Sainete judicial: la corta estrategia de Cerisola, el planteo de Sacca y la posición del encubridor disfrazado de querellante por la UNT
Se realizó de forma privada la primera audiencia preliminar en la antesala del juicio "oral y público", que comenzará el 27 de mayo y en la que declararían 180 testigos. Allí se investiga la malversación de U$S 85 millones de la minería, que debían destinarse a construir la Ciudad Universitaria de San Javier.

A la derecha de la imagen, el abogado querellante contratado por la UNT, Rodolfo Burgos, y el fiscal Pablo Camuña. (Foto: X @Josecitors)
El próximo 27 de mayo comenzará el juicio de la causa caratulada Cerisola Juan Alberto y otros/malversación culposa Expediente 400360/2010, en la que el delito de fondo a resolver es el escandaloso Robo de la Ciudad Universitaria de San Javier contra la Universidad Nacional de Tucumán (y su encubrimiento institucional, mediático y judicial).
Este martes 14 de Mayo se realizó una audiencia preliminar de forma cerrada, donde se hicieron presentes los imputados por el desmanejo de unos U$S 85 millones que por Ley 14.771 debían destinarse al campus de la UNT en el cerro, y allí las partes comenzaron a revelar sus posiciones y estrategias de cara al juicio por corrupción más importante de la historia de Tucumán.
La vigente Ley 14.771 de creación de Yacimientos Mineros Aguas de Dionisio (YMAD) ordena construir la Ciudad Universitaria de San Javier "conforme a los planos ya aprobados" con las regalías de la minería nacional. Su construcción fue falsificada en documentos y la Ciudad se declaró "terminada" para obtener regalías mineras de libre disponibilidad que la misma ley 14771 dispone una vez culminada la obra de San Javier (reduciendo los fondos mineros del 40% al 20%), pasando los fondos a ser de libre disponibilidad para el Rectorado. El campus fue "reemplazado" por una serie de obras menores y refacciones en las Facultades, que devinieron en una denuncia por sobreprecios en esas obras y malversación de los fondos en colocaciones financieras.
En reunión de directorio, y según Acta Nº498 del directorio de YMAD (27 de diciembre de 2007) Rodolfo Martín Campero y Mario Marigliano -ya fallecido- (directores en representaciòn de la UNT) promovieron la falsificación de dicha obra. Así, los ex rectores redactaron y propusieron el pro forma y las condiciones del acta que firmó días después, el 2 de enero de 2008, el por entonces Rector Juan Alberto Cerisola con YMAD declarando "terminada" la Ciudad Universitaria y la obligación de remitir el 40% de las utilidades de la empresa a la universidad: así, las regalías mineras para la UNT disminuyeron del 40% al 20% pero pasaban a ser de libre disponibilidad a favor del Rectorado.
Este martes se hicieron presentes junto a sus abogados en la sede del Tribunal Oral en lo Criminal Federal los imputados, el ex Rector Juan Alberto Cerisola y los exfuncionarios universitarios Olga Cudmani –directora general de Construcciones Universitarias-, Osvaldo Venturino –director de Inversiones y Contrataciones- y Luis Fernando Sacca –subsecretario de Políticas Administrativas y Gestión-.
Todos fueron procesados como coautores del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública (art 174, inc 5, en función del art.173, inc 7 del CP). Sacca por las colocaciones financieras del dinero YMAD y los otros exfuncionarios por la realización y refacción de obras con esos fondos. Además, a Cerisola y a Sacca se los procesó por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público (art. 248 CP).
En la audiencia preliminar estuvieron presentes el juez Jorge Abelardo Basbús; el fiscal federal Pablo Camuña; el abogado querellante contratado por la UNT, Rodolfo Tercero Burgos; el ex Rector Cerisola y abogadas sus defensoras, Silvia Peyracchia y Rosa Luz Casen; Olga Cudmani y su abogado Alfredo Falú; Luis Sacca, con sus abogados defensores Víctor Taleb y Sergio Parrado; Osvaldo Venturino, y el defensor oficial Mariano Galleta.
El inicio del juicio se dilató por la renuncia del presidente del Tribunal Oral Federal de Tucumán, Dr. Carlos Enrique Jiménez Montilla. Completan el jurado el juez Dr. Enrique Lilljedahl, del TOF de Catamarca, y se integró la jueza Dra. Ana Carina Farías, de Santiago del Estero. El TOF de Tucumán solicitó a Casación la designación de un cuarto juez.
En el marco del debate oral y público se espera la declaración de 180 testigos. De forma presencial declararían los peritos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Daniel Fontana (perito contable) y Francisco Pedro Guzmán(ingeniero a cargo de pericias arquitectónicas). Las audiencias se realizarían los días martes por la mañana y por la tarde, mientras se desarrolla el juicio de lesa humanidad Jefatura III. Una vez culminado, las audiencias serían los martes y miércoles.
En tal sentido, eltucumano.com pudo acceder hoy a un lapidario informe de la comisión Especial Interna del Consejo Superior de la UNT del año 2015 que sería una prueba contundente contra todos los ex rectores que dedraudaron a la universidad pública y la confianza de su comunidad:
"Es necesario llamar la atención sobre algo que pareciera haber pasado desapercibido para las autoridades de aquel entonces y que es lo siguiente. La razón de ser de la participación de nuestra Universidad en la empresa YMAD creada por Ley de la nación 14771, en cuya génesis intervino hasta el propio Presidente de la República Dr. Frondizi, fue una sola: haber sido beneficiaria de la donación del Dr. Abel Peirano y de la confluencia de esa voluntad benefactora con la vocación del entonces Rector Horacio Descole de que la Universidad Nacional de Tucumán tuviera un hábitat para sus Facultades y dependencias, pensado para poner a la UNT a la altura de las mejores universidades del mundo y permitirle con las utilidades que siguiera percibiendo mantener el nivel logrado.
No tiene otra razón de ser la participación de nuestra Universidad en esa explotación. Una lectura ligera de la norma hace que salte a la vista como lo más llamativo de ella, que se haya contemplado la construcción de una Ciudad Universitaria para una Universidad Nacional. La ley otorga un derecho a nuestra Universidad, consistente en construir la Ciudad Universitaria que estaba aprobada. La Ley pone énfasis en la conclusión de la Ciudad Universitaria. El inciso a de la ley refiere "hasta que haya quedado concluida la Ciudad Universitaria", el inciso b "para terminación de la Ciudad Universitaria" y el inciso c dice: "Cumplidos dichos propósitos, es decir, terminada de construir la Ciudad Universitaria".-, de ése porcentaje del 40% se destinará a la UNT el 50% (es decir, el 20% del total) y el resto, a la formación de un Fondo Nacional a distribuir entre las demás Universidades.
Esta Comisión considera que la intención del legislador ha sido inequívoca: otorgar a la Universidad Nacional de Tucumán el derecho a construir y concluir su Ciudad Universitaria, lo cual es muy diferente de lo que interpretó el Ex Rector Cerisola.
En rigor, el Ex Rector ha declarado satisfecho el crédito de la UNT que se hallaba y se halla vigente a seguir percibiendo el 40% de las utilidades de YMAD, y lo hizo sin ninguna expresión de causa. No ha tenido por construida la Ciudad Universitaria, que de hecho no estaba terminada, y tampoco ha expresado que los fondos estimados iban a ser los suficientes para hacerlo; lisa y llanamente ha dado por satisfecho el crédito de la UNT. Con ello ha tenido tácitamente por cumplida la construcción de la Ciudad con la percepción de una suma de dinero que las propias dependencias competentes de la Universidad que elaboraban los listados de obras, y él mismo, conocían que serían insuficientes para que las obras se concluyeran.
Nada obstaba a que la UNT con fundamento en la necesidad de definición de los costos de los proyectos (muchos de los cuales no habían empezado a realizarse o se hallaban en proceso), de las variaciones que iba sufriendo los listados de obras en la práctica ante los requerimientos de los Decanos y otras autoridades, de las necesidades crecientes que iban emergiendo, comunicara a YMAD que ese monto sería exiguo, solicitara plazo para definir los costos con el menor margen de error posible; e incluso, pese a definir el monto, dejara a salvo su derecho de reclamar (en caso de que los fondos no fueren suficientes para construir todo lo definido como necesario) que se vuelva a liquidar a su favor el porcentaje del 40% (todo ello con comunicación al resto de las universidades nacionales), porque lo único que podía ponerle fin al derecho de la UNT era la terminación de la Ciudad Universitaria.
Sólo una interpretación jurídicamente irrazonable puede llevar a concluir que lo que estaba en juego, antes que el derecho de la UNT a tener su Ciudad Universitaria, era el derecho del resto de las universidades del sistema, el cual se hallaba y se halla absolutamente condicionado a que nuestra Universidad "termine" su Ciudad.
El apuro, unsigno de los ladrones disfrazados de universitarios: Informe interno lapidario contra Cerisola.
Las gravísimas declaraciones de la ex secretaria de Planeamiento de la UNT ante ésta comisión le auguran dificultades a su defensa técnica de Cerisola (asistida en las sombras por el abogado Fernando Valdez, ex vocal de YMAD por la UNT).
La defensa de Cerisola apunta contra los ex rectores Campero y Marigliano
Tras la audiencia preliminar, en sintonía con las declaraciones de Cerisola, la abogada Silvia Peyracchia se refirió a la "autonomía funcional" de los directores por la UNT en YMAD, que eran los ex rectores Rodolfo Martín Campero y Mario Marigliano -ya fallecido- al firmarse el Acta Nº 498 del directorio de YMAD, donde se redactó el cuerpo del acta que el 2 de enero firmó Cerisola y que declaró culminada la Ciudad Universitaria.
Cerisola busca así responsabilizar exclusivamente a los exrectores Campero y Marigliano y desligarse de sus responsabilidades al haber firmado el acta del 2 de enero de 2008.
"Los exrectores Marigliano y Campero se presentaron un día a fines del año 2007 diciendo que la Universidad Nacional de Tucumán lleva cobrado esto y aquello, y que correspondía, que desde entonces la Universidad reciba el 20% y el 20% para los otros universidades", alegó tras la audiencia en diálogo con la prensa.
"Yo lo que hice fue recibir formalmente ese dinero que se me daba, esa última parte, en virtud de un acta programada que ellos mandaron. La resolución la tomó YMAD. La tomaron los exrectores. Es decir, la propusieron Campero y Marigliano y la tomó YMAD. No la tomé yo. Eso que quede claro", se excusó.
Silvia Peyracchia expresó sobre los directores por la UNT en el directorio de YMAD: "El funcionario pertenece y queda incorporado al ente, no responde al Rector porque no es un mandatario: es un funcionario, con la autonomía funcional al punto tal que la Universidad ya no lo puede desnombrar, es decir, no lo puede remover en el cargo. Está previsto en la ley 14.771, si el funcionario que ha ingresado como director de YMAD incurre en alguna causal de remoción, el órgano que lo remueve es YMAD".
La defensora de Cersiola subrayó que "la Universidad designa y se desentiende del funcionario; es más, el funcionario no tiene ni siquiera que rendirle cuentas a la Universidad, no actúa por mandato y tiene esta independencia funcional a punto tal, que los honorarios del representante no lo satisface la Universidad sino el ente minero".
"La Universidad cumple únicamente en poner su representante que es quien en definitiva custodia los intereses de la Universidad como beneficiaria y los de Catamarca, los beneficiarios de Catamarca. La Universidad Nacional de Tucumán no es socia de YMAD, la Universidad Nacional de Tucumán no es dueña de YMAD: es un ente interjurisdiccional, que no está bajo el control ni de la Universidad, ni de Catamarca, ni del Estado de la Nación", enfatizó.
Luego, la defensa del ex Rector remarcó que en el marco del expediente "hay una pericia contable financiera que revisó íntegramente la contabilidad de la Universidad Nacional de Tucumán durante el desempeño del contador Cerisola como Rector y a términos de la pericia, los peritos, el colegio pericial concluye diciendo que en la Universidad Nacional de Tucumán no falta un centavo del dinero correspondiente a las colocaciones financieras y no hay ninguna imputación vinculada que la plata de YMAD está en la obra".
Vale recordar que el 28 de agosto de 2015, la comisión investigadora ad hoc del Consejo Superior pidió revocar la designación de Cerisola como director por la UNT ante YMAD luego de que llegó a la conclusión de que Cerisola "consideró que la recepción de una suma de dinero calculada provisionalmente con ese destino y que a la postre fue completamente insuficiente era equivalente a la construcción de la Ciudad Universitaria", y planteó que "ni el nuevo proyecto de Ciudad Universitaria ni su finalización fueron aprobados por Consejo Superior".
"La decisión del entonces Rector de poner fin a la Ciudad Universitaria al suscribir el instrumento de fecha 02/01/08 ha rebasado los límites de su competencia estatutaria", y propuso declarar nula dicha acta administrativa al alegar que "la decisión del 2 de enero de 2008 de dar por satisfecho el crédito de la Universidad Nacional de Tucumán anticipadamente ha causado un daño patrimonial a la institución que como mínimo no pudo concluir los edificios que el propio Ex Rector consideró como integrantes de la nueva Ciudad Universitaria, y podría ser causa de un daño colectivo de gran significación".
La defensa de Sacca contra Brito: "Es descabellado que la fuente sea un mail anónimo"
La defensa del exdiputado nacional Luis Sacca, a cargo del abogado Víctor Taleb, apuntó contra la investigación a cargo del fiscal federal Carlos Brito, y reprochó que la fuente en que se basó para realizar el pedido de elevación a juicio fue "un mail anónimo".
"Como defensor técnico del Cr. Luis Sacca comento que hoy se llevó a cabo la audiencia preliminar para el juicio que se inicia el 27 de mayo en el que el Cr. se encuentra cuestionado por desiciones vinculadas con colocaciones financieras y sus rendimientos, 2006 - 2009. Demasiadas falsedades se dijeron sobre esta causa de forma impune y tendenciosa, para dañar y cancelar a mi Pupilo, con tiempo y pruebas iré poniendo luz a la oscuridad de esta falsa denuncia, estás pruebas se tratarán por supuesto en el juicio", disparó Talen en su cuenta de X @HugoTaleb.
En ese sentido, el abogado subrayó: "En el año 2009 en la previa de una interna universitaria virulenta de renovación de Rector circularon mails anónimos sobre supuestos faltantes en el capital e intereses de las colocaciones realizadas durante los 3 años mencionados. En el año 2010 este mail fue tomados por el Fiscal Brito como denuncia en contra de mi defendido lo que de por sí es descabellado (que la fuente sea un mail anónimo) e inició un inmenso dispendio de dinero público para la investigación".
"El proceso de instrucción iniciado con esta denuncia anónima llevo a oportunistas de turno (supuestos moralistas que no pueden explicar sus gastos) a los que haremos mención oportunamente, a adherir a esta denuncia. Que quede claro que la citación a indagatoria a mi Cliente se produce en el año 2016, 7 años después de los hechos supuestamente investigados, en esta línea se requirió informe a la Procelac".
Finalmente, remató: "Se remitió al Fiscal un informe 1 el 08/05/2013, luego un informe 2 complementario haciendo aclaraciones al 1, luego otro informe 3 el 17/10/2014 haciendo aclaraciones al 1 y al 2, y por último el 16/12/2014 un 4 informe corrigiendo y aclarando el 1, 2 y 3", y prometió que "seguirá".
En abril pasado, la defensa de Sacca apuró al TOF para que confirme la fecha de inicio tras la última suspensión del debate oral y público y recordó que el exdiputado radical "no quería salir libre por prescripción de la acción penal" sino "acreditar la absoluta inocencia de Sacca en los delitos que se le imputan".
Mediante un escrito ante la Justicia federal, Sacca recordó en su momento que pidió cinco veces su sobreseimiento y siete veces que se dije fecha de debate a través de sus abogados, y planteó que era su intención "evitar de toda manera jurídica y posible la prescripción de la causa penal" porque "solo la absolución de mi defendido, vendrá a limpiar años de escarnio público, el sufrimiento de su familia, y el que se haya truncado su carrera política con falsas acusaciones".
El "querellante" de la UNT avala el encubrimiento del fiscal federal Carlos Brito y se tiene Fé: "Creemos que la investigación es una buena investigación", dijo el actor de reparto Roldolfo Burgos, abogado sin especialización acreditada que llegó a ser contratado por la renuncia del primer encubridor premiado con el cargo de juez provincial por el saabismo.
En efecto, el lector puede descargar al final de la nota el requerimiento de elevación a juicio por parte de la querella de la UNT ejercida por Diego Lamoglia - otro amigo personal de Burgos de desde el Gymnasium de la UNT - y cotejar su adhesión calcada, una copia de la conducta judicial de Brito.
Diego Lamoglia llevó el sainete saabista a otro nivel cuando se presentó ante el Consejo Superior de la UNT el 4 de diciembre de 2017
“Hemos entrado a intervenir en un momento en que no se estaba trabajando con pruebas, o sea, posterior al procesamiento, lo que significaba apoyar y sostener, lo cual se hizo con éxito porque los procesamientos quedaron confirmados”, dijo Lamoglia.
Durante la sesión hubo preguntas sólo del lado opositor al rectorado. El decano de Ciencias Económicas, José Luis Jiménez, planteó si no era “llamativo” que quienes deben aportar información a la Justicia sean funcionarios que para un fiscal están considerados sospechosos. “No suele ser una cuestión de incompatibilidad, pero si hubiese percibido falta de colaboración por parte de la UNT ya hubiese puesto el grito en el cielo”, reconoció Lamoglia suelto de cuerpo.
Se sabe, que el director del servicio (anti)Jurídico es Augusto gonzález Navarro es quien recomendó a Lamoglia y a su sucesor y actual encubridor de la camarilla saabista enquistada en la UNT. Sainete judicial garantizado.
Rodolfo Tercero Burgos es desde el año 2019 el abogado defensor querellante contratado por la UNT para ejercer su rol de querellante en esta causa. El contrato fue subscripto el 20 de septiembre de 2019 por el entonces Rector José García y el secretario general del Rectorado, José Hugo Saab. En 2014, la entonces rectora Alicia Bardón había designado a Burgos a cargo de la Subsecretaría Legal y Técnica, y se desempeña también como abogado particular de la ex rectora.
Burgos ratificó ayer la posición de la UNT expresó en declaraciones El Ocho. "Creemos que la investigación es una buena investigación", planteó, y resaltó que "la noticia es que hay un juicio por corrupción". "Estamos totalmente de acuerdo con la imputación que ha efectuado el Ministerio Público Fiscal y que se va a probar durante el juicio y se va a sostener, que evidentemente ha habido una administración fraudulenta de parte de los imputados", manifestó.
El pasado 26 de marzo, el Consejo Superior de la UNT aprobó la renuncia ad referéndum de Burgos al directorio de Canal 10, casi mil días después de que fuera denunciado por abuso sexual de su hija menor de edad. A pesar de haber confesado en sede judicial que desde 2016 no ejerce la abogacía, desde 2019 fue contratado por el Rectorado para encabezar el encubrimiento disfrazado de querella en la causa por el robo a la Universidad.
El 20 de septiembre de 2019, el por entonces Rector José García y el histórico secretario general del Rectorado, José Hugo Saab, le pusieron su firma a la contratación de Burgos por "la suma total de PESOS CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON SESENTA Y UN CENTAVOS ($ 496,248,61) por todo concepto" para asumir "la representación de la UNT como apoderado en su intervención como querellante en la causa N° 33.813/2013, caratulada “Sindicatura General de la Nación (SIGEN) y Eudal, Ramón s/Su denuncia” que se tramita por ante el Juzgado Federal N° 2 de Tucumán, presentándose en tal carácter en dicho proceso y ejerciendo en el mismo todas las facultades que el Código Procesal Penal confiere al querellante".
Burgos respaldó la "investigación" del fiscal Brito, quien alevosamente no investigó el delito principal que dio origen a los fondos malversados: la falsificación de la construcción de la Ciudad Universitaria perpetrada por tres ex rectores de la UNT, Rodolfo Martín Campero, Mario Marigliano y Juan Alberto Cerisola con la complicidad de actuales funcionarios como el propio Saab y el director de Jurídico de la UNT Augusto González Navarro, a quién Burgos elogió públicamente y lo apoyó en su trunca candidatura a Decano de la Facultad de Derecho, a quien como querellante debía perseguir, ya que está señalado como el autor de las maniobras jurídicas que permitieron reemplazar la Ciudad Universitaria por un plan de refacciones violando la Ley 14.771 y disponer de los fondos de la minería como fondos privados, al margen de la Ley 13.064 de obras públicas.
El blindaje de La Gaceta -garantizado por la sociedad periodística y amistad de Rodolfo Burgos y Federico Van Mameren- es tal que el centenario diario esconde sistemáticamente el Robo de la Ciudad Universitaria a la UNT (en sintonía con el fiscal federal Carlos Brito se concentra en la causa por el desmanejo de fondos menores y no en el origen de los fondos) como los pedidos de citación a indagatoria y posterior detención de José Hugo Saab y Augusto González Navarro.
La aparición de Burgos en la audiencia preliminar antes del inicio del juicio es la primera actuación de la querella a cargo de la UNT, iniciada en el año 2019.
El "inmenso trabajo" de encubrir el delito precedente (la falsificación de la ciudad universitaria) en una investigación sobre supuesto lavado de activos que investigó supuestamente el fiscal federal Carlos Brito y el lector puede descargar aquí:
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