Caso Lucía: Denuncian a la ministra Chahla y a efectores del SIPROSA
niñas, no madres
Organizaciones en defensa de los derechos de las mujeres exigieron la exoneración de los profesionales de la Salud que obstaculizaron el acceso a los derechos de la niña embarazada por una violación. Exigen investigación por parte del Estado
Oganizaciones sociales y feministas protestan frente al Siprosa el día en que le practicaron la cesárea a "Lucía".
Un conjunto de organizaciones en defensa de los derechos de las mujeres denunciaron este lunes a los profesionales de la salud que intervinieron y obstaculizaron el acceso a la interrupción legal del embarazo a "Lucía", la niña embarazada por una violación intrafamiliar. Piden la exoneración de la ministra de Salud, Rossana Chahla y el secretario Ejecutivo del Sistema Provincial de Salud, Gustavo Santiago Vigliocco, entre otros.
La denuncia por las violaciones a los derechos humanos de “Lucía”, que configurarían Tortura fue realizada ante el Gobierno de Tucumán por parte del Comité de América Latina y el Caribe por la Defensa de los Derechos de la Mujer de Tucumán (CLADEM Tucumán), Abogadas y Abogados del Noroeste por los Derechos Humanos y Estudios Sociales (ANDHES), el Colectivo Ni Una Menos Tucumán, y organizaciones Feministas, de Derechos Humanos y políticas.
El resto de los profesionales de la salud afectados por la denuncia, son la directora del Hospital Eva Perón, Elizabeth Ávila, la Jefa del Servicio de Tocoginecología, Tatiana Obeid, y la junta médica firmante del Informe Médico que determinó que la niña. en caso de continuar el embarazo con controles prenatales adecuados y periódicos, "no tendría mayores complicaciones que la población en general".
"La Junta desconoció que las adolescentes menores de 16 años corren un riesgo de defunción materna cuatro veces más alto que las mujeres de 20 a 30 años, y la tasa de mortalidad de sus neonatos es aproximadamente un 50% superior, según el consultor en salud de los adolescentes James E. Rosen, que está cargo de un estudio de investigación del departamento de Reducción de los riesgos del embarazo de la Organización Mundial de la Salud", señalaron las organizaciones denunciantes en un comunicado.
Además, ponen de relieve que el de "Lucía" configura un caso de embarazo infantil forzado porque la niña quedó embarazada producto de una violación y se le obstaculizó la interrupción de ese embarazo. En este sentido, se trata de un caso que visibiliza la cantidad de violencias a las que es sometida una niña embarazada. De este modo, exigieron que el Estado investigue y "deslinde responsabilidades y exonere a los profesionales de la salud denunciados y que actuaron contrario a la ley. "El pedido de esta medida tiene como fin garantizar que casos como el de Lucía no se repitan y que todas las niñas, mujeres y personas gestantes que quieran acceder a la Interrupción Legal del Embarazo en casos amparados por la ley puedan hacerlo sin obstáculos ni dilaciones".
