"Hay dolo y asociación ilícita": Rovelli pidió juicio político a Milei por el escándalo del oro del Banco Central

En diálogo con Gabriel Sanzano en La Tucumana de Mañana, el economista Horacio Rovelli lanzó una gravísima denuncia contra la cúpula económica del Gobierno nacional. Rovelli calificó como una "estafa directa", con "dolo" y "asociación ilícita" a las operaciones realizadas con el oro de las reservas del Banco Central de la República Argentina (BCRA). Según el análisis detallado del especialista, las maniobras secretas de venta y posterior recompra de los lingotes nacionales, sumadas a los costos de flete y seguros, provocaron una salida de dólares billete por 1.023,8 millones de dólares que terminaron beneficiando a bancos privados extranjeros, con el JP Morgan a la cabeza. Ante la gravedad de los hechos y la ocultación de información a los organismos de control, Rovelli solicitó la renuncia de las autoridades del Banco Central y reclamó el juicio político contra el presidente Javier Milei como máximo responsable de haber designado a los funcionarios ejecutores del fraude.

El economista repasó de forma cronológica cómo se gestó la sangría de las reservas nacionales. Todo comenzó entre junio y julio de 2024, cuando la Comisión Gremial Interna del BCRA advirtió la salida clandestina del metal precioso de las bóvedas. Ante la evidencia pública, un mes después el ministro de Economía, Luis Caputo, reconoció la operación alegando que se trasladaba para "obtener una renta". En total, se enviaron a Londres 37 toneladas de oro (equivalentes a 1,98 millones de onzas troy y al 60% del total de las reservas de oro del país), con un valor estimado en ese momento de unos 5.000 millones de dólares (con la onza por debajo de los 2.500 dólares).

Rovelli reveló que la intención inicial del Ejecutivo era usar ese oro como garantía de un préstamo financiero tipo REPO por 6.000 millones de dólares. Sin embargo, la maniobra se frustró cuando la jueza del Distrito Sur de Manhattan, Loretta Preska, solicitó un informe oficial sobre la ubicación exacta de los activos para evaluar su embargo. Al quedar el oro expuesto a ejecuciones judiciales por haberle dado un uso comercial fuera del país, la garantía fue descartada y los lingotes quedaron depositados en Gran Bretaña sin generar rendimiento alguno.

El momento más crítico de la estafa se produjo entre marzo y abril de 2025. Para contener la corrida cambiaria y achicar la brecha del dólar contado con liquidación (CCL), Caputo y el presidente del BCRA, Santiago Bausili, decidieron vender secretamente en el mercado cerca de 4.000 millones de dólares en oro a un precio de 2.500 dólares la onza troy. "Era el 'Triángulo de Caputo': los dólares salían del Banco Central pero no figuraban en los balances oficiales ni en las ejecuciones presupuestarias", denunció Rovelli.

La trampa se cerró en octubre de 2025, cuando el Banco Central se vio obligado a recomprar la misma cantidad de oro para restituir el respaldo de las reservas. Para ese entonces, la cotización internacional de la onza troy se había disparado a 4.500 dólares. La diferencia de cotización entre la venta barata y la compra cara generó una pérdida directa de 960 millones de dólares. A esa suma se le adicionaron 63,8 millones de dólares en concepto de fletes, seguridad, traslado y primas de seguro. "Tuvimos que pagar dólares billete del Banco Central por un total de 1.023,8 millones; perdimos el equivalente a tres veces lo que vale Aguas Argentinas", fustigó el economista.

Para el especialista, la maniobra adquiere un tinte criminal al observar la identidad de los beneficiarios y los antecedentes de los funcionarios. Rovelli recordó que Luis Caputo fue jefe de la mesa de dinero del JP Morgan durante 13 años, mientras que el presidente del BCRA, Santiago Bausili, y el vicepresidente, Vladimir Werning, también se desempeñaron en esa misma entidad estadounidense. "Ellos trabajaron para el JP Morgan y siguen trabajando para el JP Morgan. Le hicieron perder al Estado más de 1.000 millones de dólares para hacérselos ganar a sus exjuegos y socios", acusó.

Por último, el analista expuso la gravedad institucional del caso al revelar que el Banco Central le ocultó sistemáticamente los contratos a la Auditoría General de la Nación (AGN). Según testimonios calificados citados por el economista, cuando los auditores externos acudieron al Banco Central, ni siquiera les permitieron fotografiar con sus teléfonos celulares las pantallas que exhibían los acuerdos "col" (venta con compromiso de recompra). "Acá hay dolo, estafa, malversación de fondos públicos, abuso de autoridad, violación de la Ley de Ética Pública y asociación ilícita. Tienen que renunciar ya las autoridades del Banco Central e ir a la cárcel, y hay que hacerle juicio político a Milei porque es el responsable directo de haber puesto a estos delincuentes al frente del Tesoro y del Banco Central", concluyó.