"Que no sea un costo más para el vecino": San Miguel de Tucumán y la idea de un nuevo modelo de estacionamiento medido

La Corte Suprema de Justicia de Tucumán (CSJT) puso punto final a la prolongada disputa judicial sobre el Servicio de Estacionamiento Medido y Pago (SEMyP) al rechazar el recurso de casación de la empresa Tecno Agro Vial UTE. Con este fallo, los vocales Daniel Leiva, Claudia Sbdar y Eleonora Rodríguez Campos confirmaron la nulidad del contrato firmado en 2022, despejando el camino para que la actual administración municipal diseñe un sistema desde cero.

La resolución judicial de la Corte determinó que el proceso de adjudicación, iniciado durante la gestión de Germán Alfaro, estuvo "viciado desde su origen". El punto central radica en que una de las empresas integrantes de la unión transitoria se encontraba en concurso preventivo al momento de ofertar, una condición que el pliego prohibía expresamente. Aunque la firma alegó que su situación judicial había concluido años atrás, la Justicia estableció que legalmente seguía siendo "concursada" hasta marzo de 2022, meses después de la firma del convenio. Además, el tribunal consideró que la empresa violó el principio de buena fe al omitir esta información.

Otro aspecto determinante para los magistrados fue la "falta de razonabilidad económica" del acuerdo. El contrato de la gestión de Germán Alfaro estipulaba que la empresa privada se quedaría con el 85% de lo recaudado, dejando apenas un 15% para el municipio. El fallo señaló que no existió un análisis técnico que justificara tal desproporción, calificándola como una falta de transparencia en el manejo de los recursos públicos.

Tras conocerse la sentencia, la intendenta Rossana Chahla confirmó que su equipo ya trabajaba en alternativas. “Lo estamos estudiando desde antes de que salga la sentencia”, afirmó la jefa municipal a La Gaceta. El objetivo de la nueva gestión es implementar un modelo modernizado que utilice herramientas tecnológicas para agilizar el tránsito y reducir la contaminación, buscando además formalizar a los sectores que hoy realizan cobros de manera informal.

Chahla fue enfática en que la prioridad será el impacto en el bolsillo de los tucumanos. “Estamos poniendo sobre la balanza la situación económica”, explicó, reconociendo que si bien “el estacionamiento medido ordena una ciudad y el tránsito”, el diseño actual debe ser cuidadoso. En este sentido, la intendenta destacó que el análisis actual se centra en “en qué medida esto no sea un costo más al vecino. También estamos estudiando eso”.

El conflicto del estacionamiento en la Capital se remonta a julio de 2021 y estuvo marcado por un fuerte rechazo social, amparos colectivos y una suspensión que duraba desde agosto de 2022. Ahora, la Municipalidad analiza antecedentes de distintas ciudades del mundo para encontrar el modelo más eficiente.

Sin embargo, cualquier nuevo sistema no será inmediato. La intendenta advirtió que se deberá confeccionar un nuevo pliego de bases y condiciones, el cual deberá ser enviado al Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán para su análisis y posterior debate, garantizando así la transparencia que el proceso anterior careció.