Robo de la Ciudad Universitaria: el Tribunal Oral Federal concede nueva prórroga y siembra dudas sobre el inicio del juicio

"Téngase presente lo informado por Sr. Perito Oficial, Ing. Francisco Pedro Guzmán y el perito de parte Ing. Luis Rafael Antolini, en escrito de fecha 08 de junio de 2023, atento a lo informado en el punto I), prorróguese el plazo para la entrega del informe pericial encomendado desde el día de la fecha por el término de 45 días hábiles. Hágase saber a los Sres. Peritos, que el informe pericial oportunamente encomendado es imprescindible a los fines de fijar fecha para la realización de la audiencia de debate oral y pública. II) Notifíquese".

Tribunal Oral Federal, Junio de 2023

Con esta breve y concisa resolución, esta semana el Tribunal Oral Federal autorizó otra dilación más en la causa federal que supuestamente investiga el Robo de la Ciudad Universitaria de San Javier. En efecto, tras hacer lugar el 30 de marzo a un primer pedido de prórroga de 49 días requerida por el perito oficial Ingeniero Francisco Pedro Guzmán, el juez Carlos Jiménez Montilla le otorgó el 12 de junio (fecha prevista para su presentación) otros 45 días hábiles al perito para la culminación de una supuesta pericia arquitectónica que considera "imprescindible a los fines de fijar fecha para la realización de la audiencia de debate oral y pública" (SIC). 

La desopilante prórroga del TOF en el marco de una causa federal que investiga un robo que data de 2007 se da luego de la aparición de los planos originales de la Ciudad Universitaria realizados por el equipo que lideraron Eduardo Sacriste, Jorge Vivanco y Horacio Caminos –y que permanecen bajo custodia del Rectorado de la UNT, sobre cuyo funcionariato pesa pedidos de detención en esta misma causa-.

El hallazgo de los planos originales puso en jaque la “investigación” del fiscal federal Carlos Brito, quien no investigó el origen ni los antecedentes del complot de ex rectores desde YMAD para despojar a la UNT ni tampoco el ropaje jurídico del saqueo sistemático a través de dictámenes del director González Navarro.

La estimación pericial del perjuicio al Patrimonio Universitario ocasionado por el robo del campus que ordena el artículo 18 de la Ley 14.771 de creación de Yacimientos Mineros Aguas de Dionisio (YMAD) debiera de realizarse conforme a "los planos ya aprobados".

Tras estar “cajoneada” cuatro años, la causa federal se reactivó en los últimos meses tras la primera prórroga de 49 días que fijó como fecha de presentación de la pericia el pasado 12 de junio, ese mismo día, el propio juez Jiménez Montilla volvió a otorgar al perito Guzmán un nuevo plazo de 45 días, hábiles, que constituye una nueva dilación para el inicio del juicio oral y público que La Gaceta había anunciado para el domingo 29 de octubre.

A diferencia del plazo de días corridos, el plazo otorgado al informe pericial arquitectónico está cedido en “días hábiles” por lo que –considerando la feria judicial de invierno- la presentación de la pericia "imprescindible a los fines de fijar fecha para la realización de la audiencia de debate oral y pública" podría ser presentada recién entrado el mes de septiembre de éste año (con lo que el inicio del juicio prometido a La Gaceta para Octubre se postergaría otra vez y van…).

El fiscal federal general Gustavo Gómez reactivó la causa por el Robo de la Ciudad Universitaria al solicitar en abril pasado la detención de los procesados Juan Alberto Cerisola y los exfuncionarios Olga Cudmani, Osvaldo Venturino y Luis Fernando Sacca, como también de más de 20 empresarios tucumanos y la citación a indagatoria y posterior detención de la exRectora María Luisa Rossi, del director de Asuntos Jurídicos de la UNT desde 1999, Augusto González Navarro y del histórico secretario general del Rectorado, José Hugo Saab.

En aquella ocasión, Gómez se presentó ante el TOF para denunciar "una mora en la sustanciación de la presente causa, por lo que vengo a solicitar se instrumenten los medios pertinentes a fin de acelerar su tramitación" y en primer lugar "dado el estado de las actuaciones y en atención a las consideraciones que se desarrollaran infra, solicito se ordene la detención y prisión preventiva de Juan Alberto Cerisola, Luis Sacca, Olga Graciela Cudmani y Osvaldo Venturino". 

En ese marco, le pidió al Tribunal que instrumente las medidas necesarias para "imprimir celeridad al legajo" y disponer en una fecha inmediata la realización de las audiencias de juicio.

El fiscal Carlos Brito, en su dictamen de pedido de elevación a juicio de la causa el 25 de octubre de 2018, pone en tercer lugar "la disminución del porcentaje que debía recibir la UNT respecto del dinero proveniente del YMAD", por detrás de la administración fraudulenta por $60.000.000 de los fondos del plan de obras 2006-2009 con sobreprecios por $28.346.052,17 y de "las colocaciones financieras de los fondos provenientes del YMAD".

Brito en su dictamen sí reconoció el Robo de la Ciudad Universitaria al establecer que: “Ahora bien, merece especial análisis la conducta del ex Rector Juan Alberto Cerisola, al rubricar, como representante de la Universidad Nacional de Tucumán, el Convenio Nº 6 UNT - YMAD, de fecha 02/01/2008 en el que dio por satisfecha la obligación del YMAD de distribuir el porcentaje del 40% de sus utilidades, previsto en el art. 18, inc. "b" de la Ley 14.771, reduciendo el porcentaje al 20 % de manera arbitraria y sin un examen fundado de especialistas en la materia, es decir que no existe ningún antecedente y/o informe técnico que avalase tal decisión, advirtiendo además la llamativa fecha que se firmó".

Esta postura fue ratificada el 9 de abril de 2021, cuando el Tribunal Oral Federal de Tucumán ordenó la incorporación al expediente del acta 498/2007 del directorio de YMAD “como prueba instrumental” (sic) del latrocinio contra la UNT como así también añadió el acta 382/2017 del Consejo Superior de la UNT, resuelta en sesión secreta del 25 de abril de 2017.

Como ya publicara eltucumano.com, el Acta Nº 498 de YMAD incorporada al esquema probatorio federal, incrimina directamente a los ex rectores Rodolfo Campero y Mario Marigliano –ya fallecido- en la organización y promoción del robo del mega campus universitario  junto al entonces rector Cerisola.

En su pesquisa, Brito omitió la responsabilidad de los exRectores Rodolfo Martín Campero y Mario Marigliano-ya fallecido- por haber promovido el robo desde el directorio de YMAD tal lo prueba de manera indubitable el acta Nº498 de YMAD y cuyo contenido revela la entrega condicionada de fondos a la UNT “a cuenta de futuras utilidades líquidas” al falseamiento de la construcción de la Ciudad Universitaria de San Javier

Esta "extorsión financiera" por parte de YMAD, supeditaba el reparto de fondos a la universidad pública tucumana a que el entonces rector Juan Cerisola firmase un acta –ya elaborada en y por el directorio de YMAD y adjuntada al acta 498-. 

Con la firma del acta YMAD de aquel fatídico 2 de enero de 2008, el entonces rector Juan Cerisola falsamente dio por concluida y terminada la Ciudad Universitaria de San Javier -unas 130 hectáreas parquizadas con más de 12 edificios de 7 pisos para 22 mil estudiantes, cientos de viviendas para profesores, Estadio para 30 mil personas, auditorio para 15 mil, Funiculares y Hospital, entre otros- que la Ley 14.771 ordena construir en el cerro San Javier con el 40% de las utilidades de YMAD y "conforme a los planos ya aprobados". 

El ardid se completó con el reemplazo de la Ciudad En San Javier por un plan de obras que devino en un escándalo de sobreprecios, colocaciones financieras y (des)manejo de los fondos de la UNT. Para el fiscal Brito, "el imputado (Cerisola) creó un mecanismo normativo paralelo, incumpliendo el sistema de contrataciones vigente, con la finalidad de eludir tos procedimientos contractuales que limitan la discrecionalidad en el uso de los fondos públicos, para evitar así la transparencia de los procedimientos, facilitando la arbitrariedad en la asignación de los contratos, reconociendo erogaciones no previstas, incluso eludiendo todo mecanismo que haya sido diseñado para garantizar que las contrataciones se realizaran bajo el dominio de los principios de razonabilidad, eficiencia, transparencia, publicidad, responsabilidad, concurrencia e igualdad que consagra la Ley Nº 13,064 y el Decreto 1023/2001 y que se constituye en el Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional".

Sin embargo, la pericia realizada por el Dr. Daniel Antonio Fontana, perito contador oficial del Cuerpo de Peritos del Poder Judicial de la Nación Especializado en Casos de Corrupción y Delitos contra la Administración Pública concluye que no existe faltante alguno en perjuicio del patrimonio dela UNT, lo que es un requisito indispensable para la tipificación del delito de defraudación a la Administración Pública. En ese sentido, Fontana y los equipos de peritos coincidieron en que no encuentran asidero jurídico o fáctico con los criterios utilizados por el fiscal Brito para determinar el presunto daño patrimonial, por lo que de ello se infiere que no existe tal reducción en las utilidades.

La localización de los planos dela Ciudad Universitaria, revelada por eltucumano.com, es una prueba insoslayable de que en el año 2006, al ingresar a las arcas universitarias las primeras regalías mineras provenientes de YMAD, el Rector Cerisola debiera haber requerido los planos que estaban bajo custodia de la UNT, y no reemplazarlos por un plan de obras de refacción gracias al accionar malicioso del Director de Jurídico de la UNT, Augusto González Navarro alias “Hochi”.

Tal como surgen incontrovertibles documentos oficiales obrantes en la causa, González Navarro adulteró la letra de la Ley 14.771 y omitió deliberadamente que la Ciudad Universitaria debía construirse "conforme los planos ya aprobados" en su dictamen ante la secretaría General de la UNT: "Las utilidades líquidas y realizadas que arrojen los balances se distribuirán en la siguiente forma (...) inc. b) el cuarenta por ciento (40%), será destinado para la terminación de la Ciudad Universitaria...".

Acta Nº498 del directorio de YMAD.

La omisión de González Navarro.

Los puntos suspensivos en lugar de la letra de la ley son toda una confesión de su delictivo accionar ya que allí debió decir: "conforme a los planos ya aprobados", planos que estuvieron ocultos por décadas hasta la investigación de eltucumano.com que los encontró recientemente.

Además, posibilitó que los fondos provenientes de YMAD ingresen a la UNT y puedan ser utilizados al margen de la Ley de Obras Públicas 13.064 -y el festival de sobreprecios y corrupción que habilitó y por el que están procesados 22 empresarios- al sostener que los fondos de YMAD eran de caracter privado y por ende podían ser utilizados de forma discrecional por el rectorado de la UNT.

González Navarro es responsable de equiparar la Ciudad Universitaria a una serie de obras de refacción. "Las remesas dinerarias originadas en la participación universitaria en YMAD deben destinarse a la construcción, remodelación, adquisición, locación, equipamientos y ornamentación de los espacios físicos destinados al desarrollo de las actividades que le han sido encomendadas por el art.75 inc- 19 de la Constitución Nacional, Ley 24.521 de Educación Superior, y por el propio Estatuto dictado en ejercicio de su autonomía".

"En este orden de ideas, la UNT puede válidamente aplicar los fondos recibidos en tal concepto a la compra o alquiler de locales físicos destinados al funcionamiento de sus Facultades, Escuelas, organismos o dependencias administrativas, puede disponer la remodelación o trabajos de refacción edilicia que resulten menester para su normal desarrollo, puede adquirir equipamientos necesarios para dotar a los mismos de las comodidades y requerimientos mínimos de funcionamiento (mobiliario de oficinas, equipos de aire acondicionados, de calefacción y computación), servicios de mantenimiento tales como instalaciones eléctricas, pintura, plomería y gas, etc.", remató quien aún sigue siendo el titular de la oficina que debe bregar por la legalidad en la UNT (6 de junio de 2007).

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