"La mitad son menores a $1.000": el Instituto de la Vivienda de Tucumán busca actualizar las cuotas de las viviendas
El Interventor del IPV, Hugo Cabral, aseguró que 10.000 beneficiarios pagan cuotas mensuales de menos de $1.000. A pesar de esto, hay un 40% de morosidad. "Todo eso se va a actualizar para que, con esos fondos, podamos seguir construyendo viviendas”, afirmó.
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El instituto de la Vivienda de Tucumán, anunció que se buscará actualizar el valor de las cuotas de las viviendas entregadas miles de tucumanos y que aún tienen cuentas activas con el organismo, ya que según el interventor Hugo Cabral, más de 10.000 familias pagan menos de $1.000 por mes.
Esta medida tiene el objetivo de recuperar el valor de los ingresos por las cuotas que deben afrontar los adjudicatarios y reactivar la construcción de barrios sociales en la provincia.
Sin embargo, a pesar del irrisorio monto por una vivienda, el funcionario aseguró que “la morosidad es alta, ronda el 40% de las cuentas activas”,
A esta situación, añadió el arquitecto, se suman otros factores que complican el financiamiento de nuevos proyectos, pero que el IPV está tratando de resolver mediante tres estrategias adoptadas desde su llegada al organismo, hace cuatro meses.
“Por un lado, estamos trabajando para que no quede nadie sin estar pagando. Estamos incorporando nuevas cuentas en barrios que, por distintos motivos, (no estaban abonando). En algunos 10, en otros 20, incluso barrios completos que desde hace muchísimos años nunca pagaron”, señaló Cabral en La Gaceta. Así, agregó, el objetivo es “aumentar el número de cuentas” activas ante el IPV.
En segundo lugar, mencionó los planes de pago para que los adjudicatarios en mora “se pongan al día”. “La semana pasada firmé 300 resoluciones de rescisión. Ya están siendo notificados”, afirmó el interventor del organismo. Aclaró que esos adjudicatarios “van a tener la posibilidad” de retrotraer la medida, “pero poniéndose al día”. Con estas medidas, consideró, “también vamos a bajar la morosidad”.
La tercera acción para recuperar los ingresos del Instituto Provincial de la Vivienda, añadió Cabral, pasa por los montos que abonan los adjudicatarios. “Estamos revisando toda la cuestión legal para poder actualizar las cuotas, que son irrisorias”, aseveró el funcionario.
En ese sentido, remarcó que “el 60% de las cuotas son menores a $1.000”. “La mitad de un café en un bar”, detalló. Cabral remarcó que este es un aspecto clave para poder desarrollar proyectos habitacionales. “Actualmente, tenemos un padrón financiero de 20.000 cuentas. Y unas 10.000 cuentas son con menos de $1.000 (mensuales). Todo eso se va a actualizar para que, con esos fondos, podamos seguir construyendo viviendas”, añadió el interventor de la repartición.
El interventor del Instituto de la Vivienda afirmó que el objetivo en lo inmediato es alcanzar las 5.000 casas sociales en desarrollo, para lo cual también resultará clave la inversión provincial en el barrio Procrear II. “En julio o agosto vamos a tener todas las obras públicas de vivienda reactivadas en la provincia, lo cual tal vez nos convierta en la única provincia del país en lograrlo”, destacó el funcionario.
Por otro lado, Cabral explicó que la primera etapa del Procrear II, para la cual está trabajando un equipo coordinado por los ministros Daniel Abad (Economía) y Marcelo Nazur (Obras y Servicios Públicos), contempla la ejecución de 507 viviendas e infraestructura, en un plazo de un año y medio. “Eso no quiere decir que vamos a esperar los 18 meses para empezar la segunda etapa”, aclaró Cabral. De todos modos, aclaró que los recursos para desarrollar el proyecto son aportados por el erario provincial. Una vez que se concrete la reactivación del barrio -suspendido desde el recambio de gestión en la Nación, con un avance promedio del 15%- se definirá “cómo van a ser las operatorias” para la inscripción, el sorteo y las condiciones de adjudicación.
El Gobierno provincial y los empresarios contratados para la ejecución del barrio Procrear II están llevando adelante los trabajos para la “provincialización” de la obra. La intención es concretar los pasos administrativos y legales para que los convenios rubricados en la implementación del programa (eliminado por decisión del gobierno de Javier MIlei) pasen a la esfera de la Provincia, que cuenta con normativas propias que regulan la obra pública. Para reactivar la primera etapa del barrio Procrear, según estimaciones de los empresarios, se necesitan unos $70.000 millones. Con estos recursos, se podrían llevar adelante las 507 viviendas iniciales. De todos modos, el “megabarrio” incluye más de 3.000 soluciones habitacionales, con unas 1.600 viviendas de tres tipologías (dúplex, tiras y torres), unos 1.400 lotes con servicios y 50 locales comerciales, además de la infraestructura y los espacios comunes.
