En momentos en que la Justicia federal lo investiga por trata de personas y lavado de dinero —y la provincial por asociación ilícita—, en el programa El Avispero, que produce La Bancaria en el multimedios Enterate Play 90.5 —la empresa que el propio Cisneros admitió tener—, el diputado nacional Carlos Aníbal Cisneros, secretario de Administración de La Bancaria admitió en vivo que es él quien decide qué plataformas de apuestas operan en la provincia. Precisó que las dos únicas plataformas en línea que autoriza la Caja Popular —Pálpitos y TucuApuestas— responden a un compromiso que atribuyó a Juan Manzur "con la iglesia" para resguardar a los jóvenes de la ludopatía. Es la misma lógica de "duplicación" del negocio que ya se había visto en 2006, cuando el gobierno de Alperovich duplicó el cupo de tragamonedas: el parque de máquinas de la provincia estaba entonces en manos de un puñado de familias históricas del rubro, entre ellas el clan Ale y el entorno de Roberto Sagra. Ante periodistas de su propio multimedio, Cisneros reconoció haber recomendado al interventor de la Caja, José César Díaz —el mismo abogado que hoy defiende a sus hijas contra este medio—, y haberle "transmitido el criterio" para habilitar esas plataformas. Sus propias declaraciones juradas entre 2019 y 2024 revelan que el patrimonio de Cisneros —empleado bancario en uso de licencia sindical— se multiplicó 12 veces en dólares: pasó de 2.266.226 a 465.711.724 pesos. Casi la mitad (46,5 por ciento) de ese patrimonio corresponde a una sola sociedad suya, Emprendimientos Argentinos SAS, de la que es socio único, creada en 2022 con la facultad estatutaria de "designar agentes y permisionarios para la comercialización de los juegos del Hipódromo de Tucumán" con autorización de la Caja Popular. Que la misma persona que controla la Caja y decide quién opera el monopolio estatal mantenga, a la vez, una sociedad para lucrar con el juego del Hipódromo es, para este medio, la conducta que el Código Penal contempla como negociaciones incompatibles (artículo 265) y tráfico de influencias (artículo 256 bis). Las pesquisas federales dan cuenta, además, del patrimonio de sus tres hijas: dos sociedades —la financiera Malaquita Sociedad de Responsabilidad Limitada y la turística Emprendimiento Turístico Sociedad de Responsabilidad Limitada—, al menos seis departamentos de categoría y, junto a su "hijo de cariño" Juan Federico Petraglia, el lujoso complejo La Madrina y el restaurante Muppa Cocina Ritual en Tafí del Valle —valuados entre 3,7 y 5 millones de dólares—, sobre un terreno a nombre de Petraglia, que ya acumula ocho inmuebles. Sobre Cisneros y su red se tramita en el fuero federal una causa por trata de personas —con pedido de indagatoria del fiscal Rafael Vehils Ruiz y prohibición de salida del país—; y por enriquecimiento ilícito, lavado de activos y falsedad ideológica. En el centro de esa red aparece el empresario Roberto Sagra, que controla las principales operadoras privadas del juego de la Caja Popular —Pálpitos, NovoPlay, Maverick y Brothering's—, documentadas por la prensa independiente desde 2006; el mismo circuito de negocios que el propio Cisneros integra desde Emprendimientos Argentinos y terminó de exponer con sus confesiones en Enterate.
