Crisis en la UNT: denuncian que un juez ignoró a la Cámara Federal para beneficiar a Sergio Pagani

Las intenciones del saabismo por mantener el control y el poder  de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) derivó en una crisis de gravedad institucional que trasciende las fronteras académicas para instalarse en el corazón del Poder Judicial Federal. 

El pasado jueves, los doctores Miguel Ángel Cabrera y Virginia Sara Luz Abdala, candidatos a rector y vicerrectora, presentaron un recurso de apelación y de nulidad contra la sentencia dictada el pasado 27 de mayo, alegando que el juez de grado incurrió en un acto de "prestidigitación" jurídica "para favorecer la postulación del ingeniero Sergio Pagani".

El escrito, de 58 páginas, sostiene que el juez de primera instancia, Guillermo Díaz Martínez, se alzó en una suerte de "rebeldía" impropia de su función al desconocer la jerarquía de sus superiores. Según los demandantes, la Cámara Federal de Apelaciones ya había dictado una sentencia definitiva el 15 de mayo de 2026, validando la vía procesal de la acción declarativa de certeza y otorgando una medida cautelar para suspender la oficialización de fórmulas que pretendieran un tercer mandato consecutivo. Sin embargo, al recibir el expediente para resolver el fondo de la cuestión, el juez de grado utilizó argumentos del voto minoritario de la Cámara para volver a rechazar la acción, violando así la preclusión y la cosa juzgada formal.

Para la defensa de Cabrera y Abdala, esta maniobra representa una "insubordinación orgánica" que subvierte el orden jerárquico del Poder Judicial establecido en la Constitución Nacional. El recurso señala que el magistrado actuó "de facto y sin jurisdicción", convirtiéndose en una especie de "sexto vocal" con poder para destruir una resolución tomada por una mayoría de cuatro miembros del tribunal superior. Esta actitud, según el texto, genera un estado de total incertidumbre donde los ciudadanos ya no saben quién tiene "la última palabra judicial" en la provincia.

Miguel Ángel Cabrera y Virginia Abdala y una apuesta por la legalidad en la Universidad Nacional de Tucumán.-

El eje central del conflicto es la candidatura de Sergio Pagani, la cual es calificada en la presentación como parte de un "plan deliberado, secuencial y sistemático de violación del Estatuto". Los apelantes subrayan que los artículos 17 y 190 del nuevo Estatuto de la UNT prohíben de forma taxativa un tercer mandato, una decisión que fue respaldada por la Asamblea Universitaria con 79 votos a favor y solo 34 en contra. El escrito recuerda incluso que el propio Pagani había reconocido públicamente que su ciclo culminaba en 2026, antes de su "llamativo cambio de interpretación" a comienzos de este año.

Ante lo que consideran una denegación de justicia, los recurrentes han solicitado que la Cámara Federal asuma la "jurisdicción positiva directa". Esto implicaría que el tribunal de alzada no devuelva el caso a la primera instancia, sino que dicte una sentencia sustitutiva que declare formalmente la inconstitucionalidad de la inscripción de Pagani para las elecciones de este año. El documento concluye advirtiendo que permitir esta "insubordinación" del juez inferior sentaría un precedente nefasto que pone en riesgo la seguridad jurídica y los principios republicanos de alternancia en el poder.

Mientras los plazos procesales se agotan, el saabismo universitario intenta instalar una versión de los hechos que contradice el expediente. Fernando Valdez, presidente de la Junta Electoral que responde a José Hugo "El Gordo" Saab, sostuvo ante La Gaceta que "el proceso electoral fue aplazado por una decisión judicial de no innovar que suspendió provisoriamente a una de las fórmulas". Sin embargo, la cautelar del 15 de mayo a la que alude solo prohibía oficializar candidatos que ya cumplieron dos mandatos consecutivos —afectando únicamente a la fórmula Pagani-Leal—, sin mencionar en ningún momento la suspensión del cronograma general.

A pesar de la evidencia documental, Valdez insiste en su interpretación: "Esa cautelar sigue vigente porque la cuestión de fondo aún no fue resuelta", afirmó, a la vez que negó cualquier posibilidad de salida inmediata al conflicto. Sobre la pretensión de los decanos opositores, Miguel Ángel Cabrera y Virginia Abdala, de ser proclamados automáticamente, Valdez fue tajante: "No corresponde una proclamación automática. Hay dos fórmulas oficializadas y la discusión judicial está centrada en uno de los integrantes de una de ellas".

El clima de tensión institucional escaló tras el vencimiento del mandato de Sergio Pagani el pasado 28 de mayo. Saab, secretario general de la UNT y operador histórico del rectorado, intentó bajarle el tono a la crisis en una entrevista televisiva: "Quedensé tranquilos que la universidad es una institución muy generosa para con toda la comunidad universitaria y para la sociedad en su conjunto, y que vamos a seguir trabajando para que siga siendo igual". Saab incluso minimizó la acefalía transitoria señalando que "no hay una jura el 28. El 28 es un acto protocolar que, por supuesto, está suspendido porque la asamblea ha sido trasladada por lo menos hasta el 10 de junio".

La estrategia del oficialismo saabista parece apostar al desgaste temporal. El propio Valdez admitió que la resolución definitiva podría demorar meses: "La cautelar tiene una vigencia de tres meses desde su dictado, el 15 de mayo. Si no hay una resolución antes, estamos hablando de que la definición podría trasladarse al segundo semestre". Esta "doctrina Valdez" se complementa con la idea de que el oficialismo puede cambiar de nombres si la Justicia ratifica la inhabilitación de Pagani: "Las fórmulas son binominales. Si hubiera una resolución adversa sobre uno de los candidatos, la fórmula podría recomponerse. Los plazos para hacerlo no están vencidos".