Marta, Cecilia y Mercedes Cisneros son socias del complejo hotelero La Madrina en Tafí del Valle —valuado en USD 3,7 millones junto al operador de su padre, Federico Petraglia—, de una financiera inmobiliaria con sede en el piso 9 de Muñecas 775 y de al menos seis departamentos de categoría en barrio norte. Su padre acumula 30 años al frente del monopolio provincial del juego en la Caja Popular de Ahorros como empleado bancario con licencia sindical y es hoy investigado por la Justicia federal y provincial por liderar una organización criminal con peso político y judicial propio. Para borrar las notas de eltucumano que documentan ese patrimonio, las hijas del sindicalista empresario presentaron una medida autosatisfactiva urgente invocando la Ley 26.485 de violencia contra la mujer. El mismo mecanismo utilizó José Hugo Saab, secretario general de la UNT por cuarenta años e investigado por el desvío de millonarios fondos mineros para intentar suprimir 372 notas de este diario (Expediente 972/26). Mientras que el juez Santiago Peral rechazó esa acción en todos sus términos, las Cisneros citan como precedente favorable el fallo que el juez Pedro Yane Mana —excandidato a legislador en la fórmula de José Cano a gobernador— dictó en diciembre de 2024, avalando la primera censura previa de la historia judicial argentina contra eltucumano, bajo la figura de "difusión abusiva de información aunque sea verídica" (SIC). La tergiversación sistemática de leyes pensadas para proteger a víctimas de violencia de género para vulnerar la libertad de prensa y evadir responsabilidades cívicas se configura peligrosamente como un arma de doblegamiento por parte del poder económico y paraestatal en esta provincia. Descargue el escrito de Las Cisneros en PDF.