Eudoro Aráoz: "hay un incumplimiento de la finalidad social de las viviendas"
CASO IPV
El legislador se refirió a una nota publicada en este diario en la edición del 24 de febrero de 2018, en la que se informa sobre el déficit habitacional de la provincia y el asesoramiento legal de los damnificados por los falsos gestores.
El legislador del bloque UCR, Eudoro Aráoz se refirió a una nota publicada en este diario en la edición del 24 de febrero de 2018, en la que se informa sobre el caso de los falsos gestores del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV).
En esa nota la secretaria de Gobierno, Carolina Vargas Aignasse, recomendaba a las personas estafadas que “busquen asesores letrados despojados de intereses políticos porque si no se veían perjudicados”. En esa noticia, además, se informaba que los abogados que asesoraban a los damnificados trabajarían en un bufete del legislador Eudoro Aráoz.
Sin embargo, el funcionario aclaró que no ejerce la profesión de abogado desde hace algunos años, por lo tanto, no posee un bufete ni un estudio jurídico. “Tengo dada de baja la matrícula, no ejerzo la profesión ni de manera directa ni indirectamente. Además, tengo una incompatibilidad expresa como legislador para ejercer la profesión”.
En este sentido explicó que los letrados que están a cargo de la tarea de asesoramiento a las personas damnificadas por la estafa de los falsos gestores son Alberto Pombo y Juan Carlos Sánchez.
El Dr. Pombo trabaja en la legislatura y brinda asesoramiento de manera gratuita a las personas que resultaron perjudicadas para presentarlas como denunciantes en esta causa penal que tramita la fiscalía del Dr. Diego López Ávila. Por su parte, el Dr. Sánchez se encuentra enfermo y fuera de la provincia, por lo tanto, no se apersonó a la causa. Según informó Aráoz, Pombo tomó 309 denuncias y continúan recibiendo mensajes de WhatsApp de personas que quieren hacer sus denuncias.
En segundo lugar, se refirió al déficit habitacional que tiene la provincia “La falta de viviendas no se le puede imputar de forma alguna al Gobierno Nacional. Para hacer 50 mil viviendas en Tucumán se necesitan muchísimos años”, expuso.
Por último, explicó que estos falsos gestores aparecieron exponencialmente con las denuncias de los últimos meses, pero aparentemente actúan desde 2015 y tienen varios antecedentes. “Ya hubo denuncias contra el Instituto Provincial de la Vivienda algunos de ellos fueron cesanteados, a otros se les hicieron causas, muchos de ellos por vender viviendas del IPV. Hay un incumplimiento de la finalidad social”, relató.
Y agregó: "durante estos años ha sido de público conocimiento que personas allegadas al partido gobernante pudieron obtener fácilmente viviendas del IPV. Muchos de ellos sin haberse anotado para el sorteo. Según el informe de la interventora Noemí Ferrioli que data del 9 de febrero en Tucumán, hay 110.927 personas inscriptas desde el año 1984 para recibir viviendas. Sin embargo, hay muchísima gente que se inscribió mucho después, o no se inscribió, y obtuvo las viviendas".
Destacó que hubo una desvirtuación de la finalidad social del instituto provincial de la vivienda que esta dictado por la ley 3.619 "esencialmente es para personas con menores recursos, para que la vivienda contribuya al bienestar de la comunidad". Por esta razón se presentaron dos proyectos en la legislatura que ya se encuentran en distintas comisiones.
Por un lado, el proyecto de resolución busca crear una comisión especial de seguimiento de las investigaciones que se llevan adelante en la fiscalía 4 a cargo del Dr. López Ávila; para que se audite el funcionamiento del IPV para confeccionar un padrón con todas las personas damnificadas por estas estafas; para confeccionar el padrón con todas las personas inscriptas como solicitantes del IPV; para recibir la queja de los ciudadanos que prueban que se han inscripto y que no figuran como tales, entre otras cuestiones.
Por otro se presentó un proyecto de ley para que un 20 % de las viviendas que se construyen en el instituto se destinen a los damnificados por las estafas y que de ese porcentaje una parte vaya para las que no pueden cumplir los requisitos exigidos por el IPV”, concluyó.
