Operativo Independencia: "significó la transformación de una sociedad a través del terror"

El 5 de febrero de 1975, tras la firma del decreto 261 por la entonces presidenta María Estela Martínez de Perón, Tucumán se convertiría en el epicentro del plan sistemático de secuestros, torturas, desaparición y asesinatos que se conoció con el nombre de Operativo Independencia. La puesta en funcionamiento de 80 centros clandestinos de detención y la implementación del genocidio como método para imponer profundas transformaciones económicas, productivas y laborales serían el laboratorio y el preludio del golpe de Estado de 1976. A 50 años del Operativo Independencia, la investigadora Ana Jemio (autora del libro “Tras las huellas del terror. El Operativo Independencia y el comienzo del genocidio en Argentina”) analiza el significado histórico de la campaña militar, su metodología y cuáles fueron las consecuencias traumáticas que todavía perduran en este agitado presente. 

- ¿Quiénes fueron los ideólogos del Operativo Independencia?

- El Operativo Independencia suele asociarse de manera directa con el Ejército. Esta asociación tiene un fundamento, una razón de ser: fue esa institución la que se encargó de coordinar las acciones represivas, además de protagonizar una intensa campaña de propaganda que realzaba su acción para construir legitimidad de cara al golpe de Estado. Pero el Ejército en particular y las Fuerzas Armadas en general son, en realidad, la punta de un iceberg cuyas bases son mucho más anchas y profundas.

Si consideramos solo la dimensión represiva del Operativo Independencia, a las Fuerzas Armadas había que sumarle las fuerzas de seguridad en pleno. Pero, además, el Poder Ejecutivo nacional ordenó esa operación en un decreto y designó secretarías de Estado para prestar apoyo y coordinación; en los tribunales federales de Tucumán se negaron los habeas corpus e incluso se intentó dar visos de legalidad a una represión sistemática y clandestina. Al punto tal de incluir, por ejemplo, declaraciones extraídas bajo tortura en la Escuelita de Famaillá como parte de las pruebas de un proceso penal. Por estas acciones se desarrolló incluso un juicio contra el entonces juez Manlio Martínez. Esto significa que no fueron instituciones o grupos aislados, sino el Estado en pleno el que llevó adelante esa campaña.

Para instalar decenas de centros clandestinos de detención, secuestrar, torturar y ejecutar personas se necesitó, además, la construcción de un mínimo de legitimidad, tarea de la que no se suelen encargar centralmente las fuerzas represivas, sino sectores de la prensa, de la iglesia, de los partidos políticos, entre otros. Con sus artículos, arengas religiosas, declaraciones y acciones contribuyeron a instalar la necesidad de la “lucha antisubversiva” y la idoneidad de las fuerzas represivas para llevarla adelante.

Y luego están las empresas y grandes grupos económicos que son, quizás, los menos visibles en el iceberg, y que con más o menos participación concreta en la represión, se beneficiaron de ella. Tal es el caso, por ejemplo, del ingenio La Fronterita donde, tal como fue investigado en un estudio a nivel nacional y en una causa judicial próxima a iniciar, la firma brindó información y prestó sus instalaciones para que esa represión pueda concretarse. 

Creo que esta idea del iceberg nos ayuda a ver que tanto la dimensión represiva del Operativo Independencia, como esa misma operación en sí formaba parte de un proyecto más amplio que terminó de consolidarse con el golpe de Estado y que estaba sostenido por fuerzas económicas, sociales y políticas que buscaban transformar radicalmente las condiciones de vida y de organización de todo un pueblo, las maneras de vivir y de relacionarse. A eso nos referimos cuando hablamos de genocidio: no a la matanza de personas, sino a la transformación de una sociedad a través del terror.

Por eso el secuestro de dirigentes y miembros de distintas organizaciones sindicales, sociales, políticas, territoriales o eclesiales, junto con las razias y allanamientos y la consiguiente difusión del terror fueron la manera de barrer con las resistencias para implementar luego profundas transformaciones que generaron beneficios para ciertos sectores económicos y perjuicios, no solo para las víctimas directas y su entorno sino para el conjunto de la población trabajadora.

- ¿Cuál fue la metodología represiva del Operativo Independencia?

- Con el Operativo Independencia se inauguró y perfeccionó la metodología represiva que iba a extenderse después a todo el país con el golpe de Estado de marzo de 1976: la desaparición forzada de personas en un sistema de centros clandestinos de detención. En Tucumán, hasta el golpe de Estado habían sido secuestradas ya el 44% de víctimas registradas para todo el período 1975-1983. 

En este punto, es importante aclarar una cosa: existe una imagen generalizada de que la mayoría de las víctimas continúa desaparecida porque al principio, estas fueron en efecto la mayor parte de las denuncias. Con el tiempo, y como consecuencia de las políticas de memoria, verdad y justicia, hubo condiciones sociales para que aquellos que habían estado desaparecidos, pero fueron liberados, pudieran denunciar lo que les sucedió. Por eso, hoy sabemos que tanto en Tucumán como en toda la Argentina, hay una cantidad igual o mayor de liberados que de desaparecidos. En el Operativo Independencia, por ejemplo, el 64% de las víctimas registradas fueron liberadas.

Esa actividad represiva se desarrolló en al menos 80 espacios de detención clandestina que funcionaron a lo largo y ancho de la provincia durante el Operativo Independencia. Los dos más grandes fueron la Escuelita de Famaillá, operada por el Ejército, y la Jefatura de Policía de Tucumán. Junto con ellos, hubo otros grandes CCD, entre los que destacan las bases militares asentadas en el Ingenio La Fronterita y el ex Ingenio Santa Lucía.

Esto es apenas una indicación que nos ayuda a entender que la actividad represiva atravesó la provincia de punta a punta. A esto se sumó la política de ocupación territorial en la zona sudoeste, con epicentro en Famaillá y alrededores. Allí se instalaron tropas del ejército, montaron bases militares, trincheras e hicieron circular helicópteros construyendo un escenario que emulaba las formas bélicas. En esa zona hubo una especial política de control poblacional que, además de secuestros, involucraba razias, censos, emisión de carnet de identidades, allanamientos masivos y un control y hostigamiento cotidiano a esas poblaciones que vivían, centralmente, de la agroindustria azucarera.

Retomando la imagen del iceberg que mencionaba antes, la idea del Operativo Independencia como una operación antiguerrillera en los montes tucumanos solo se sostiene mostrando una puntita visible de todo un aparato represivo organizado contra la población. 

- ¿Qué secuelas del Operativo pueden rastrearse en la provincia en la actualidad?

- Uno puede, por supuesto, identificar marcas que perduran en las familias afectadas más directamente por la represión. Ya desde los estudios del nazismo se sabe que los efectos traumáticos de acontecimientos históricos como estos se transmiten entre generaciones. Inciden en ello el silencio que rodeó muchas de estas historias por la prolongación del miedo, porque en Tucumán Domingo Antonio Bussi fue gobernador, porque hubo muchos años de impunidad, y la lista podría seguir. 

Pero hay otro tipo de marcas o efectos que son menos identificables de manera directa y que pueden pensarse con la idea de capas arqueológicas o de cimientos. Por ejemplo, y como decía al principio, el borramiento de toda una historia organizativa en Tucumán o la estigmatización del que se organiza se sostiene sobre aquella experiencia que dejó un mensaje terrorífico. Existe también una profunda transformación económica, productiva, laboral cuyas bases se sentaron a partir del genocidio y que siguen incidiendo en la vida de las mayorías hoy. 

- ¿Crees que a 50 años de ese episodio hemos logrado dimensionar sus consecuencias y su trascendencia histórica? 

- En algunas cosas sí, en otras no. Si pensamos históricamente, hubo un avance muy importante en el reconocimiento del Operativo Independencia como parte del genocidio que sufrimos en nuestro país. Un arco temporal que nos permite ver esto es que en los ochenta el Juicio a las Juntas no incluyó casos del Operativo Independencia. Entre 2017 y 2020, en cambio, hubo dos sentencias judiciales específicas que juzgaron a 32 militares,   policías y gendarmes por los crímenes sufridos por 270 víctimas. Y hay unos 400 casos más en investigación. Ese reconocimiento judicial expresa también, en cierto modo, un reconocimiento social de aquel hecho.

También hubo un avance importante en conocer la dimensión y profundidad que tuvo la represión durante el Operativo Independencia. Desde la derogación de las leyes de impunidad en 2003 hasta hoy se han incrementado en un 50% las denuncias de víctimas secuestradas durante esa operación, la mayoría de las cuales fueron liberadas. Esto significa que podemos dimensionar mejor no solo el alcance y la capilaridad que tuvo la represión, sino también entender mejor su naturaleza. Hasta los ochenta pensábamos centralmente en una represión centrada en la eliminación física de personas a través de la desaparición. Ahora sabemos que esa forma represiva convivió en igual proporción con el secuestro, tortura y liberación de personas. 

Queda, sin embargo, mucho camino por recorrer. Y no sólo en el reconocimiento de la dimensión represiva del Operativo Independencia. Una de las dificultades más importantes es visibilizar cuáles eran los proyectos sociales, sindicales, políticas que existían en aquella época y que fueron atacados. Esto contribuiría, por ejemplo, a conectar y comprender mucho mejor cómo aquel hecho histórico está directamente conectado con nuestro presente. La lucha de los trabajadores azucareros para que las máquinas no destruyan los puestos de trabajo, la de los trabajadores del limón por garantizar la estabilidad de sus puestos de trabajo y la relación laboral con la empresa, la de los empleados municipales por lograr trabajo en blanco y con derechos son algunas experiencias que tienen tremenda actualidad y que nos ayudan a entender este presente. 

La reducción de esa compleja y riquísima realidad organizativa a la dimensión estrictamente militar de la política es una manera de “esterilizar” esa historia, quitarle su potencial crítico y su aporte para este presente. 

-¿Cuál es la importancia de recordar el Operativo en el contexto político actual?

- Cuando nos enfrentamos a una realidad que, en cierto modo, nos sorprende, nos resulta nueva o desconcertante siempre solemos apelar a las experiencias o bagajes que traemos del pasado. No porque el pasado se repita, sino porque trae saberes, afectos y enseñanzas que nos ayudan a entender lo que está pasando y orientar nuestras acciones. 

Hoy nos enfrentamos a un proyecto político que impulsa una transformación profunda que afecta de manera regresiva las condiciones económicas, sociales y culturales de las mayorías. Históricamente, los proyectos de este tipo fueron viables con una cuota (variable en su magnitud y forma) de represión estatal.  El Operativo Independencia tiene mucho para decirnos al respecto porque fue, en efecto, un momento de clivaje en el que comenzó un cambio muy profundo para nuestro país.

Por eso este aniversario es una oportunidad para construir memoria, una memoria que no tiene que ver con hacer museos, inmortalizar fechas o erigir estatuas. Puede que también aporte, pero necesitamos una memoria viva, que nos permita recuperar de aquella época herramientas para mejor afrontar nuestro presente, algo que implica, entre otras cosas, recuperar horizontes y sueños colectivos.