Estacionamiento medido: "Mantenemos la posición de que tiene que rescindirse el contrato"
Una comisión especial se reunió este miércoles para conocer detalles del sistema implementado por la Municipalidad de San Miguel de Tucumán. Desde la Defensoría del Pueblo realizaron una presentación judicial para conocer el contrato.
Este miércoles se reunió en el Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán una comisión especial para evaluar el sistema de estacionamiento medido implementado a mediados de julio.
Integrada por concejales y autoridades municipales, tiene como objetivo conocer a fondo el sistema que es cuestionado por los ediles peronistas que insisten en que el contrato que el municipio firmó con la firma Tecno Agro Vial se encuentra viciado.
“La función de la reunión es en respuesta a un pedido que se hizo de la Defensoría del Pueblo, que mandó una invitación para exponer sobre las diferentes situaciones que hacen llegar los vecinos”, comenzó el concejal Ernesto Nagle. y agregó: “Hemos escuchado la exposición del Defensor Adjunto del Pueblo, donde expuso las quejas de los vecinos y cómo está funcionando la empresa y la opinión del pliego”.
En ese sentido, explicó que “hay planteamientos de los vecinos donde se toma la chapa, y se cobra un valor de 800 pesos. Por ahí la gente lo plantea pero no lo presenta como es debido”, señaló.
“Tenemos noticias de que ingresó la respuesta de Alfaro. entró por mesa de entrada, pero aún no fue leída. Pasamos a una reunión para el próximo miércoles con la explicación del intendente. Seguimos manteniendo la posición de que tiene que rescindirse el contrato. Está viciado de nulidad absoluta”, cerró para luego asegurar que en la próxima sesión se va a presentar una resolución para que se rescinda el contrato.
Por su parte, el Defensor Adjunto del Pueblo, contó que “la justicia corrió traslado para que la municipalidad de el informe correspondiente porque no teníamos el contrato y lo acerque a la cámara contenciosa”.
“Al haber tanta gente afectada, hemos tomado intervención, y viendo que surgen dudas en cuanto a la contratación, no teníamos el contrato así que el ingeniero Cobos decidió iniciar una acción judicial de certeza, para que la ciudadanía tenga conocimiento del contrato que se lleva a cabo”, finalizó.
