"Valijazo": en el Macro Tucumán "nadie" sabe quién retiró en efectivo más de $21.000 millones de cuentas de la Caja Popular

"Estamos cumpliendo los estándares que exige la legislación vigente y los organismos de control como la Unidad de Información Financiera"

Antonio "Tony" Bustamante, subinterventor de la Caja Popular de Ahorros · 1 de junio de 2026

Catorce días antes de estas declaraciones de la conducción de la Caja Popular de Ahorros de Tucumán, el 18 de mayo pasado, el Banco Central de la República Argentina ya había disparado contra la Caja Popular de Ahorros de Tucumán —a través del Banco Macro, agente financiero de la provincia— un requerimiento formal AntiLavado que dice exactamente lo contrario. Bajo el Legajo 9492, se le exige a la Caja justificar, uno por uno, los retiros en efectivo por ventanilla de sus cuentas entre abril de 2025 y marzo de 2026: en total, $21.105.019.379,18. Le reclaman el nombre o la razón social de cada beneficiario, su clave tributaria, el motivo de cada pago y la documentación que lo respalde. A la fecha de la intimación, no consta quién se llevó ese dinero.

Facsímil del requerimiento del Banco Macro a la Caja Popular, con el sello de recepción "Leg. 9492 · 18-05-26 · 12:00". Fuente: documento aportado a la investigación.Así cayó el protocolo antilavado sobre la Caja

El requerimiento Anti Lavado tiene fecha, hora y firma. Lo cursó el Banco Macro —por pedido expreso del Banco Central— el 18 de mayo de 2026, por su Gerente Divisional, Fernando Ariel Tabora; lo recibió y selló la Secretaría Privada de la Intervención ese mismo día, a las doce del mediodía, bajo el Legajo 9492; y está dirigido al actual interventor, Guillermo Norry. El banco no pide un resumen de gestión ni una explicación general: exige el detalle —beneficiario por beneficiario, trimestre por trimestre— de cada extracción de efectivo. Y una precisión que importa: el documento no acusa a nadie ni nombra a ningún beneficiario; es, justamente, lo que le reclama a la Caja que aporte.

"Nos dirigimos a Usted de acuerdo a lo establecido por la Resolución N° 14/2023 artículo 38 inciso d) y modificatorias, emitida por la Unidad de Información Financiera, donde se impone a las entidades financieras la obligación de monitorear el destino de los fondos públicos administrados por los distintos Organismos nacionales, provinciales o municipales. […] le solicitamos tenga a bien informar el nombre/razón social y CUIL/CUIT de los beneficiarios de los pagos, así como el motivo del pago en efectivo y la documentación de respaldo de dichos pagos "— Requerimiento del Banco Macro (por pedido del Banco Central) a la Caja Popular de Ahorros · 18 de mayo de 2026 · Legajo 9492 · firma de Fernando Ariel Tabora, Gerente Divisional

El tono de la carta es procedimental —el Macro ofrece incluso "brindar asesoramiento"—, pero la obligación no es optativa. Y la norma que ordena el monitoreo no es un tecnicismo genérico: parece escrita para este caso. El artículo 38, inciso d), de la Resolución 14/2023 de la Unidad de Información Financiera es todavía más preciso que la carta:

"Los organismos nacionales, provinciales, municipales, entes autárquicos y toda otra persona jurídica de carácter público, no se encuentran exentos del monitoreo por parte del Sujeto Obligado, el cual se realizará en función del riesgo que éstos y sus operaciones presenten, con foco especial en el destino de los fondos. En tal sentido, se deberá prestar especial atención a aquellas operaciones cuyo destinatario no sea también un Organismo o Ente de carácter público, o impliquen retiros de dinero en efectivo significativos o que los retiros se efectúen de manera fraccionada con el aparente propósito de evitar los controles de monitoreo y/o alerta."— Resolución 14/2023 de la UIF · artículo 38, inciso d)

La Caja Popular toca los tres focos a la vez: es un organismo público que no está exento, sus retiros de efectivo son significativos, y el destino de esos fondos es, precisamente, lo que el banco no puede establecer. Conviene entender la mecánica. El Banco Macro es un "sujeto obligado": la ley antilavado lo compele a monitorear a sus clientes bajo apercibimiento de sanción de la propia UIF, de modo que el requerimiento no es una gestión discrecional ni un gesto de celo, sino un acto debido. Y el paso siguiente que la ley le impone, si la Caja no justifica, tiene nombre: el Reporte de Operación Sospechosa. La Caja está hoy, exactamente, en la antesala de ese reporte.

La conducción de la Caja hizo propaganda AntiLavado después de ser intimada a explicar el retiro de $21.000.000.000 en efectivo del Banco Macro

Mientras puertas adentro el Banco Macro le exigía los nombres por imperio de la ley antilavado, puertas afuera la Caja Popular montaba la escena contraria. El 1 de junio de 2026 —catorce días después del sello del legajo 9492— la Secretaría de Comunicación Pública del Gobierno de Tucumán difundió que la entidad había "reforzado la prevención del lavado de activos" con su capacitación anual obligatoria. Contrastando la declamación de Bustamante con el requerimiento del Banco Central por sospecha de Lavado, cada frase de esa gacetilla se lee al revés de lo que pretende:

• El subinterventor Antonio Bustamante se jactó de contar con "un oficial de cumplimiento que supervisa la aplicación de las normas". Pero el requerimiento del banco prueba que más de $21.105 millones salieron en efectivo sin beneficiario trazado, sin que ese control lo advirtiera ni lo impidiera.
• Bustamante invocó una inspección de la UIF del año anterior con evaluación "satisfactoria". La citó en presente, mientras la Caja estaba, en ese mismo momento, bajo la amenaza del Reporte de Operación Sospechosa por imperio de esa misma normativa antilavado.
• La capacitación —dictada por el penalista Sebastián Martinenco— puso el eje en el narcotráfico que intenta infiltrar dinero desde afuera. El requerimiento del banco apuntaba en la dirección exactamente inversa: hacia adentro, a quién retiraba el efectivo de la propia Caja.

Y hay un silencio que cierra la escena montada: el comunicado oficial no menciona, ni una sola vez, el requerimiento que dos semanas antes había intimado a la entidad. Para este medio, esa gacetilla de prensa es un instrumento de propaganda que no describe la situación de la Caja: es una fachada de transparencia montada con recursos del Estado —un aparato de control exhibido para la tribuna y que subestima a la prensa y al pueblo tucumano —.

"EN EL BANCO. Los fajos con billetes serán llevados en valijas a la Legislatura": la foto que Bancarios le aportaron a La gaceta. .  

El efectivo de la Caja que se llevaron en valijas, trimestre por trimestre

Los números que el banco Macro puso sobre la mesa, trimestre por trimestre, son estos:

• Abril–junio de 2025: $8.730.677.349,67 —el pico, casi 96 millones de pesos por día—.
• Julio–septiembre de 2025: $1.734.767.423,55 — casi cinco veces menos que el trimestre anterior—.
• Octubre–diciembre de 2025: $6.908.431.025,08 —el efectivo vuelve a dispararse—.
• Enero–marzo de 2026: $3.731.143.580,88. - durante la actual gestión del Jaldismo black

En total, $21.105.019.379,18 millones de pesos en doce meses —equivalente a unos USD 17.000.000 al tipo de cambio de cada trimestre—: un promedio cercano a los $58.000.000 por día. Ese valle del segundo trimestre es la pregunta que el propio requerimiento invita a mirar: un descenso tan abrupto en medio de la corriente puede ser un cambio de modalidad, un período de menor actividad o un dato incompleto; en cualquier caso, no es un detalle menor.

Un dato precisa a quién apunta ese año de efectivo. Los tres primeros trimestres —más de $17.370 millones, el 82 por ciento del total— transcurrieron íntegramente bajo la gestión cisnerista de José Díaz. El cuarto, en cambio, está partido por el recambio de autoridades: el 23 de enero de 2026 el gobernador Osvaldo Jaldo desplazó a Díaz y puso al frente a la actual intervención de Guillermo Norry y Antonio Bustamante. De modo que el período que el requerimiento manda justificar no termina con el cisnerismo: se interna en las primeras semanas de la nueva conducción, a la que está dirigido el requerimiento. Cuánto de esos $3.731 millones de enero a marzo salió antes y cuánto después del 23 de enero es, también, parte de lo que la Caja deberá desglosar. Por eso el requerimiento no interpela sólo al pasado: está dirigido a Guillermo Norry, el interventor actual, que deberá responder por un año mayormente heredado pero que se cierra bajo su propia gestión. El período auditado atraviesa el recambio, y eso deja una constancia incómoda para los dos lados de la interna peronista: el problema no es de un color político; es de la Caja como institución.

Corresponde marcar el límite de lo que este documento prueba: acredita que la Caja retiró en billetes más de $21.105 millones y que el banco le exigió justificarlos bajo la ley antilavado; no prueba el destino de los fondos ni la comisión de delito alguno, algo que sólo pueden determinar la UIF y los jueces. Pero el sentido del efectivo es inequívoco: a diferencia de la transferencia o el cheque, rompe la trazabilidad, y que el banco deba reclamar beneficiario por beneficiario significa que, a la fecha de la intimación, no consta quién se llevó ese dinero público.

El "valijazo" de 2015 y las dos décadas de guerra por la Caja

Nada de esto es nuevo del todo. El 1 de noviembre de 2015, La Gaceta publicó la investigación que bautizó el "valijazo": los dos fotógrafos que apostó La Gaceta - Inés quinteros Orio y Jorge Olmos Sgrosso) lograron registrar a un empleado de la Tesorería de la Legislatura retirando efectivo del entonces Banco Tucumán–Grupo Macro y cargándolo, en valijas y mochilas, en una camioneta Toyota Hilux registrada a nombre de la propia Cámara.

La tesis del diario no era penal, era visual: mostró que los retiros crecían al ritmo del calendario electoral —$47,8 millones en junio, $53 millones en julio y unos $91,7 millones en agosto, mes de las PASO— y que salían de la partida de "gastos sociales", un fondo discrecional y de rendición secreta que ese año se había triplicado hasta los $505,6 millones (unos USD 55 millones al dólar oficial de entonces, a $9,20). Nunca se supo quién recibía el dinero. La causa, en el fuero provincial, terminó con el sobreseimiento de 56 funcionarios —entre ellos Manzur y José Alperovich— dictado por el juez Facundo Maggio y confirmado por el camarista Eudoro Albo, después de que los fiscales Washington Navarro Dávila y Claudio Bonari no encontraran delito.

Pero hay algo que el paralelo con 2015 no termina de mostrar: por qué la Caja es un objeto de esta magnitud. Durante dos décadas fue un botín en disputa dentro del peronismo, peleado a los golpes. Carlos Cisneros la presidió desde 1995 y autorizó desde allí las máquinas del negocio; en 2003, apenas asumido, José Alperovich intervino la entidad, lo desplazó y colocó al frente a Armando "Cacho" Cortalezzi —a quien la investigación de este medio vinculó luego con el clan Ale—. La pelea fue larga y violenta: dejó una represión con veintidós heridos por perdigones en marzo de 2013, treinta y seis despidos, paros nacionales de La Bancaria y una sanción del Ministerio de Trabajo de la Nación al gobierno provincial. Recién entre 2017 y 2019 el cisnerismo recuperó el organismo —primero con Eduardo Jairala, después con José César Díaz—, y con Díaz lo condujo hasta que Osvaldo Jaldo cerró el ciclo el 23 de enero de 2026.

Diez años después del "Valijazo" de La Gaceta, la matriz reaparece, pero con tres diferencias que la vuelven más grave. La primera es qué dinero es: en las valijas de 2015 y en los municipios de 2024 se discutían partidas presupuestarias; en la Caja, el dinero es esa recaudación del juego que se peleó a los golpes —un organismo público explotado por una estructura privada, el nexo que la ley antilavado vigila—. La segunda es que no es una vía sola: por primera vez convergen sobre la misma caja el auditor del Estado, el banco obligado por la UIF y una fiscalía con la contabilidad secuestrada. La tercera es cuál fuero se mueve: los dos antecedentes murieron en el fuero que los tocó —el provincial en las valijas, el federal en los municipios—; en la Caja, el que avanza es el provincial, mientras el federal es el que archivó lo comparable.

Síntesis de este medio, a partir de la cobertura de La Gaceta (2015) y de la documentación de esta serie.

En 2015 y en 2025 los billetes se llevaron el rastro, y ninguna causa llegó a condena. Esta vez el rastro quedó escrito: un artículo de la ley antilavado que obliga a explicar y un sello de recepción con fecha, el del 18 de mayo de 2026, que ya no se puede desandar. Lo que la Caja responda —o calle— será el próximo capítulo.

¿Investigar o archivar? La asimetría de fueros

El mecanismo por el que hoy la Caja está bajo la lupa —la alerta bancaria por imperio de la UIF— es exactamente el que, meses atrás, terminó en archivo. A fines de 2024, la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos, a cargo de Diego Velasco, denunció a ocho municipios del norte que habían extraído $39.487 millones en efectivo por "cheque por ventanilla", con la hipótesis de que esos fondos financiaron campañas en el año electoral 2023. El fiscal federal Rafael Vehils Ruiz habló de "displicencia" y de "manejo arbitrario", pero concluyó que no había delito; el juez subrogante Guillermo Díaz Martínez archivó la causa el 20 de noviembre de 2025 —una resolución que se conoció recién en abril de 2026, cuando el hoy ministro del Interior, Darío Monteros, la celebró—. La defensa que el fuero aceptó fue esa misma frase: "personal no bancarizado".

Este medio ya expuso las dos caras del fuero federal tucumano: la doble vara del juez José Manuel Díaz Vélez —prisión por 28 plantas de marihuana y, al mismo tiempo, sobreseimiento para un imputado con 162 plantas, 400 tabletas de marihuana comprimidas, prensa hidráulica y casi medio kilo de droga—, y el pacto entre dos jueces federales que se nombraron los hijos para eludir la prohibición legal.

Hay, sin embargo, un dato que impide cerrar la historia con el pesimismo del archivo: donde el fuero federal desactiva investigaciones, el fuero provincial se mueve: La causa provincial contra Díaz por el abuso de autoridad de su doble cargo (S-048030/2024) avanza con toda la contabilidad en la mano: el 23 de junio, la fiscal Marta Mariana Rivadeneira le pidió al Tribunal de Cuentas el expediente de la designación, y el organismo no sólo se lo entregó —adjuntó los cinco ejercicios contables de la Caja—. Eso le quitó a la instrucción el obstáculo más frecuente de estas causas —la falta de documentación— y le dejó la base contable completa. La evidencia de la matriz cisnerista financiera en sede judicial.

Oficios cruzados del 23 de junio de 2026 entre la fiscal Marta Mariana Rivadeneira y el Tribunal de Cuentas, con la remisión de los cinco ejercicios contables. Expediente de la causa S-048030/2024.

Los retiros no pueden ser sueldos: la defensa que la Caja no puede alegar

La objeción es evidente: ¿y si esos billetes son sueldos, pagos a proveedores, gasto corriente? Es, exactamente, la defensa que meses atrás funcionó en el fuero federal. Cuando la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos denunció a ocho municipios del norte por $39.487 millones extraídos "por ventanilla", el entonces intendente de Banda del Río Salí y hoy ministro del Interior, Darío Monteros, lo explicó así:

"Es normal en los municipios retirar fondos para abonar obligaciones que no están bancarizadas."— Darío Monteros, ministro del Interior de Tucumán

El fuero le dio la razón y archivó. Pero esa defensa presupone un pagador de poca sofisticación: una comuna rural que abona a jornaleros informales, ayudas sociales o medicamentos en efectivo porque no tiene otro canal. La Caja Popular es lo contrario, y hay razones concretas por las que no puede ampararse en ese argumento:

• El sueldo se acredita, no se saca en efectivo por ventanilla. El artículo 26 de la misma Resolución 14/2023 trata como canal de bajo riesgo la "acreditación de remuneraciones" —depositar el sueldo en la cuenta de cada trabajador— justamente porque deja rastro completo: una cuenta, un CUIL, un titular por cada pago. Y, como regla, la Ley de Contrato de Trabajo obliga a pagar los sueldos por acreditación en cuenta. Una extracción masiva de billetes "para sueldos" es, en sí misma, la operación inversa.
• El personal de la Caja está bancarizado. No es un municipio rural con trabajadores informales: es una entidad financiera urbana de la capital. Sus gerentes y empleados tienen cuenta. No hay "no bancarizados" que expliquen pagar en efectivo.
• No es un organismo de poca inteligencia contable. Al revés: su propio comunicado del 1 de junio se jacta de tener un oficial de cumplimiento y de haber aprobado una inspección presencial de la UIF; y, como entidad de ahorro, juego, seguros, tarjetas y fideicomisos, está obligada por ley a la contabilidad más fina que existe. Su negocio es, literalmente, seguirle el rastro a cada peso. De ahí la tenaza: o la Caja sabe con exactitud quién recibió los $21.105 millones —y puede responder en un día—, o el aparato de cumplimiento que exhibe es una fachada. No le queda la excusa de la oficina humilde que "no lleva registro".
• La volatilidad no es de nómina. Una masa salarial es estable mes a mes, con picos previsibles de aguinaldo. Esta serie salta cinco veces de un trimestre a otro. Aun concediendo el aguinaldo, un sueldo no se desploma a un quinto y rebota. Es un indicio, no una prueba; pero apunta en contra de la explicación salarial.

Queda un dato que terminará de despejarlo, y es obtenible: la planta de personal de la Caja y su masa salarial anual. Si la nómina total es una fracción de los $21.105 millones —como todo indica—, la defensa de que "eran sueldos" no resiste la aritmética. Este medio se propone documentarlo.

"A Díaz lo recomendé yo": la confesión y la designación

Para entender por qué el nombre de José César Díaz está en el centro de la causa penal provincial, conviene empezar por una fecha y una voz. La fecha: el 29 de octubre de 2019, cuando Díaz asumió como interventor de la Caja Popular por el Decreto N° 50/3 (Ministerio de Economía) —el día bisagra entre el primer y el segundo mandato de Juan Manzur—, e inició una gestión que se extendería, sin pausa, hasta enero de 2026. La voz: la de Carlos Cisneros, el 15 de junio de 2026, al aire en el programa El Avispero. Esa tarde encadenó tres admisiones —que lo había convocado el exgobernador Manzur, que él mismo había recomendado al interventor de la Caja y que había negado personalmente la solicitud de la plataforma de un competidor—, y una de ellas quedó como prueba:

"…a Díaz lo recomendé yo…"— Carlos Cisneros · El Avispero, 15/06/2026 · minuto 1:03:45–1:05:12

No es un organigrama: es el propio Cisneros describiendo, con su voz, quién ponía a sus hombres al frente del negocio y quién tenía poder de veto sobre él.

La permanencia de Díaz tuvo, además, un blindaje con forma administrativa. El 9 de marzo de 2023, ya de regreso en la gobernación, Manzur firmó una nota que instruía al entonces subinterventor de la Caja, Hugo Guillermo Ledesma —cuñado de Cisneros, hoy legislador—, a proceder con un nombramiento, salteando al interventor titular. El 21 de junio de 2023, Ledesma firmó la Resolución N° 494/23 y designó a su propio jefe, Díaz, en un cargo de planta permanente de altísima jerarquía —Subgerente General Adscripto, Nivel 3—, con una "licencia política" simultánea para que pudiera seguir siendo interventor. El Tribunal de Cuentas, en su Acuerdo N° 1348 del 29 de abril de 2026, declaró la nulidad absoluta del nombramiento, lo calificó de "desviación de poder" y derivó las actuaciones al Ministerio Público Fiscal por abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público; el 19 de mayo de 2026, la actual intervención de Guillermo Norry ejecutó esa nulidad mediante la Resolución N° 339/26.

El eje de la maniobra es el artículo 9° de la Constitución de Tucumán, que prohíbe acumular dos cargos a sueldo y hace vacar el primero al aceptarse el segundo: para el Tribunal de Cuentas, Díaz había dejado de ser legalmente interventor desde aquel 21 de junio de 2023, pero siguió firmando y manejando fondos como "funcionario de hecho" hasta el 22 de enero de 2026. Percibió en paralelo la dieta de interventor y el salario de planta durante treinta y un meses; sobre los niveles salariales de la propia Caja —el haber inicial del cargo se fijó en $11.521.343,29 mensuales en 2023—, esta serie estima el perjuicio en torno a los 700 millones de pesos, cifra que la comprobación sumaria abierta por el Tribunal deberá determinar con exactitud.

Esa maniobra es la que hoy investiga la fiscal Marta Mariana Rivadeneira, bajo la carátula de abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público —artículo 248 del Código Penal—, en la causa S-048030/2024, todavía en etapa de instrucción: la eventual responsabilidad penal de Díaz no está determinada. Es un carril distinto —provincial— de las causas federales por trata y por lavado que rodean a Cisneros; y este José César Díaz, exinterventor, no debe confundirse con los jueces federales de apellido parecido que intervienen en otros tramos de esta serie.

La alarma bancaria no llegó a un terreno virgen: llegó al final de una historia de advertencias desoídas. Ya en 2003, el contador Luis Antonio Godoy —auditor externo de la Caja desde 2002 y durante unos quince años— firmó una Carta de Recomendaciones sobre Controles con cuentas contables sin conciliar y saldos cuyo origen la propia entidad no podía precisar. Ese mismo auditor advirtió por escrito, además, sobre riesgos de lavado de activos; dos décadas después, no hay respuesta pública documentada. En 2017 no pudo emitir una opinión limpia y debió limitarse a una "revisión limitada". El propio Banco Central, por su parte, en el sumario N° 1558, desnudó una falencia contable estructural: la Caja no diferenciaba sus recursos propios de los depósitos que captaba del público.

En septiembre de 2024, por el Acuerdo N° 4084, el Tribunal de Cuentas dictaminó que el estado de ejecución presupuestaria de la Caja "no presenta razonablemente la información" al 31 de diciembre de 2023. Y en noviembre de 2025, el Acuerdo N° 5183 fue categórico sobre los estados financieros, cifró en unos $3.381 millones la deuda con el Sistema Provincial de Salud entre 2020 y 2023 e impulsó una denuncia penal (la reconstrucción de estos treinta años, en esta nota de la serie).

Son esos mismos balances —los cinco ejercicios que van de 2018-2019 a 2022-2023— los que el Tribunal remitió el 23 de junio a la fiscal Rivadeneira, cuando ésta le pidió el expediente de la designación de Díaz. El órgano de control no sólo entregó ese expediente: adjuntó, además, toda la contabilidad reciente de la Caja.

Treinta años, USD 9.547 millones del Juego y el saqueo de la salud pública

La dimensión de lo que está en juego excede el año que audita el Banco Macro. La reconstrucción documental de este medio, a partir de balances internos y registros públicos, cifra en unos USD 9.547 millones lo movilizado por el monopolio del juego en tres décadas. La serie que puede documentarse año por año lo ilustra: la Caja declaraba del orden de USD 250 a 290 millones anuales entre 1999 y 2001 —cuando un peso equivalía a un dólar—; para 2017, su último balance disponible marcaba ingresos por unos USD 400 millones. Hoy, las tres operadoras del núcleo —Novo Play, Brothering's y Pálpitos— facturan en conjunto cerca de $47.000 millones al año, y las apps de la Caja —Pálpitos y TucuApuestas— moverían, según la participación de Tucumán en el mercado online argentino, entre USD 55 y 110 millones anuales sólo en el canal digital.

El contraste más duro no es financiero, es sanitario. La Carta Orgánica de la Caja —la Ley N° 5.115, en sus artículos 21 y 21 bis— obliga a destinar al sistema de salud el 25 por ciento del resultado bruto del juego, más una suma fija mensual; los balances internos muestran que el Sistema Provincial de Salud recibió, en promedio, entre el 2 y el 3 por ciento. Proyectada sobre treinta años, la diferencia que este medio expone como potencial desvío supera los USD 2.100 millones: si la ley se hubiera cumplido, la salud pública debía recibir alrededor de USD 2.387 millones; percibió cerca de USD 286 millones. Ocurrió en una provincia donde la desnutrición infantil fue noticia mundial. En el mismo período, según su declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción, el patrimonio de Carlos Cisneros creció —ya descontada la inflación— unas siete veces y media entre fines de 2019 y fines de 2024 (de $2.266.226 a $465.711.724 nominales); medido en dólares al cambio oficial de cada declaración, unas doce veces (de unos USD 37.800 a unos USD 450.000). Recién ahora el Estado intenta recuperar algo: el 9 de junio de 2026, el gobernador Osvaldo Jaldo firmó el Decreto N° 1.142 para reclamar al menos $200 millones de esa deuda sanitaria histórica (la cobertura del decreto, acá).

En Tafí del Valle en Febrero de este año: El interventor de la Caja Guillermo Norry, con la camiseta de La Bancaria, escucha a Carlos Cisneros. 

*Cómo se midieron las cifras: Las cifras del efectivo son las del propio requerimiento (Banco Central, cursado por el Banco Macro) y se reproducen completas, al peso. Las conversiones a dólares se hacen al tipo de cambio oficial vigente en la fecha de cada operación (nunca a un promedio anual ni a una fecha distinta): el efectivo retirado, al cambio de cada trimestre; el patrimonio, al cambio oficial de cada declaración jurada. Los valores reales —"ya descontada la inflación"— se ajustan por el IPC nacional del INDEC. La proyección de los USD 9.547 millones en treinta años, la del potencial desvío de más de USD 2.100 millones a la salud pública y la estimación del perjuicio por el doble cargo de Díaz (unos $700 millones) son reconstrucciones de este medio a partir de balances internos y registros públicos, y se presentan como lectura, no como hecho probado: el destino de los fondos y la eventual comisión de delito sólo pueden determinarlos la UIF y los jueces.

Derecho a réplicaConsultado por las cifras del Tribunal de Cuentas, José César Díaz las rechazó públicamente (La Gaceta, 17 de noviembre de 2025): objetó el cálculo sobre la recaudación bruta, sostuvo que los aportes a la salud eran anuales y de caudal oscilante, y denunció haber sido objeto de más de setenta sumarios. La Caja Popular y sus autoridades pueden ejercer su derecho a réplica ante este medio; sus respuestas se publicarán con el mismo relieve que esta nota. Su descargo completo, acá.

Seguí la serie

→ Turbio monopolio del juego en Tucumán: 9.500 millones de dólares en 30 años de manejo cisnerista sobre la Caja Popular

→ Jaldo destina al SIPROSA 200 millones que el cisnerismo había encanutado en la Caja Popular

→ Una semana de encubrimiento: el doble sueldo "fantasma" de José Díaz que costó 700 millones a la Caja Popular

→ La herencia cisnerista: anulan contratos con un estudio contable por una auditoría que quedaba "en familia"

→ La doble cara del juez federal Díaz Vélez

Fuentes

Requerimiento del Banco Central de la República Argentina, cursado por el Banco Macro, a la Caja Popular (18/05/2026, Legajo 9492). Resolución 14/2023 de la UIF (Boletín Oficial, 02/02/2023), artículos 26 y 38. Acuerdos del Tribunal de Cuentas N° 4084 (2024), N° 5183 (2025) y N° 1348 (2026); Resoluciones N° 494/23 y N° 339/26 de la Caja Popular. Ley N° 5.115 (Carta Orgánica de la Caja Popular de Ahorros), artículos 21 y 21 bis; sumario N° 1558 del Banco Central. Causa provincial S-048030/2024 (fiscal Marta Mariana Rivadeneira). Declaración jurada de Carlos Cisneros ante la Oficina Anticorrupción. Programa El Avispero (Enterate Play 90.5 / TDA 26.2), emisión del 15/06/2026.

Enlaces de apoyo verificados:

· Secretaría de Comunicación del Gobierno de Tucumán (01/06/2026) — la Caja admite estar bajo control antilavado.

· Tendencia de Noticias (16/11/2025) — términos del Acuerdo N° 5183.

· Tendencia de Noticias (03/2026) — archivo de la causa de los municipios ("displicencia, pero no delito").

· La Gaceta (17/11/2025) — descargo de José César Díaz.