"¿Hay que cumplir con la Ley?", la pregunta inmoral que el Saabismo instala en La Gaceta de hoy

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De “Los 20 principios permanentes del periodismo” de la Academia Nacional de Periodismo Argentino - Mayo 2023

A más de 18 años de la falsificación de la construcción de la Ciudad Universitaria en San Javier que ordena la Ley 14771 perpretada por tres ex rectores de la Universidad Nacional de Tucumán - Rodolfo Campero, Mario Marigliano y Juan Cerisola-, el diario La Gaceta informa recién a sus lectores que existe una ley (la Ley 14.771) que garantiza con fondos de la minería la construcción  en San Javier de una inmensa Ciudad Universitaria "de acuerdo a los planos ya aprobados" (SIC), construcción que fue falsificada en actas y documentación ya en poder de la Justicia Federal. Estos planos y croquis -elaborados mayoritariamente en 1948 por un grupo de prestigiosos arquitectos al mando de Eduardo Sacriste, Horacio Caminos y Jorge Vivanco-, fueron hallados en mayo de este año por eltucumano.com en la planoteca de la UNT y puestos en formal conocimiento de su existencia a las autoridades federales.

En su columna de hoy 3 de diciembre de 2018 titulada ¿Cómo se usaron en la UNT U$S110 millones de regalías mineras?, el editor de La Gaceta, Roberto Delgado admite que las expectativas de una ciudad universitaria en el cerro San Javier “que fuera un faro en Latinoamérica(SIC), se marcaron a fuego en 1958 con la sanción de la Ley 14.771 de creación de Yacimientos Mineros Aguas de Dionisio (YMAD). La UNT es socia en el ente minero porque el yacimiento Farallón Negro fue descubierto en los años 40 por Abel Peirano y este legó sus derechos a la Universidad”.

"El proyecto estaba hecho por Descole con los más grandes arquitectos de Tucumán a fines de los 40, enmarcado en el plan quinquenal del primer peronismo y se inició a toda marcha, como puede verse aún en las instalaciones que han quedado en San Javier y en Horco Molle", admite Delgado, "cleaner" periodístico de José Hugo Saab y Augusto González Navarro, sempiterno secretario General y Director de Asuntos Jurídicos de la UNT involucrados en la mega estafa contra la universidad-.

Como viene haciendo en nombre del directorio de La Gaceta SA desde hace más de una década, Delgado encubrió una vez más la falsificación/ robo en banda de la Ciudad Universitaria - al igual que el fiscal federal Carlos Brito- y la participación de los ex rectores Rodolfo Campero, Mario Marigliano junto a los sempiternos funcionarios Augusto González Navarro y José Hugo Saab en el hecho e insiste en la versión que sólo apunta que "Cerisola hizo que Construcciones Universitarias diseñara un plan de obras; hizo resoluciones para que los fondos provenientes de YMAD se pudieran usar por fuera de la Ley de Obras Públicas y el 2 de enero de 2008, reunido con el directorio de YMAD, firmó un acta por la que se declaraba concluida la Ciudad Universitaria (con ese plan de obras). A partir de ese momento las regalías mineras que llegasen a la UNT tendrían que ser repartidas en un 50% a las otras universidades y la otra mitad quedaba de libre disponibilidad".

Así, hoy puede leerse hoy a Delgado  admitir la existencia de la Ley 14.771 y de su violación por parte de la gavilla radical que encubre La Gaceta hasta nuestros días: "Cerisola -que asumió como rector en 2006 y estuvo hasta 2014- estaba obligado por la ley a usar esos dineros en la Ciudad Universitaria. El artículo 18 de la 14.771 dice que “las utilidades líquidas y realizadas que arrojen los balances se distribuirán en la siguiente forma: a) El sesenta por ciento (60%) para la provincia de Catamarca. b) El cuarenta por ciento restante (40%) será destinado para la terminación de la ciudad universitaria, conforme a los planos ya aprobados”. Y continúa: c) Una vez cumplidos los propósitos señalados en el punto anterior de ese porcentaje del cuarenta por ciento (40%), se destinará el cincuenta por ciento (50%) a la Universidad Nacional de Tucumán y el cincuenta por ciento (50%) restante a la formación de un fondo nacional que será distribuido entre las demás universidades del Estado”, escribe hoy el aún secretario de Redacción de LA GACETA y docente de periodismo en la Unsta que remata su labor preguntándose si a la Ley 14.771 "¿hay que obedecerla en sentido estricto o en sentido amplio?".

Sin ninguna mirada crítica sobre la inobservancia por parte de la Justicia Federal de investigar el delito principal - la falsificación de la construcción en el cerro que diera origen a la llegada de los fondos mineros en cuestión-, el periodista consolida el relato saabista: "el juicio contra Cerisola, que se hará en 2024, es por los dineros usados entre 2006 y 2009, en el marco de las regalías ingresadas para terminar la Ciudad Unversitaria. En el juicio deben aparecer quiénes son los que, dentro del andamiaje u organigrama universitario, colaboraron con los cuatro enjuiciados para que todo lo que pasó pudiera suceder. El juicio intentará determinar responsables por: 1) Colocaciones en plazos fijos de dineros provenientes de YMAD; 2) Contrataciones de obras realizadas más otras sólo iniciadas y no concluidas; 3) Firma del acta acuerdo que da por concluida la construcción de la Ciudad Universitaria. 4) Indagar si YMAD, en algunos períodos, envió menos porcentaje del 40% a la UNT".

En su relato encubridor  , el secretario de Redacción de LA GACETA ensaya una explicación sobre como la gavilla radical que aún gobierna la UNT obtuvo US$ 110 millones de dólares  "libre disponibilidad" luego de la falsificación llevada a cabo por Campero, Marigliano, Cerisola, Pini rossi de Hernández, José Hugo Saab y Augusto González Navarro, entre otros.

Esos 110 millones de dólares que arribaron a la UNT posterior al acta predispuesta por Campero y Marigliano y firmada por Cerisola en 2008, se suma a los $ 353 millones de pesos (unos 85 millones de dólares de esa época) que arribaron a la UNT para la supuesta "conclusión" de la Ciudad Universitaria que el saabismo arrebató a los tucumanos. En total, la suma obtenida por las autoridades de la UNT mediante la estafa y violación de la ley 14.771 suman casi USD 200 millones de dólares malhabidos por la camarilla gobernante de la Universidad Pública en Tucumán.

"Se ignora qué pasó con el dinero que ingresó después de ese 2 de enero (N.de la R. firma del acta que falsifica la construcción de la Ciudad Universitaria en San Javier). Se sabe que llegó en cantidades variables hasta 2014, cuando la Minera Alumbrera empezó su período de cierre de mina. El 22 de septiembre de 2014, el geólogo Florencio Aceñolaza, que había sido uno de los dos delegados de la UNT en YMAD, dijo que la Universidad había dejado de ganar 500 millones de pesos (eran unos 110 millones de dólares) a causa del cambio que había generado el acta. Entonces, seis años después de la firma del acta, el Consejo Superior tuvo conciencia de lo que había sucedido. Como la cifra de todo ese dinero perdido causó fuerte impacto, poco se tuvo en cuenta que había ingresado una cantidad equivalente (110 millones de dólares) que desde el acta de 2008 era de libre disponibilidad. No se debía usar obligadamente en la terminación de la Ciudad Universitaria", relata Delgado en nombre del Saabismo. 

La narrativa saabista tiene su momento cúlmine cuando la autoridad periodística de La Gaceta se pregunta: "¿Cómo se usaron esos dineros? Como no hubo denuncia por supuestos malos manejos, cabe pensar que los controles de los organismos pertinentes de la Universidad funcionaron. ¿Pero se los usó con las mismas normas con que se utilizaron los dineros de las obras que motivaron el juicio?".

Aún a sabiendas del mecanismo que perfeccionaron para burlar la ley y obtener fondos espurios por casi USD200 millones de dólares, Delgado remata su nota con interrogantes que forman parte ya de una antología de la delincuencia periodística:

"Queda además el debate instalado desde marzo, cuando se hallaron, arrumbados en una caja humedecida en un galpón en la ex Quinta Agronómica, miles de planos y láminas referidos a la Ciudad Universitaria y quedó en danza el debate: ¿se debe volver al proyecto original y retomar y terminar las construcciones en el cerro? Las autoridades universitarias dicen que ya no se puede hacer eso, que estamos en otros tiempos y que la sociedad es diferente. Pero hay una ley que las obliga, porque en su marco se generó todo este desbarajuste. ¿Hay que obedecerla en sentido estricto o en sentido amplio?".

La Gaceta anoticia a sus lectores lo que manda la Ley 14.771 de creación de YMAD: destinar los fondos de la minería nacional a la construcción de la Ciudad Universitaria: