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Quieren sentar a Alperovich en el banquillo de los testigos del caso Lebbos

JUICIO ORAL

El ex gobernador está habilitado para atestiguar desde su domicilio o por escrito, sin tener que comparecer ante el tribunal ni responder a preguntas de abogados. Son 15 las interrogantes que podría tener que responder. El defensor de Eduardo Di Lella ─ex secretario de Seguridad alperovichista e imputado en la causa que investiga el encubrimiento del crimen de Paulina Lebbos─ interpuso un pedido de anticonvencionalidad a fin de contar con la presencia del actual senador en el proceso judicial que dará inicio a comienzos del próximo año.

José Alperovich, gobernador de Tucumán entre 2003 y 2015. FOTO: Clarín





José Alperovich, ex gobernador de Tucumán entre 2003 y 2015, será uno de los testigos que brindarán su testimonio en la causa que investiga la muerte de la joven Paulina Lebbos. Sin embargo, el artículo 230 del Código Procesal Penal de Tucumán (CPPT) le permitirá cumplir con la obligación judicial desde su domicilio o por escrito, lo que genera preocupación en una de las partes involucradas en la causa que comenzará a ser resuelta a principios de 2018.


El CCPT tucumano exime de prestar testimonio en presencia del tribunal a autoridades y funcionarios de gobierno de alto rango, pertenecientes al Poder Judicial, Nación, Provincia o a las Fuerzas Armadas. Según la importancia que se atribuya al testimonio, estas personas podrán declarar en su residencia o por informe escrito bajo juramento. En caso de atestiguar en sus domicilios, no podrán ser interrogados directamente por las partes ni por sus defensores. En su rol de asesor del Poder Ejecutivo provincial, el ex gobernador califica como beneficiario de la norma. Es posible renunciar al beneficio.


Esta situación preocupa a Gustavo Morales, abogado defensor de Eduardo Di Lella, ex secretario de Seguridad de Alperovich y uno de los imputados en la causa que investiga el encubrimiento del crimen de la joven Lebbos.


"No se le puede preguntar a un papel", reclama Morales a eltucumano.com. El letrado explica que interpuso un pedido de anticonvencionalidad, ya que el Código Procesal Penal provincial viola dos tratados internacionales.


Tanto la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José) en su artículo 8.2.F, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su artículo 14.3.E, defienden el derecho a hacer interrogar a los testigos en presencia de un tribunal.

- Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José)


Artículo 8. Garantías Judiciales.
f) derecho de la defensa de interrogar a los testigos presentes en el tribunal y de obtener la comparecencia, como testigos o peritos, de otras personas que puedan arrojar luz sobre los hechos.


- Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos


Artículo 14
3. Durante el proceso, toda persona acusada de un delito tendrá derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas:
e) A interrogar o hacer interrogar a los testigos de cargo y a obtener la comparecencia de los testigos de descargo y que éstos sean interrogados en las mismas condiciones que los testigos de cargo.


De prosperar el pedido del defensor, Alperovich deberá comparecer ante el tribunal durante el juicio oral para responder al menos 15 preguntas que tienen que ver con sus declaraciones sobre la identidad del asesino de Paulina (realizadas en abril de 2006), la reunión mantenida con el entonces fiscal Alejandro Noguera, un presunto encuentro con el médico y actual presidente de la Mutualidad Pronvincial Víctor Daniel Deiana ?acusado por Morales de haber cortado uñas y restos de cabellos de Paulina luego de examinar el cuerpo? y sus razones para no poner a disposición los datos y pormenores de la investigación.


"Algo que es cave, la reunón con Noguera: participan personas ofrecidas como testigos. Estaban familiares de Alperovich y funcionarios. En esa reunión, que no estaba Di Lella, es donde se idea toda esta trama de encubrimiento", asegura Morales, que además apunta contra dos de los tres jueces que tendrán a su cargo la resolución de la causa: Dante Ibáñez y Carlos Caramuti, ambos designados por el ex mandatario provincial. Completa la terna del tribunal el juez Rafael Macoritto. "Espero que los jueces tengan la valentía de citarlo a declarar", expresó.


El defensor de Di Lella nombra además a otros cuatro ex funcionarios y autoridades durante el alperovichismo como "grandes encubridores". Se trata de Edmundo Jiménez, ex ministro de Gobierno y Justicia y actual ministro fiscal; Luis Dimitri, ex ministro público fiscal; Alfredo Dato, ex presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia; y Mario López Herrera, ex ministro de Seguridad tucumano.


"Hay cuatro grandes encubriores: Jiménez, Dato, Di Mitri ?que sabía de Noguera? y López Herrera ?que es querellado por Lebbos y, sin embargo, al igual que Di Lella, no fue recibido como testigo", asegura.



Las preguntas a Alperovich por el crimen de Paulina


El sitio web Contexto pubicó este miércoles las 15 preguntas que el abogado Gustavo Morales, defensor del ex secretario de Seguridad de Alperovich, Eduardo Di Lella, le formulará al ex gobernador en caso de que se haga lugar al pedido de inconvencionalidad. Las interrogantes fueron confirmadas por el letrado a eltucumano.com:


1. Que ratifique o rectifique sus declaraciones públicas del 26 de abril de 2006, en las que aseguró: "Ya se conoce al verdadero asesino (de Paulina Lebbos) y forma parte de una banda. No puedo dar nombres. Pero existen pruebas de quién fue y quién tiró el cuerpo. Todos irán presos, porque aquí no se protege a nadie. No protejo a nadie, y si tiene que ir preso mi papá, va a ir. He llegado limpito a ser gobernador y no le debo nada a nadie. No importa que sea un barrabrava, ni quien sea. Saben perfectamente que les vamos a caer con todo el peso de la ley. A mi no me van a prepotear".


2.  Que diga de quién fue la idea de reunirse en su domicilio particular con el entonces fiscal Alejandro Noguera, quien se encontraba a cargo de la investigación por la desaparición de Paulina Lebbos.


3. Que diga quién se comunicó y a través de qué medio con el fiscal para que concurriera a su domicilio particular.


4. Que diga cuánto duró esa "reunión" y quiénes estaban presentes.


5. Que diga si en dicha "reunión" estuvieron presentes o no su cónyuge Beatriz Liliana Rojkés y sus hijos Gabriel, Daniel y Sarita.


6. Que diga si los integrantes de la Corte Suprema de Justicia o alguno de sus vocales y el entonces ministro fiscal Luis De Mitri tuvieron conocimiento previo de la "reunión" en su domicilio particular con el fiscal Noguera.


7. Que diga si participó de la "reunión" el doctor Eduardo Di Lella.


8. Que diga quién se desempeñaba como secretario de la Gobernación en ese momento.


9. Que diga quién se desempeñaba como interventor de la Mutualidad Provincial de Tucumán en ese momento.


10. Que diga si tiene conocimiento de que escasos días después de la desparición de Paulina Lebbos concurrieron su cónyuge Beatriz Rojkés junto al entonces ministro de Gobierno, Edmundo Jiménez, a la sede de la Mutualidad Provincial de Tucumán.


11. Que diga si tuvo o no contacto personal, telefónico o por interpósita persona con el médico Víctor Daniel Deiana entre los días 26 de febrero y 11 de marzo de 2006, con posterioridad a la aparición del cuerpo de Paulina Lebbos.


12. Que diga si tiene conocimiento y le consta dónde estuvieron sus hijos Gabriel y Daniel Alperovich los días 26 y 27 de febrero de 2006.


13. Que diga si tiene conocimiento desde qué fecha son mencionados sus hijos Gabriel y Daniel Alperovich como presuntos partícipes de la supuesta muerte de Paulina Lebbos.


14. Que diga cómo instrumentó la disposición de los fondos "para quien aportara datos fehacientes sobre el paradero de Paulina Lebbos", y si ha firmado o no el decreto 2412/7 de fecha 1° de agosto de 2006.


15. Que diga concretamente por qué no se puso a disposición de la investigación iniciada por la muerte de Paulina Lebbos si contaba con datos precisos y pormenores.


Los imputados


Por el encubrimiento de la muerte de Paulina Lebbos están imputados cinco ex funcionarios alperovichistas.


- Hugo Raúl Sánchez, ex jefe de la Policía.
Se lo acusa de haber dado la orden de modificar el acta en la que se documentó el hallazgo del cuerpo.


- Nicolás Barrera, ex subjefe de la Policía.
Según los policías que adulteraron el acta que documentó el hallazgo, fue quien dio la orden directa para modificarla.


- Héctor Rubén Brito, ex subjefe de la Regional Norte.
Era el encargado de coordinar a los policías de Raco que adulteraron el acta que documentó el hallazgo del cuerpo.


- Eduardo Di Lella, ex secretario de Seguridad.
Se lo acusa de adulterar la escena del crimen antes de la llegada del fiscal Alejandro Noguera.


- Hugo Waldino Rodríguez, ex sargento de la Policía.
Fue quien recibió el aviso de los baqueanos sobre el hallazgo del cuerpo. Se lo acusa de falso testimonio.


- Roberto Luis Gómez
Fue acusado de privación ilegítima de la libertad seguida de muerte y detenido en noviembre de 2013. Se lo vincula al asesinato de Paulina por haber tenido en su poder el celular de la joven, horas después de su desaparición.


La muerte de Paulina


Paulina Lebbos era estudiante de Comunicación en la Universidad Nacional de Tucumán. Tenía 22 años cuando desapareció, la noche del 25 de febrero de 2006. Había ido a bailar a un boliche del ex Paseo Abasto y, según el relato de su amiga Virginia Mercado, tomó un taxi y no volvió a su hogar. La búsqueda comenzó al día siguiente. El cuerpo de la joven fue hallado 14 días después, el 11 de marzo, en el kilómetro 3 de la ruta 341, en la localidad de Tapia.


Las pericias policiales determinaron que la joven murió por estrangulamiento manual el mismo día en que desapareció.


Desde el hallazgo comenzaron las dudas. Desde la Policía de Tucumán habían asegurado ser los descubridores del cuerpo por medio de rastrillajes, cuando en realidad fueron dos baqueanos que pasaban por el lugar los que divisaron los restos. Se adulteraron actas y fraguaron las firmas de un testigo para sostener la teoría. Finalmente el hecho fue descubierto y los responsables condenados por encubrimiento.