Juego y ludopatía en Tucumán: el Arzobispo Sánchez cruzó a Carlos Cisneros por el presunto pacto con Manzur sobre las apuestas

El escenario de la controversia se inició en junio de este años en el programa El Avispero, emitido por el multimedios Enterate Play, propiedad del diputado nacional y sindicalista Carlos Cisneros. La entrevista con sus periodistas generó fuertes repercusiones por la confesión del dirigente bancario, quien admitió públicamente ser quien decide qué plataformas de apuestas operan en Tucumán, atribuyendo la limitación del mercado a un criterio político y religioso. Según Cisneros, el exgobernador Juan Manzur lo convocó para informarle que se había "comprometido con la iglesia" y que, por ese motivo, solo se autorizarían dos plataformas de apuestas deportivas (Pálpitos y TucuApuestas) para proteger a los jóvenes de la ludopatía.

En una entrevista brindada a FM La Tucumana 95.9, Carlos Sánchez fue contundente al desconocer tales gestiones acordadas con Manzur. "No sé, yo no recuerdo eso sinceramente", expresó el prelado, echando por tierra la versión del diputado. Sánchez profundizó su desmentida al señalar que, en sus más de ocho años al frente de la diócesis, nunca fue convocado para discutir el reparto de licencias: "No recuerdo de que nos hayan llamado a una reunión para ver qué empresas de juego pueden estar. Yo hace 8 años y chirola que soy obispo en Tucumán y no he recibido invitación para una reunión de esas".

La confesión de Cisneros en su propio medio de comunicación no solo reveló el mecanismo de adjudicación "a dedo" en la Caja Popular de Ahorros —organismo que controlaba a través de hombres de su confianza como el exinterventor José César Díaz—, sino que también puso el foco sobre su propio patrimonio. Según registros oficiales, el patrimonio declarado del diputado se multiplicó por doce en términos de dólares entre 2019 y 2024, alcanzando los 465.711.724 pesos.

Casi la mitad de ese patrimonio proviene de su sociedad unipersonal, Emprendimientos Argentinos SAS, creada en 2022. Lo llamativo es que esta empresa tiene la facultad estatutaria de "designar agentes y permisionarios para la comercialización de los juegos del Hipódromo de Tucumán". Es decir, mientras Cisneros admite transmitir el "criterio" para habilitar plataformas desde el Estado, mantiene una firma privada para lucrar con el mismo negocio que regula, una conducta que ha sido señalada como presunta negociación incompatible con la función pública.

Recorte del estatuto de Emprendimientos Argentinos Sociedad por Acciones Simplificada (Boletín Oficial de Tucumán número 30.289): la cláusula de designación de permisionarios del Hipódromo. 

El patrimonio no termina en Carlos Cisneros. Alcanza a sus tres hijas —titulares de la financiera Malaquita SRL y de la turística Emprendimiento Turístico SRL, con al menos seis departamentos de categoría en el barrio norte de la capital— y, junto a Juan Federico Petraglia, a quien Cisneros llama su "hijo de cariño", poseen complejo La Madrina y al restaurante Muppa Cocina Ritual en Tafí del Valle, valuados entre tres millones setecientos mil y cinco millones de dólares, sobre un enorme terreno a nombre de Petraglia, empleado de la Caja que ya acumula ocho inmuebles millonarios. Sobre las cuentas de la propia Caja, por lo demás, el Tribunal de Cuentas de la provincia dictaminó en noviembre de 2025 que la CPA, en su balance "no presenta razonablemente" la información.

La investigación sobre este esquema también alcanza al empresario Roberto Sagra, íntimo de Cisneros y controlador de operadoras como Pálpitos, NovoPlay y Brothering's. Apostar por internet, en Tucumán, es legal en dos lugares y solo en dos: Pálpitos y TucuApuestas. Se presentan como competencia. La ilusión dura hasta que se ponen las dos aplicaciones una al lado de la otra. No se parecen: son la misma. Comparten la barra de navegación y su orden, el buscador con idéntica leyenda, el mismo aviso central palabra por palabra, la misma grilla de partidos con las mismas cuotas, los mismos cuatro juegos de casino servidos por el mismo proveedor, el mismo carro de apuestas con la misma frase cuando está vacío; hasta el reloj de las dos capturas marca la misma hora. Lo único que cambia es el color —oro en una, verde en la otra—, el logotipo y qué módulos están encendidos.

La coincidencia no termina en la pantalla: termina en la licencia. Las dos páginas oficiales declaran al pie, con las mismas palabras, estar "autorizado por Caja Popular de Ahorros" bajo el mismo número de permiso, CPA-LEY8986, con la misma advertencia sobre el juego compulsivo y el mismo teléfono de ayuda. Y sus casinos cargan los mismos motores: en la sección de casino de Pálpitos, como en la de TucuApuestas, los juegos en vivo los proveen Evolution, Ezugi y Pragmatic, las mismas casas que alimentan a los casinos del mundo. Dos marcas, un permiso, un motor.

Del lado de Pálpitos, la trayectoria está escrita en el Boletín Oficial, sin necesidad de inferencias. Sagra entró al juego en 1996, a través de la firma Patan; es socio mayoritario de Maverick desde principios de los 2.000 y hoy controla el 80 por ciento; entró a Pálpitos en 2006, salió, reingresó con el 62 por ciento en 2015 y la condujo durante la última década, hasta traspasarla a sus hijos en 2026; tomó el 60 por ciento de NovoPlay en 2012 y llegó al 80 por ciento en 2021, con un objeto social que dice, sin eufemismos, "empresa operadora de la Caja Popular"; y en 2018 se quedó con el 80 por ciento de Brothering's, que hasta entonces estaba a nombre de Gustavo Adolfo Cisneros, hijo adoptivo de Roberto Sagra -hijo del primer matrimonio de su esposa-. Las cesiones recientes de Pálpitos se pactaron en dólares: ciento diez mil en 2021, treinta y dos mil y ochenta mil en 2024. Cuatro operadoras privadas, un solo dueño, todas habilitadas por la misma Caja.

Si Pálpitos es Sagra, la pregunta es quién es la "otra". Golden Game no nació para esto ni es nueva: está inscripta desde el 2 de enero de 2014, y su objeto original era operar tragamonedas como concesionaria de la propia Caja. Durante casi una década perteneció en partes iguales a José Luis San Martín y José Fernando Lozano. El 25 de agosto de 2023 los dos cedieron el ciento por ciento de la sociedad —mil cuotas— por trescientos mil pesos, unos cuatrocientos cuarenta dólares de aquel mes, a Ezio Espósito Pérez, que se quedó con el 80 por ciento y la gerencia, y a Arturo Zancarini, con el resto. En el mismo acto reescribieron el objeto para incluir el juego en línea "por cualquier medio… incluyendo internet" y estiraron la sociedad hasta 2043. Meses después, en 2024, salió TucuApuestas.

Los nombres no son casuales. San Martín venía de Brothering's, la operadora de Sagra, y figura como empleado de Pálpitos y de Alfa Mercurio, la firma de los Ale; Lozano es empleado de la propia Caja Popular; y los compradores de 2023, Espósito y Zancarini, figuran como empleados del Gobierno provincial. Y la composición volvió a moverse: por el Boletín Oficial de Tucumán número 31.188, del 27 de abril de 2026, Zancarini cedió su 20 por ciento —por cien millones de pesos— al ingeniero Maximiliano Paolini. Hoy Golden Game tiene dos socios: Espósito Pérez, con el 80 por ciento, y Paolini, con el 20. La "competencia", en síntesis, la fundó un hombre de Sagra, la sostuvo un empleado de la Caja, pasó a empleados del Estado y terminó incorporando al mismo ingeniero que ya estaba del otro lado del mostrador, en Pálpitos. No es necesario afirmar que Sagra sea el dueño de Golden Game —el 80 por ciento es de Espósito— para advertir lo que los papeles sí muestran: un círculo cerrado que se reparte un mercado de dos marcas presentado como rivalidad, donde todo es converge en Sagra, íntimo de Cisneros.

Hay un detalle geográfico que ahorra metáforas. Las dos "rivales" tienen las oficinas a media cuadra: la operadora NovoPlay, en Sáenz Peña 545; Golden Game, en el 532. Y la sede de Golden Game, en Junín al 67, queda en la misma calle donde Cisneros tiene la suya, en el 41.

Queda el eslabón que une las dos máquinas por dentro, y tiene una hoja de vida pública. Maximiliano Paolini, ingeniero, es desde hace una década el principal responsable de la informática de la universidad pública tucumana controlada por el Saabismo desde hace décadas: en 2016 la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología lo presentaba desplegando el nuevo protocolo de internet en toda la Universidad Nacional de Tucumán; en 2018, La Gaceta lo cita como "director del Centro de Tecnología de la Información de la Facet" al inaugurarse la supercomputadora universitaria, que él explicaba nodo por nodo; hoy administra ese sistema de cómputo de alto desempeño. Un experto, según el propio relato oficial.

Ese experto está de los dos lados del mostrador del juego. Paolini es socio de Pálpitos —la aplicación de Sagra—  y socio de las dos sociedades que procesan los pagos del entramado, Mis Pagos y One Bit Tech, y empleado de la firma de tecnología Smartoplay y de la unión transitoria Smartoplay-Dirac. Smartoplay tiene su propia historia registral: su 61 por ciento lo adquirieron en 2021 los tres hijos de Sagra a Tiburcio Padilla y Gonzalo Masot, por ciento veintidós mil dólares (Boletín Oficial de Tucumán número 30.124, del 16 de diciembre de 2021). Y, como acaba de mostrar el Boletín, desde abril de 2026 Paolini tiene además el 20 por ciento de Golden Game.  El mismo ingeniero que construyó la espina digital de la universidad pública aparece, a la vez, detrás de las dos plataformas de apuestas que se presentan como competidoras, en los pagos y en la tecnología bajo el control político de Cisneros.

La postura de la Iglesia frente al "flagelo" de las apuestas

Lejos de avalar acuerdos de comercialización, el arzobispo Sánchez aprovechó la consulta para sentar una posición pastoral muy crítica sobre el avance del juego en la sociedad, especialmente a través de los teléfonos celulares. "Es un casino en el bolsillo", lamentó el padre Carlitos, refiriéndose a la facilidad de acceso que tienen hoy los menores.

Sánchez comparó la ludopatía con otras adicciones graves: "Es la ludopatía, pero es también las adicciones de sustancias que perturban totalmente la psiquis humana y hasta que hacen perder justamente el dominio en sí mismo". Para el arzobispo, el motor de este negocio es "la ambición del dinero" y lo calificó como un "engaño del que después no se puede salir".

Finalmente, el arzobispo instó a fortalecer la voluntad y la educación familiar para combatir lo que considera una forma de esclavitud moderna. "Tenemos que trabajar en la voluntad de que cada uno diga: 'esto no porque todas estas cosas nos hacen esclavos'". En este sentido, reclamó un Estado presente que promueva la ley contra la ludopatía sancionada hace dos años en Tucumán pero aún no promulgada, comparando esta urgencia con la lucha contra el narcotráfico.

Vale señalar que el Arzobispado de Tucumán y Carlos Cisneros comparten abogado: Juan Andrés Robles. El hombre que representó al Arzobispado en la causa del sacerdote denunciado por abuso sexual es abogado defensor personal del zar bancario en la causa federal donde es investigado por trata de personas.

Robles también patrocinó legalmente a Federico Petraglia en su demanda de $55 millones contra eltucumano.com, fue apoderado de la Caja Popular de Ahorros de Tucumán en su demanda contra este medio, comparte domicilio profesional con la abogada Patricia Neme -quien gozaba de licencia psiquiátrica en la Caja Popular y seguía cobrando alrededor de $7 millones mensuales mientras trabajada como abogada de La Bancaria- en General Paz 576, donde funcionaban las oficinas de Enterate, propiedad de Cisneros. Robles también formó parte del equipo de abogados de La Bancaria que dejó sola a Lourdes Parache cuando colapsó el operativo judicial del cisnerismo.