"Máxima alerta": Alejandro Urueña revela el error digital y la trama secreta que pone en vilo a Tucumán y al mundo

El peligro no pertenece exclusivamente a China ni comienza necesariamente con una dictadura: aparece cuando un sistema reúne datos dispersos, genera una coincidencia, etiqueta, alerta, ranking o puntaje y ese resultado termina influyendo en una decisión real. En Xinjiang, Human Rights Watch documentó que la plataforma policial IJOP concentraba información sobre conductas legales y señalaba personas —principalmente uigures y otros musulmanes túrquicos— para controles o posibles detenciones. En los Países Bajos, familias fueron acusadas injustamente de fraude en prestaciones para el cuidado infantil, sufrieron recuperos económicos, deudas y pobreza; el propio Estado reconoció que ese proceso contribuyó al daño familiar. En Estados Unidos, la FTC alegó y documentó en su denuncia contra Rite Aid miles de falsas coincidencias faciales que derivaron en vigilancia, expulsiones de comercios y llamados a la policía. Son regímenes diferentes, pero el mecanismo puede repetirse: datos → perfil o alerta → decisión humana o automatizada → consecuencia.

Para un ciudadano común, esto podría dejar de ser una discusión técnica. La secuencia imaginable es sencilla: historial de navegación + compras + transferencias + ubicación + rostro + registros estatales → perfil de riesgo → decisión. Una persona busca información sobre deudas, recibe dinero de familiares y realiza una compra excepcional; si una entidad obtuviera y utilizara conjuntamente esos datos, podría interpretar el patrón como sospechoso e influir en una decisión crediticia. No se afirma que esa práctica específica esté ocurriendo ni que sea lícita. Pero el daño causado por datos incorrectos ya es real: en julio de 2026, la FTC alegó que informes elaborados por RentGrow duplicaban causas penales o procesos de desalojo y hacían aparecer a algunos solicitantes con más antecedentes de los que tenían, afectando sus posibilidades de alquilar. Un error digital puede significar que una persona no consiga vivienda, pierda una ayuda, sea investigada o deba demostrar que no es quien el sistema dice que es.

Las señales periodísticas aparecieron antes que las explicaciones oficiales. Ámbito Financiero, el 5 de junio de 2026, afirmó, sobre la base de una fuente reservada, que Peter Thiel estaría firmando contratos con el Gobierno en comunicaciones, defensa y tecnología, y que ARSAT era prioritaria para Washington. La Nación, el 9 de junio, informó que funcionarios estadounidenses visitaron Benavídez y que distintas fuentes relacionaban la visita con el posible alojamiento de servidores para CRIACO mediante sistemas ofrecidos por Palantir. Tiempo Argentino, el 11 de julio, agregó testimonios identificados de trabajadores de ARSAT y la versión de que se produjeron cinco visitas del Departamento de Estado. Son indicios relevantes, pero ninguno de esos medios exhibió hasta ahora un contrato autenticable.

La duda llegó formalmente al Congreso el 30 de junio de 2026, cuando el diputado Agustín Oscar Rossi presentó el expediente 3166-D-2026. El proyecto pregunta literalmente: “Si se suscribieron convenios, acuerdos de cooperación, cartas de intención, o cualquier otro instrumento” entre ARSAT, Estados Unidos o Palantir, y exige que se remitan las copias. También reclama información sobre los servicios ofrecidos para CRIACO, las visitas a Benavídez, las personas que ingresaron, las autoridades que permitieron esos accesos y la existencia de actas, minutas o registros audiovisuales. El proyecto no demuestra que haya un contrato: demuestra que un grupo de diputados consideró necesaria una explicación formal. 

En la información públicamente visible de compras y contrataciones de ARSAT no aparece una contratación identificada con Palantir. Esa ausencia no prueba que el acuerdo no exista: los registros de adjudicaciones disponibles no ofrecen una cobertura completa y actualizada de 2025 y 2026, y una relación tecnológica podría presentarse como memorándum (acuerdo preliminar), NDA (pacto de confidencialidad), prueba de concepto (ensayo limitado), licencia temporal o contratación por medio de un tercero. Palantir sostiene que sus plataformas incorporan permisos de acceso, cifrado y registros de auditoría; esas herramientas, sin embargo, dependen de qué bases se conecten, quién configure los permisos y qué controles externos existan. ARSAT está alcanzada por la Ley 27.275 de Acceso a la Información Pública: sus autoridades deben aclarar si Palantir o sus vinculadas ofrecieron, probaron, instalaron o negociaron tecnología, qué datos podría alcanzar, dónde serían procesados y bajo qué jurisdicción funcionarían. Hasta que eso ocurra, no puede afirmarse que exista un contrato, pero tampoco descartarse que haya pilotos, acuerdos de confidencialidad, ofrecimientos o negociaciones indirectas. Cuando un sistema puede afectar la libertad o la privacidad de una persona, el silencio ya no protege información: protege al poder de las preguntas.

*Por Alejandro Urueña: Investigando la IA, su relación con el Derecho y las actividades productivas. Profesor de Taller III en la carrera de Ingeniería en Inteligencia Artificial, Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino (UNSTA), Tucumán. Project Management I.A. Abogado. Diplomado en Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales, Universidad Austral; Diplomado en Derecho 4.0, Universidad Austral; Magister en Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales, Universidad Austral (T.P); Posgrado de Inteligencia Artificial y Derecho, I.A.L.A.B, U.B.A. Posgrado en Metaverso, U.B.A. Programa (IA) Universidad Austral. Magister en Inteligencia Artificial Centro Europeo de Posgrado. Programa MIT en desarrollo y diseño en productos y servicios en IA con Insignia de Asignación Ejemplar.  Bootcamp internacional inteligencia artificial aplicada al Derecho. Programa  MIT Machine Learning in Business. Program MIT Inteligencia Artificial Agéntica para la Transformación Empresarial. Actualmente, cursando Maestría en Ciencias de Datos, Universidad Austral.