174 departamentos: los abogados de Cisneros que patrocinan a sobrinos de Alperovich perdieron cuantiosa demanda civil

El juez Federico Moeykens resolvió el sobreseimiento de Naum Noé Sergio Alperovich, Daniel Pablo Alperovich y Raúl Fernando Estofan, cerrando definitivamente una investigación penal por presuntas estafas y administración fraudulenta que pretendía cuestionar la propiedad de una millonaria cantidad de inmuebles. La derrota no solo afecta a los denunciantes, sino que expone la cuestionada trayectoria de su defensa técnica, encabezada por Patricia Neme, la abogada estrechamente vinculada al diputado nacional y jefe de La Bancaria, Carlos Cisneros, a quien el condenado exgobernador José Alperovich, había acusado de ser el promotor de su denuncia por abuso sexual. 

El caso tuvo su origen en una denuncia presentada el 30 de octubre de 2023 por Maximiliano, Martín y Marcela Mileguir, hijos de Leonor Alperovich y sobrinos del exmandatario. La querella, bajo el patrocinio de Neme y Francisco Venditti, sostenía que los acusados habían fraguado documentación societaria —específicamente la firma de Marta León, abuela de los denunciantes— para apropiarse de un importante parque inmobiliario. A pesar de que la acusación original mencionaba 76 departamentos, el conflicto escaló rápidamente en el debate público y judicial como una disputa por el control de una estructura que involucra hasta 174 unidades habitacionales en juego.

A pesar de la gravedad de la imputación, que incluía delitos de asociación ilícita y falsedad ideológica, la fiscalía fue contundente en su análisis. El fiscal Diego López Ávila, titular de la Unidad de Estafas, consideró que los hechos denunciados no configuraban un ilícito penal, un criterio que el juez Moeykens ratificó plenamente al declarar la "no existencia de delito". Desde el entorno de los Alperovich, la resolución fue vista como un freno al uso "artificial" de la justicia penal para dirimir disputas familiares y societarias. Sin embargo, la querella de los Mileguir no se dio por vencida y dejó asentada la reserva para impugnar el fallo en instancias superiores.

El protagonismo de Patricia Neme en esta derrota no es un hecho aislado, sino que se inscribe en un complejo entramado de causas donde su figura aparece como el brazo legal de Carlos Cisneros. Actualmente, Neme enfrenta un panorama judicial sombrío en el fuero federal: el fiscal Rafael Vehils Ruiz ha solicitado formalmente su declaración indagatoria por considerarla supuesta autora del delito de trata de personas con fines de explotación. Esta acusación surge de la denominada "Causa Vélez", donde se sospecha que Neme, junto a Cisneros y el operador Federico Petraglia, habría instrumentalizado a Lourdes Parache para sostener una denuncia falsa mediante coerción y abuso de autoridad.

Las pruebas que complican a la abogada en la justicia federal son inquietantes. Según el Dictamen 269/2025, se le atribuye haber dirigido los testimonios de testigos clave y haber adulterado evidencia digital en teléfonos celulares para sostener un relato extorsivo contra Sebastián Sosa, Braian Cufré, Abiel Osorio y José Ignacio Florentín Bobadilla. Mientras Neme despliega esta intensa actividad privada y enfrenta cargos por asociación ilícita, mantiene una situación administrativa privilegiada en la Caja Popular de Ahorros de Tucumán. Registros oficiales indican que la abogada goza de una licencia psiquiátrica con goce de sueldo desde marzo de 2026, percibiendo una remuneración mensual millonaria.

Las licencias psiquiátricas de Díaz y Neme en la Caja Popular de Ahorros de Tucumán, sin fecha de reintegro.-

La gestión de Neme dentro de la Caja Popular también dejó rastros de controversia. En diciembre de 2025, emitió un dictamen crucial en el caso "Arregui", un juicio contra la institución con una condena proyectada de $1.400 millones. En ese documento, Neme omitió verificar si el demandante tenía cobertura real, una negligencia que dejó a la Caja en una situación de indefensión absoluta. Curiosamente, mientras la institución bajo control cisnerista pagaba indemnizaciones millonarias a futbolistas que ni siquiera figuraban en sus pólizas, denunciaba penalmente a familiares de empleados estatales fallecidos por COVID-19 que reclamaban sus seguros.

El documento tiene cuatro movimientos que merecen leerse en secuencia. Primero: Neme declaró que la dimensión comercial y económica del caso estaba fuera de su competencia. La pregunta de si el jugador tenía cobertura —la única que podía detener el juicio— es una pregunta comercial. Neme la excluyó por declaración expresa, no por ignorancia. Segundo: recomendó continuar la defensa. Sin urgencia, sin instrucción específica sobre la ausencia de póliza, sin marcar el problema de fondo que el informe de noviembre ya había descripto. Tercero: sobre la indefensión generada por el estudio Iezzi y Varone al no contestar la demanda, Neme aconsejó "ajustar los controles en lo sucesivo". Una recomendación de mejora futura para un daño ya consumado que había dejado a la CPA sin defensa ante un juicio de $1.400 millones. Cuarto: explicó la brevedad del análisis. La gestión le había sido remitida "unos días antes de la referida audiencia" —casi con certeza la audiencia del 23 de diciembre en el caso Parache— y no había tiempo suficiente para un análisis profundo. El expediente Arregui llegó a su escritorio cuando tenía la cabeza en otra causa. Cerró la carpeta del juicio mayor de la CPA con la frase "es mi opinión" y una firma.

La estrecha relación entre Neme y Cisneros es tan evidente que la abogada comparte equipo de defensa con José César Díaz, exinterventor de la Caja Popular, quien también se encuentra bajo licencia psiquiátrica millonaria mientras ejerce la abogacía privada para los intereses del diputado.

Días atrás, el Tribunal de Cuentas publicó el Acuerdo N° 1348, firmado por los contadores Miguel Chaiben Terraf y Marcelo Vidal, que puso al descubierto una ingeniería administrativa diseñada para asegurar un "paracaídas de oro" al abogado  Díaz a costa de un daño patrimonial que se estima cercano a los $700 millones.

El 21 de junio de 2023, a través de la Resolución N° 494/23, el entonces subinterventor de la CPA, Hugo Guillermo Ledesma —quien es cuñado de Cisneros y hoy ocupa una banca en la Legislatura—, designó a su propio jefe, José Díaz, en un cargo de planta permanente de altísima jerarquía: Subgerente General Adscripto (Nivel 3).

Este cargo, reservado para empleados de carrera con años de antigüedad y acceso por concurso, fue otorgado a dedo bajo instrucciones directas del entonces gobernador Juan Manzur, días después de retomar la gobernación tras su paso por la Jefatura de Gabinete de la Nación. La jugada fue doblemente irregular: en el mismo acto donde se lo nombraba, se le concedía una "licencia política" para que pudiera seguir siendo interventor, dejando el cargo de planta "materialmente inactivo" pero reservado para su futuro.

Fragmento del Acuerdo N° 1348 publicado por el Tribunal de Cuentas.- 

El eje central del impacto económico radica en la violación del Artículo 9° de la Constitución de Tucumán, que prohíbe taxativamente la acumulación de dos cargos a sueldo en el Estado. La norma es clara: la aceptación del segundo puesto produce la vacancia automática del primero.

Al aceptar el cargo de planta el 21 de junio de 2023, Díaz dejó de ser legalmente el interventor. Sin embargo, siguió percibiendo ambos beneficios y ejerciendo el mando de la Caja hasta enero de 2026. El Tribunal de Cuentas inició una comprobación sumaria para cuantificar con exactitud el daño, pero los cálculos preliminares son escandalosos. 

En junio de 2023, el haber inicial para ese cargo se fijó en $11.521.343,29 mensuales. Para 2026, ese sueldo ya alcanzaba los $13 millones. Solo por el cargo de planta percibido irregularmente durante 31 meses, la cifra ascendería a unos $380 millones. Si se suma la remuneración por el cargo político de interventor —que Díaz ejerció como un "funcionario de hecho" sin título válido—, el perjuicio total al erario público podría superar ampliamente los 600 o 700 millones de pesos.