Según un informe, San Miguel de Tucumán presenta una profunda disparidad administrativa para habilitar negocios
Un estudio de IDESA y el BID midió el nivel de facilidad para tramitar habilitaciones, el acceso a guías claras y la integración de canales digitales a nivel municipal. Aunque la capital de Tucumán supera la media nacional para dar luz verde a comercios de baja complejidad, las trabas en proyectos de gran escala hunden su calificación a 28 puntos, impulsando reformas normativas locales.
Foto Prensa San Miguel de Tucumán.-
La apertura de un negocio en la Argentina refleja realidades sumamente dispares según el municipio en el que se intente radicar una inversión. Así lo demuestra el Índice FÁCIL Productivo 2026, un relevamiento elaborado por el Instituto para el Desarrollo Social Argentino con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo. El estudio evaluó la gestión administrativa en 30 municipios del país y puso de manifiesto que San Miguel de Tucumán es una de las ciudades con mayor diferencia interna en sus niveles de facilidad administrativa.
De acuerdo al estudio, en la capital tucumana, la experiencia del emprendedor cambia drásticamente según el rubro de la actividad. Para los comercios de baja complejidad, que abarcan locales como kioscos, farmacias, restaurantes, tiendas de indumentaria y prestaciones de servicios profesionales, San Miguel de Tucumán alcanza una calificación de 50,2 puntos. Este registro sitúa a la ciudad holgadamente por encima del promedio nacional para rubros simples, establecido en 40,2 puntos, gracias a canales de atención e información que facilitan la tramitación inicial para pequeños comerciantes.
Sin embargo, el panorama se modifica de forma severa cuando se trata de proyectos de mayor escala o complejidad técnica, tales como hipermercados, clínicas privadas, estaciones de servicio e industrias alimenticias o metalúrgicas. En estos casos, el puntaje de San Miguel de Tucumán cae a 28 puntos, una cifra que queda por debajo de la media nacional para actividades complejas, ubicada en 38,3 puntos.
El informe, publicado por Infobae, resalta que esta brecha de más de 22 puntos ubica a San Miguel de Tucumán, junto con el municipio bonaerense de Tigre, entre las jurisdicciones con mayores diferencias según el sector económico. Mientras que en trámites sencillos existen vías más ágiles, la habilitación de actividades complejas enfrenta cuellos de botella derivados de controles ambientales, certificaciones de bomberos y dictámenes técnicos que carecen de procedimientos digitales integrados y de guías de requisitos transparentes.
Esta disparidad contrasta con el desempeño de los municipios que lideran el ranking nacional. En Tres de Febrero, que encabeza la nómina con un puntaje general de 60,90 puntos, la diferencia entre negocios simples y complejos es reducida, registrando 63,7 y 57,2 puntos respectivamente. Un patrón similar de consistencia muestran la ciudad de Córdoba, que ocupa el segundo lugar con 59,03 puntos globales, y Santa Fe capital, con 53,97 puntos. En estas localidades, la implementación de plataformas de habilitación digital e instantánea, el pago electrónico de tasas y las guías detalladas evitan que la complejidad del rubro se traduzca en trabas burocráticas.
Por el contrario, los distritos situados en el fondo del ordenamiento exhiben deficiencias generalizadas en todos los rubros. La nómina de peores desempeños está integrada por Lanús con 28,04 puntos, Quilmes con 28,01, Avellaneda con 25,86 y Pilar con 20,93 puntos, este último caracterizado por una marcada falta de información pública accesible sobre costos y requisitos de habilitación. Asimismo, el estudio original contemplaba 31 municipios, pero debió excluir a José C. Paz por no contar con datos oficiales suficientes para auditar sus procedimientos.
En el plano general, la investigación revela problemas estructurales en la administración pública local. En el 85% de los trámites evaluados, los municipios exigen a los ciudadanos presentar documentos o certificados que el propio Estado municipal, provincial o nacional ya posee en sus bases de datos. Además, en el 70% de las localidades se requiere completar en promedio más de tres trámites previos antes de iniciar la habilitación, y en un 38% de los casos no es posible determinar con claridad de antemano el costo económico del procedimiento.
A nivel regional, las principales ciudades argentinas continúan alejadas de los estándares internacionales. Ciudades latinoamericanas como Santiago de Chile con 84,4 puntos, Montevideo con 78,1 y Bogotá con 77,6 superan holgadamente al municipio argentino mejor calificado. El estudio refleja las condiciones administrativas vigentes al 30 de mayo de 2026, ofreciendo una radiografía sobre los desafíos pendientes para modernizar la gestión local y fomentar la inversión productiva en el país.
Anuncio de flexibilización
Con el propósito de mitigar estas demoras y reducir la burocracia en la habilitación de locales comerciales, industriales y de servicios, la Municipalidad de San Miguel de Tucumán anunció en septiembre una modificación sustancial de su marco regulatorio. A través del Decreto N°0297/SIM/2026, firmado el 3 de septiembre, el Ejecutivo municipal reformó las disposiciones contenidas en las normas previas para adaptar los procedimientos a la realidad económica actual y dinamizar la actividad local.
Entre las principales innovaciones normativas, el decreto autoriza la presentación de un Informe Técnico Estructural, elaborado por un profesional colegiado y visado por la Dirección de Catastro y Edificación Municipal, como alternativa al Certificado Final de Obra o a la Carpeta Técnica de Defensa Civil. Asimismo, se modificaron los parámetros del Anexo I reglamentario para graduar la exigencia de documentación técnica en función de la superficie y el nivel de riesgo real de cada establecimiento, bajo principios de razonabilidad y proporcionalidad administrativa.
La medida municipal establece además un criterio de aplicación retroactiva beneficiosa: las nuevas disposiciones alcanzan a los expedientes de habilitación que se encontraban en trámite a la fecha de dictado de la norma, siempre que no contaran con resolución definitiva y el cambio resultara más favorable para el solicitante. Las autoridades locales aclararon expresamente que la simplificación de la documentación no supone una rebaja en las condiciones de seguridad urbana, manteniéndose plenas las facultades de inspección y fiscalización técnica del municipio.







