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Efecto Pandemia: ¿vuelven a circular los bonos en Tucumán?

ECONOMÍA EN CUARENTENA

El gobierno provincial evalúa alternativas de financiamiento ante la caída de la actividad económica por el coronavirus, el sostenido rojo en las cuentas, la “cláusula gatillo”, la inflación y la baja de la coparticipación. Abril, mes clave.





La caída sostenida de 20 meses de la coparticipación federal por debajo de la inflación –en valores constantes-, la baja en los ingresos propios (sobre todo en Ingresos Brutos), la vuelta de la “cláusula gatillo” y finalmente la recesión y el freno brutal a la economía por la pandemia de Coronavirus encendió la luz de alarma en los despachos oficiales tucumanos y aceleraría la reaparición de los bonos provinciales, cuasimoneda que tuvo protagonismo desde 1985 hasta el 2003.

Condicionado por la necesidad imperiosa de un auxilio financiero del Gobierno de Alberto Fernández, el de Juan Manzur es uno de distritos ahogados por la asfixia de cuentas potenciada por la pandemia que no descarta la posibilidad de recurrir a las polémicas cuasimonedas o bien a su versión digital: las criptomonedas.

A partir de abril, incluso las provincias más equilibradas en sus cuentas, enfrentarán dificultades para cubrir los gastos corrientes. Con este telón de fondo, desde algunas provincias sugieren la vía de asistir a los gobernadores con Aportes del Estado Nacional (ATN), pensados para situaciones de emergencias.
“La recaudación se cae vertiginosamente y es imprescindible alguna medida compensadora de Nación, dado que provincias y municipios no tienen potestad de emitir y sí tienen crecientes demandas de servicios, no sólo los sanitarios”, aseguraron desde un despacho provincial al diario Ambito Financiero.

En el mismo sentido, el diario La Nación consignó que “intendentes y gobernadores buscan emitir criptomonedas”.


Tucumán, en rojo

A comienzos de año, el Gobierno Nacional de Alberto Fernández auxilió financieramente a Tucumán con $ 1.000 millones a través del decreto 24/2020.

En febrero, la coparticipación de impuestos nacionales a Tucumán (básicamente IVA y Ganancias) tuvo una pérdida de 7% frente a la inflación (crecieron sólo un 44,2% más en términos nominales frente a una inflación del 2% para febrero y un 51% interanual). En enero 2020 esta pérdida frente a la inflación fue del 17%, la mayor pérdida en transferencias de Coparticipación de los últimos tres años
Según el detalle de la Dirección Nacional de Asuntos Provinciales, en febrero ingresaron a las cuentas tucumanas $6.718.683,7 millones de pesos ($ 6.534.311 millones de origen nacional y $184.372 millones por compensación del Consenso Fiscal). Un año atrás se habían transferido $4.618.963 millones.
 
Hay que tener presente que las transferencias nacionales explican casi 7 de cada 10 pesos que ingresan al Estado tucumano.

A pesar de los números adversos, a fines de Febrero pasado, el gobernador Manzur restituyó la vigencia de la “cláusula gatillo” para actualizar el sueldo de los empleados estatales por inflación. Este aumento salarial permanente le exige al erario contar con $ 900 millones extras todos los meses.

Para el director del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), Nadin Argañaraz, “es significativo lo que pasa con la recaudación tributaria, relacionado con la dinámica de la actividad económica y el aumento de la evasión y de la morosidad que se ha dado en el último año debido a la recesión”.

“Eso afecta a la recaudación de Ingresos Brutos, que es la principal fuente de recursos propios de las provincias, y se está viendo una importante caída real de la coparticipación en los primeros dos meses del año, relacionada con la caída en IVA y Ganancias, que en gran parte es coparticipable”, explicó Argañaraz. Y advirtió que “esto está marcando una caída real del financiamiento de las provincias, que veo difícil que se recupere totalmente en lo que resta del año, y más en este contexto de incertidumbre global en el que estamos insertos es este momento”, enfatizó.


Cronología de los BOCADE en Tucumán

Los Bonos de Cancelación de Deudas (Bocade) fueron creados en 1985, mediante la ley 5.728, bajo el gobierno del desaparecido Fernando Pedro Riera. La primera emisión se hizo por 20 millones de australes. Los títulos eran al portador y tenían fecha de caducidad fijada para el 30 de noviembre de 1987. Los bonos no eran recibidos en todas partes y tenían parcial aceptación en comercios.

El ex gobernador José Domato (1987-1991) no aumentó la emisión. La recepción de los bonos ya se había ampliado y con ellos se podía comprar de todo dentro de la provincia.

El ex interventor Julio César Aráoz (1991) llevó la emisión a 21 millones de pesos.

El ex gobernador Ramón Ortega (1991-1995) llevó el circulante de Bocade a 80 millones de pesos.

El ex gobernador Antonio Domingo Bussi destruyó 50 millones de pesos en bonos en abril de 1997, pero en setiembre de 1999 autorizó una emisión de 65 millones de pesos.

El ex gobernador Julio Miranda efectuó en total 11 emisiones de Bocade. En 2001, la masa de bonos ascendía a 81 millones de pesos. En 2002 la cifra oficial en circulación era 169 millones de pesos.

En 2001 los bonos no sólo se aceptaban en todas partes a su valor nominal (uno a uno) sino que con ellos se podía comprar cualquier artículo y pagar todos los servicios.

Hacia fines de 2001, las empresas de servicios recibían sólo una parte del pago en bonos y después ya exigieron la totalidad de las facturas en efectivo. A partir de ese momento, comenzó la depreciación. Hasta ese momento, en no más de una decena de casas de canje -llamadas "cuevas"- se convertían los bonos en dinero real pagando una comisión del 3%. Pero desde diciembre de 2001, la depreciación de los Bocade elevó ese desagio al 6% primero y luego al 8%.

A inicios de 2002 la situación empeoró, junto con la grave situación política y económica que se vivió: el desagio alcanzó picos del 20%. Para cargar nafta con bonos había que pagar un sobreprecio de hasta el 15% y se dejó de recibir bonos para comprar cigarrillos. Aparecieron los precios diferenciales: un valor para el efectivo y otro -de entre un 10% y un 12% mayor- para los bonos.

A mediados de 2002, con la suspensión de la Operatoria FET (canje oficial), los bonos generaban más rechazo. La situación llevó a la renuncia al ministro de Economía, Joaquín Ferre. Su sucesor, Osvaldo Jaldo, logró renegociar con las empresas y recuperar la operatoria, lo que hizo bajar el desagio al 8%.

En Julio de 2003, los Bonos de Cancelación de Deudas (Bocade) de Tucumán dejaron de circular  tras 18 años de existencia, mediante el Plan de Unificación Monetaria del gobierno nacional que permitió retirar del mercado 169 millones de pesos en títulos con quitas del 9% para los tenedores minoristas y hasta el 13,5% para los mayoristas.