La Justicia Federal archiva la causa por presunto desfalco en municipios de Tucumán y descarta delitos

La Justicia Federal resolvió archivar definitivamente la investigación sobre el retiro masivo de fondos públicos mediante cheques al portador en diversos municipios del norte argentino. El expediente, que analizó operaciones por un monto total de $39.487 millones, fue desestimado por inexistencia de delito. La causa se había originado a fines de 2024 tras una denuncia de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), basada en reportes de la Unidad de Información Financiera (UIF) sobre extracciones en efectivo realizadas entre enero de 2023 y junio de 2024.

Esta resolución judicial cierra un proceso que estuvo marcado por un fuerte ataque mediático nacional iniciado en febrero de 2025. En aquel momento, el diario La Nación encabezó una cruzada informativa calificando la situación como un "indicio de corrupción" y un "presunto desfalco" que apuntaba al corazón del Jaldismo en Tucumán.

Los medios nacionales y locales, como La Gaceta, sostuvieron la hipótesis de que el volumen de retiros, que aumentó antes de los comicios, tenía como fin el financiamiento de la campaña electoral de 2023. En ese contexto, se describió la noticia como un "terremoto" en la Casa de Gobierno tucumana, ocurriendo a pocos días del discurso del gobernador Osvaldo Jaldo en la Legislatura del año pasado.

Sin embargo, la investigación profunda del fiscal Rafael Vehils Ruiz concluyó que las maniobras denunciadas no constituyeron delito. El dictamen fiscal determinó que las operaciones fueron autorizadas por el Banco Macro, resultaron ser públicas y trazables, y se ajustaron a las prácticas operativas habituales. Además, los municipios involucrados —Banda del Río Salí ($17.200 millones), Famaillá ($11.400 millones), Alberdi ($6.000 millones), Lules ($4.200 millones) y Monteros ($3.900 millones)— acreditaron que los fondos se utilizaron dentro del circuito administrativo estatal con respaldo documental.

Un punto clave en el cierre de la causa fue que las rendiciones de cuentas fueron aprobadas por los respectivos concejos deliberantes. Se destacó, por ejemplo, el aval institucional en Banda del Río Salí, donde las cuentas contaron con la aprobación de la concejal Ana Cristina Boloña, esposa del diputado nacional libertario Gerardo Huesen. 

Por último, el fallo señala que el análisis patrimonial de los funcionarios señalados, incluyendo al actual ministro del Interior Darío Monteros y a los exintendentes Carlos Gallia, Francisco Serra y Enrique Orellana, no arrojó inconsistencias ni movimientos incompatibles con sus ingresos. Aunque el fiscal mencionó una "cierta displicencia" administrativa, aclaró que tales manejos pertenecen al ámbito contable y no alcanzan la entidad de una conducta penal.