Reducción del servicio, suspensión de trabajadores y "fuego cruzado" entre empresarios de colectivos y la Municipalidad

Luego de que la semana pasada, los empresarios del transporte de colectivos revivieran las tensiones con el Municipio de San Miguel de Tucumán, ayer lunes la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Tucumán (AETAT) informó a la Unión Tranviarios Automotor (UTA) la decisión de avanzar con la suspensión de choferes y otros empleados, como también reducir el servicio para los usuarios, para paliar, según explican, la crisis terminal del sector. 

En una reunión realizada ayer al mediodía, Jorge Berretta (vicepresidente de AETAT) y César Atim (secretario de AETAT) comunicaron las primeras suspensiones, que serán rotativas y podrían alcanzar en esta etapa a unos 150 empleados. La intención, según explicaron desde el sector privado, es que afecten “lo menos posible el bolsillo de los trabajadores”, y que tampoco repercutan en esta etapa la frecuencia de los recorridos. Sin embargo, si con el correr de los días no se producen avances ni se avizoran soluciones, no se descarta que sí se concrete una caída en la circulación de las unidades para evitar el gasto de gasoil. “Es una semana crítica”, alertó un empresario por lo bajo.

Los anuncios y advertencias empresariales se dieron luego de que solicitaran al Municipio conducido por Rossana Chahla, un cambio de sistema para "terminar" con la crisis del sector, y que implicaría que la municipalidad les otorgue cerca de $2.000 millones mensuales. 

 "Creemos que es la solución el sistema que adoptó Córdoba. Hoy en día, con la tecnología que hay, ellos pueden disponer qué frecuencia, qué ramal, qué línea, cuántos kilómetros, a cuántos minutos, cada coche o cada unidad, como queramos llamarlo, y que nos paguen por kilómetro realizado. Por supuesto que tenemos que andar a la frecuencia y hacer la cantidad de kilómetros que disponga el municipio, en este caso poder concedente", explicó la semana pasada en FM La Tucumana 95.9.

Tras las medidas anunciadas por los empresarios, la secretaria de Gobierno Municipal, Camila Giuliano, dijo: "ellos no pueden dejar de prestar el servicio sin avisar. No recibimos ninguna comunicación formal; solo conocemos las declaraciones públicas del señor Jorge Berreta —vicepresidente de AETAT—, pero sin precisiones sobre qué líneas ni en qué horarios. Si efectivamente suspenden el servicio sin informar, estarían infringiendo la ordenanza 400/79, que habilita al municipio a sancionar a las líneas y, en casos extremos, incluso a quedarse momentáneamente con las unidades de colectivo”. 

“Este martes va a haber controles. Todos los días realizamos verificaciones sobre las 14 líneas urbanas para garantizar las frecuencias y condiciones del servicio”, sostuvo al sitio Tendencias Noticias.

Y agregó: “Nosotros tenemos un sistema con códigos QR donde los vecinos registran reclamos, y contamos con un ranking de líneas según la cantidad de quejas, la frecuencia y la antigüedad de las unidades. Sabemos quién es quién y cómo funciona cada una”.

La funcionaria precisó que la presentación de AETAT ya fue remitida al Concejo Deliberante, donde se analizará en la Comisión de Transporte junto con proyectos pendientes sobre la regulación de plataformas digitales. “Sería importante que el Concejo trate pronto esos temas para contar con un marco normativo actualizado que nos permita actuar también sobre esos servicios”, señaló.

Consultada sobre si consideraba las advertencias empresariales una forma de presión, Giuliano descartó esa interpretación, aunque expresó preocupación por el tono del intercambio. “No creemos que sea un apriete, pero la nota que enviaron tiene cuestiones poco prudentes, considerando que prestan un servicio esencial. No se pueden mezclar intereses económicos o políticos con el derecho de los ciudadanos a trasladarse”, expresó.

Por su parte, por medio de una nota, la Municipalidad rechazó el escrito de AETAT que pide el cambio de sistema y el pago por kilómetro recorrido.

En la nota, el fiscal municipal Conrado Mosqueira calificó como “llamativo” el comportamiento de Aetat, dado que “inesperadamente” elevaron el pedido de un cambio de sistema “bajo amenaza de formular una denuncia penal en los términos del artículo 249 del Código Penal Argentino”, que multa la omisión o retardo ilegal de un funcionario público. El letrado aludió también a la última reunión con Aetat y apuntó que, “mediante amenaza de paro inmediato del servicio”, los empresarios “intiman a proveer un subsidio de $2.000 millones”. Y afirmó que, de persistir esa “conducta extorsiva”, se formulará una denuncia por extorsión.