Piden Juicio Político a jueces de la Corte y un camarista en causas que involucran a una periodista

El pasado viernes ingresaron en la Legislatura de Tucumán dos pedidos de Juicio Político que conmocionaron al Palacio de Justicia: el abogado Alfredo Falú, por un lado, apuntó contra el camarista Enrique Pedicone por su accionar en la causa Factor SA; mientras que los Caciques del Consejo del Pueblo Diaguita solicitaron la destitución de la presidenta de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, Claudia Sbdar, y del juez del máximo tribunal Daniel Posse por su accionar en el juicio por Prescripción Adquisitiva que impulsa Giselle Susana Courtade contra la Provincia de Tucumán. 

 

El abogado Falú solicitó la "destitución y declaración de incapacidad para ocupar cargos a sueldo" del camarista Enrique Pedicone por "actos reprochables" en la causa "Factor S.A. s/asociación ilícita y otros delitos" donde se investiga al directorio de la firma por "reiteración de estafas organizadas cometidas en perjuicio de clientes de la empresa en operaciones de compraventa de vehículos con financiación, lo que encuadraría en las figuras de estafa, usura, evasión tributaria y asociación ilícita".

 

El escrito presentado por Falú recuerda los antecedentes de la causa "Benito, Antonio Damaso s/estafa y retención indebida de documentación" y que allí "se determinó que en Factor SA se adulteraron las fechas de contratos de prenda y de pagarés extendidos por clientes para asegurar el pago de los saldos de precios de los vehículos adquiridos para eludir la prescripción de las acciones ejecutivas y lograr que prosperaran sus reclamos judiciales mediante el engaño a los jueces de documentos y locaciones intervinientes".

 

El letrado Falú señaló que Factor SA "sería una empresa familiar de padres e hijos" y apunta que una de sus accionistas, Irene Benito, es al mismo tiempo  "quien se encarga de la cobertura de las noticias relacionadas al mundo judicial local del principal medio periodístico de Tucumán, La Gaceta SA". En ese sentido, recordó la causa "Benito, Giselle Irene y García Posse, Ramón Francisco s/defraudación art. 173 vict. Colegio de Abogados de Tucumán" en la que apunta que "los hechos parecen demostrar" que la citada periodista "integraría un grupo con varios otros participantes en el que por dinero, intercambio de favores, cuestiones personales u otros motivos a determinar, ésta tergiversa sus notas periodísticas en beneficio de los integrantes de dicho grupo y en perjuicio de quienes ellos entienden que se interponen a sus intereses" y aclara que "entre los que se puede citar a la mayoría de integrantes del MPF, del MPD y de aquellos que tengan o hayan tenido alguna relación con el Gobierno de Tucumán, del que dicho grupo es opositor".

 

"Es evidente que el accionar de Irene Benito de escribir o interceder en notas periodísticas sobre los magistrados que actúan o resuelven las causas penales o juicios civiles en los que son parte sus familiares directos o la empresa de la que es o era accionista, resulta a todas luces antiética", remarca el abogado, además de subrayar que en la causa Factor SA "se intentó desplazar al Dr. Maggio con el increíble argumento que Irene Benito fue autora de notas periodísticas críticas al mismo en La Gaceta, lo que es una desfachatez e inadmisible abuso de su posición en dicho medio, puesto que implica la afectación a su arbitrio de la imagen pública de magistrados en la prensa masiva para después intentar utilizar ese argumento para apartarlos, dejando a quienes considera afines o proclives al intercambio de favores, como sería el caso del Dr. Enrique Pedicone, quien intervino en la causa Factor favoreciendo escandalosamente a la familia de Giselle Irene Benito...mientras la periodista antes y después de ello intentó alevosamente promover la imagen pública de dicho magistrado en el medio para el que presta servicios".

 

La denuncia de Falú señala la existencia de "un grupo caracterizado por el intercambio de favores que estaría integrado por Irene Benito, Fransico García Posse, Arnaldo Ahumada, entre otros a determinar" al que "evidentemente se agregó a partir del año 2015 el denunciado Dr. Pedicone, quien es un reconocido enemigo del Ministro Público Fiscal Dr. E. Jiménez; tal como se desprende de la denuncia formulada por éste que motivó la causa 'Pedicone, Enrique s/violación de los deberes de funcionario público art. 248 CP'".

 

El denunciante sostiene que en la causa Factor SA "el Dr. Pedicone pretendió impedir la investigación que por ley le cabe al Ministerio Público Fiscal, declarando ab initio, es decir, antes de investigarse, la inocencia de los acusados de hechos graves y reiterados". "Esto es realmente inadmisible. No se trata de una interpretación de la ley dentro de los márgenes posibles, sino de una abierta afrenta a la ley y a su espíritu que frustra el sentido del sistema penal", advierte la denuncia de Falú.

 

"El Dr. Pedicone favoreció a la familia de su aliada G. Irene Benito y a la empresa Factor SA de la que ésta es o era accionista junto a su familia en el marco del intercambio de favores", recalca Falú, y señala que "no sorprende que unos meses después G. Irene Benito participe de un descomunal despliegue periodístico por una insólita denuncia del Dr. Pedicone en contra del Dr. D. Leiva en base a unas supuestas grabaciones clandestinas e ilegales, y por una inverosímil denuncia de acoso sexual en contra del Dr. D. Estofán quienes como miembros de nuestra Corte Suprema se atrevieron a "apercibir" al protegido Dr. Pedicone luego de que éste intentara celebrar la señalada audiencia indebida en los pasillos de tribunales".

Los pedidos de destitución se resolverán de ahora en adelante en la comisión de Juicio Político del parlamento tucumano que preside el legislador Zacarías Khoder

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El mismo viernes, en tanto, los Caciques del Consejo del Pueblo Diaguita Santos Eugenio Pastrana, Rolando Florencio Frejenal, Jonathan Edgar Rueda, Antonio Guillermo Carrazano solicitaron a la comisión de Juicio Político de la Legislatura de Tucumán la remoción por el Jurado de Enjuiciamiento de la Dra. Claudia Beatriz Sbdar y del Dr. Daniel Oscar Posse, presidenta y vocal de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán respectivamente, "por falta de cumplimiento de los deberes de su cargo", además de "ignorancia inexcusable, actos de parcialidad manifiesta, reiteración de irregularidades en el procedimiento" en el juicio que Giselle Susana Courtade, madre de La periodista de La Gaceta Irene Benito, impulsa contra la Provincia de Tucumán por la prescricpión adquisitva de un inmueble en La Quebradita, Tafí del Valle.

 

El origen del planteo proviene del accionar de los miembros del máximo tribunal en el juicio "Courtade Giselle Susana vs Provincia de Tucumán s/prescripción adquisitiva" en el que -acusan- resolvieron "hacer lugar a la demanda en clara violación a la norma adjetiva y de fondo y en especial a los derechos de raigambre constitucional de los pueblos originarios". La sentencia de la Corte Suprema lleva las firmas de la presidenta Sbdar y del vocal Posse, pero también de su par Antonio Estofán, quién no es mencionado en los pedidos de destitución presentados.

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Los Caciques señalan que "la Sra. Courtade Gisell Susana inicia juicio en contra del Superior Gobierno de la Provincia de Tucumán con el fin de que se declare que ha adquirido por prescripción adquisitiva  un predio ubicado en la zona de La Quebradita  – Tafi del Valle" y reprochan que en el accionar de los magistrados "no se tuvo en cuenta que el predio objeto del juicio es parte del territorio comunitario y fue objeto del Relevamiento Jurídico – Catastral realizado en el marco de la ley 26.160, relevamiento que se da por cumplido mediante Resolución N° 339/16  del INAI, que dispone asimismo reconocer la ocupación actual, tradicional y publica de la Comunidad Indígena Del Pueblo Del Valle De Tafi, perteneciente al pueblo diaguita  y a pesar de ser de ello el proceso comentado, fue tramitado solapadamente y sin que la comunidad no tuviera conocimiento".

 

Además, los caciques señalan que "es inaceptable que una construcción en estado de total abandono sea considerado un acto posesorio" y que "igualmente llama poderosamente la atención la integración de la corte para emitir fallo en el presente caso, siendo para esta parte nulo de nulidad absoluto denotando a todas luces una parcialidad manifiesta".

 

"La sentencia recaída en el caso bajo análisis fue suscripta por tres de los cinco miembros, no teniendo en cuenta que, al ser un asunto de competencia originaria, frente a la excusación de dos de sus miembros debía necesariamente integrarse en el número correspondiente para emitir un pronunciamiento jurisdiccional válido, violándose de esa manera la letra del Art. 18 de la Ley orgánica del Poder judicial", afirmaron.

 

"Es de público conocimiento el reclamo de nuestra comunidad indígena sobre las tierras de propiedad histórica -de carácter “ancestral”- que fueron objeto del relevamiento técnico, jurídico y catastral realizado en Tafi del Valle y  aprobado por Resolución N° 339/16  del INAI   siendo el fallo en análisis un nefasto antecedente  a nuestra lucha de que el estado genere  las condiciones tendientes a la instrumentación del reconocimiento de la posesión y propiedad comunitaria. En este caso como en muchos otros existió por parte de los operadores judiciales un gran desconocimiento del derecho indígena y que, en los hechos, es nula la aplicación de la justicia comunitaria indígena, siendo un claro indicador que la comunidad no es respetada como tal", subrayaron.

 

Los Caciques sostienen que "los lineamientos jurídicos defendidos mediante el voto de los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Tucumán  en el caso de comentado, resultan abiertamente contrarios a los lineamientos y exigencias fundamentales del derecho internacional y del derecho constitucional argentino sobre los pueblos originarios y no cabe duda que estos magistrados han incurrido así en un inaceptable mal desempeño de sus funciones, traduciéndose a la postre como una falta de cumplimiento de los deberes a su cargo. Los Jueces denunciados han frustrado gravemente “el ejercicio de los derechos y garantías de la Constitución y de los Tratados Internacionales” demostrando una parcialidad a favor de la actora.  Sin dudas, esta conducta es impropia y contraria a aquella que debe esperarse de los magistrados del más alto Tribunal de la Provincia".

 

"Los hechos relatados precedentemente evidencian a todas luces, una falta de idoneidad profesional y ética que se requiere para seguir ejerciendo el rol de Ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Tucumán. Por todo lo expuesto, consideramos configurada la causal establecida en el artículo 47 de la Constitución de la Provincia de Tucumán, que habilita la apertura del procedimiento en la Honorable Legislatura de Tucumán de avanzar en el  proceso de destitución", remataron.

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Consultada por eltucumano sobre las acusaciones en su contra, la periodista de La Gaceta respondió: "Creo que no soy fundamental en esta trama, sino los funcionarios públicos denunciados, a menos que los juicios políticos en realidad busquen la condena del periodismo que ejerzo".

La Gaceta recordó este lunes que al solicitar Benito a la Fiscalía de Mariana Rivadeneira que archive las causas en su contra, esgrimió que "la difusión de causas penales de interés público, y de casos de corrupción política y judicial son la razón de ser de los delitos que el abogado Alfredo Falú le imputó".

"Basta con leer la denuncia para advertir muy claramente que a lo que verdaderamente se refiere el abogado Falú es a mi labor en LA GACETA, en especial cuando menciona los casos ‘Rigourd’, ‘Teves’, ‘Pedicone’ y ‘Mayol’, en los me imputa actitudes ‘tendenciosas’ y ‘maliciosas’", retrucó.

En ese sentido, recalcó que "lo que el denunciante expone como si fueran ‘delitos’ son informaciones, opiniones y comentarios críticos que LA GACETA brindó a sus audiencias en el seguimiento de procesos judiciales sensibles. En esos casos las publicaciones fueron consensuadas y acompañadas también por notas de opinión de otros periodistas. ¿Cuáles podrían ser las razones para que LA GACETA no haya tenido que publicar nada al respecto?".

"Se trata de actuaciones donde intervinieron altos magistrados judiciales. No fueron hechos inventados por LA GACETA y por ninguno de sus periodistas, sino que realmente existieron. Además, fueron noticias publicadas no solo con mi firma, sino también con las de otros dos colegas (Federico van Mameren y Álvaro Aurane)", precisó.

Continúan los ataques a la libertad de prensa y de expresión por el periodismo independiente que hacemos en @LaGacetaTucuman. Irene Benito y su familia no importamos: importan el oficio, y su compromiso con la verdad y la república. https://t.co/WNqMxaRWlL

— Irene Benito (@i_benito) February 8, 2021

El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) alertó que la denuncia de Falú contra Benito "sólo busca criminalizar el periodismo profesional y cercenar la cobertura de hechos de trascendencia pública", y repudió "el acoso judicial y la campaña de hostigamiento a la que viene siendo sometida la colega por sus investigaciones" con el que "se pretende utilizar el sistema judicial de Tucumán para callar voces críticas".

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) expresó su preocupación por las denuncias contra Benito y destacó que "sus investigaciones sirvieron para destapar uno de los mayores escándalos que involucran a la justicia y la política en la provincia de Tucumán".

Por su parte, la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) manifestó su preocupación por las denuncias y resaltó que "la periodista tucumana cubre uno de los mayores escándalos de corrupción político-judicial de la historia de su provincia".