Denuncian a la cúpula de Camioneros Tucumán por el presunto desvío de $70 millones

Una denuncia penal por presunta administración fraudulenta y encubrimiento fue presentada ante el Ministerio Público Fiscal de Tucumán contra integrantes de la cúpula directiva del Sindicato de Choferes de Camiones de la provincia. La presentación fue impulsada por Claudia Natalia Carrizo, afiliada y Secretaria de la Mujer, Familia, Derechos Humanos y Capacidades Diferentes de la propia comisión directiva de la entidad y representada por los abogados Juan Macario Santamarina y Gonzalo Ascárate. La acusación se centra en el presunto desvío de 70.727.060 pesos provenientes de dos convenios privados suscritos en julio de 2023 entre el gremio y la empresa Salta Refrescos S.A., sumas que no ingresaron a las arcas sindicales ni figuran asentadas en los libros contables ni en el balance del ejercicio correspondiente.

Los hechos que motivaron la presentación judicial se remontan a mediados de 2023, cuando la firma Compañía Industrial Cervecera S.A. interrumpió su vínculo comercial de distribución con Salta Refrescos S.A., lo que obligó a esta última a reestructurar su logística. En ese marco, el Secretario General del sindicato, César Gustavo Torres, y el Secretario Gremial, Luis Eduardo Barrionuevo, firmaron dos acuerdos con el apoderado de la distribuidora para compensar los daños producidos en los ingresos de la entidad sindical. El primer convenio se rubricó el 14 de julio de 2023 por un monto de 60.727.060 pesos, mientras que el segundo se firmó el 28 de julio del mismo año por 10.000.000 de pesos.

Según la documentación volcada en la causa, las indemnizaciones laborales individuales de los choferes y empleados afectados se cancelaron de manera directa en sus cuentas sueldo personales. Por ende, el dinero pactado en los convenios constituía un resarcimiento a favor del sindicato como persona jurídica. En declaraciones radiales a FM La Tucumana 95.9, Natalia Carrizo marcó esa distinción al señalar que "se le pagó la indemnización a los trabajadores, eso sí quiero aclarar, se le pagó, sí la pagó la empresa". No obstante, enfatizó que "lo que la plata no está es la plata que las empresas le da al sindicato en recompensación por esa pérdida que va a tener durante todos esos años".

La dirigente explicó durante la entrevista radial que la irregularidad se constató al revisar los registros oficiales de la institución. Carrizo sostuvo que "esta documentación, ese dinero no ingresó al sindicato" y añadió que "se hizo las averiguaciones correspondientes, no está en el balance, no está en el libro de acta ese dinero, los 70 millones no está". Asimismo, indicó que la empresa efectuó el pago correspondiente en instrumentos registrados con firma ante escribano público. Respecto al conocimiento interno dentro de la conducción, la representante gremial afirmó que "todos saben, todos están en conocimiento, todos sabían, todos hablaban de rumores, rumores, rumores", detallando que existían versiones de que "la plata la habían repartido entre algunos dirigentes que estuvieron ahí".

La acción judicial imputa como presuntos coautores del delito de administración fraudulenta al Secretario General, César Gustavo Torres, y al Secretario Gremial, Luis Eduardo Barrionuevo. A su vez, la denuncia atribuye la figura de encubrimiento al Secretario Adjunto, José Rafael González, por haber tomado conocimiento directo de la maniobra y optar por el silencio. Carrizo concluyó su intervención radial remarcando el perjuicio ocasionado a los trabajadores y dejando el avance de la causa en manos de los tribunales: "como afiliada, como trabajadora, yo lo único que quiero saber qué pasó con ese dinero y dónde está ese dinero", asegurando que "queda todo a mano de la justicia, ya está todo elevado, tienen toda la documentación correspondiente".