de fiestas. El fallo establece un plazo de 60 días para que el Gobierno cese la intervención de la dependencia, actualmente a cargo de Dante Loza, la cual se mantiene de forma ininterrumpida desde el 13 de julio de 2000.

Al respecto, Jaldo explicó que el caso ya está en manos de los asesores jurídicos del Gobierno: “Por supuesto que el fallo hoy va a Fiscalía de Estado, que es quien maneja la parte jurídica del Poder Ejecutivo, y nos va a aconsejar los trámites legales que hay que hacer, pero siempre dentro del marco de la legalidad, de las leyes vigentes y de la Constitución de la provincia”. El gobernador también enfatizó que su gestión no hace distinciones sobre el origen de las sentencias: “Pero no hay duda de que este gobernador acata a rajatabla los fallos emitidos, no solo por la justicia provincial, sino también por la justicia federal”.

En sus consideraciones, el tribunal recordó que la intervención administrativa es, por naturaleza, una medida excepcional y transitoria. Los magistrados señalaron que “la transitoriedad constituye un elemento estructural de la figura” y que, tras más de dos décadas, esta situación terminó por convertirse en un “modo ordinario de administración”, desnaturalizando el diseño legal original del organismo.

La normativa vigente del IPLA prevé una conducción mediante un Directorio colegiado, compuesto por un Presidente y dos Vocales Titulares que deben contar con el acuerdo de la Legislatura. La sentencia sostiene que la prolongación de la intervención por 26 años evidencia que una medida concebida para la normalización institucional terminó sustituyendo de manera permanente el régimen ordinario de gobierno del ente.

Pese a ordenar la regularización, los jueces rechazaron otros puntos de la demanda de los comerciantes, como la inconstitucionalidad del canon por venta de alcohol y el pedido de devolución de importes por sanciones y aranceles. El tribunal consideró que el cobro de estas tasas forma parte de las facultades del Estado en salud pública y que el amparo no es la vía para discutir reclamos patrimoniales complejos.

Finalmente, el Poder Ejecutivo deberá ahora remitir los pliegos a la Legislatura o formalizar los actos necesarios para restablecer el esquema autárquico del IPLA. Sobre los próximos pasos, Jaldo concluyó: “Vamos a escuchar o ver los dictámenes de Fiscalía y, en función de esto, vamos a actuar”.