La Justicia Federal tiene en la mira el extraordinario crecimiento patrimonial del diputado nacional de La Bancaria Carlos Cisneros, que puso a nombre de sus tres hijas una esquina millonaria sobre la Avenida Perón —pagada diez veces por debajo de su valor— pero se reservó para sí, de por vida, el derecho a cobrar todo lo que ese terreno produzca y la declaró como bien propio - falseando datos ante la Oficina Anticorrupción-. En Julio de 2017, Silvia Elías de Pérez encendió en La Gaceta un "escándalo" de corrupción en el Instituto de la Vivienda que terminó desguazando a Marán SRL Constructora —con sus dueños bajo proceso judicial—. Pocos días antes de los embargos judiciales por la quiebra de la constructora "favorita" del Instituto de la Vivienda con Alperovich, el clan Cisneros se quedó con el único activo valioso de la empresa y por un valor diez veces menor que el de mercado: 2.046 metros cuadrados sobre una esquina de la Avenida Presidente Perón, en Yerba Buena, que hoy —pruebas de mercado mediante— valen más de un millón de dólares. En Agosto, y en un mismo día, en tres escrituras gemelas: los dos lotes contiguos quedaron para María Mercedes, Cecilia Mariana y María Marta Cisneros —las tres hijas del diputado nacional Carlos Cisneros— y para la esposa del legislador Hugo Ledesma, su cuñado, investigado judicialmente por desviar 26 millones de pesos en mercadería de la Caja Popular durante su campaña electoral, cuando era subinterventor del organismo.

En momentos en que la Justicia federal lo investiga por trata de personas y lavado de dinero —y la provincial por asociación ilícita—, en el programa El Avispero, que produce La Bancaria en el multimedios Enterate Play 90.5 —la empresa que el propio Cisneros admitió tener—, el diputado nacional Carlos Aníbal Cisneros, secretario de Administración de La Bancaria admitió en vivo que es él quien decide qué plataformas de apuestas operan en la provincia. Precisó que las dos únicas plataformas en línea que autoriza la Caja Popular —Pálpitos y TucuApuestas— responden a un compromiso que atribuyó a Juan Manzur "con la iglesia" para resguardar a los jóvenes de la ludopatía. Es la misma lógica de "duplicación" del negocio que ya se había visto en 2006, cuando el gobierno de Alperovich duplicó el cupo de tragamonedas: el parque de máquinas de la provincia estaba entonces en manos de un puñado de familias históricas del rubro, entre ellas el clan Ale y el entorno de Roberto Sagra. Ante periodistas de su propio multimedio, Cisneros reconoció haber recomendado al interventor de la Caja, José César Díaz —el mismo abogado que hoy defiende a sus hijas contra este medio—, y haberle "transmitido el criterio" para habilitar esas plataformas. Sus propias declaraciones juradas entre 2019 y 2024 revelan que el patrimonio de Cisneros —empleado bancario en uso de licencia sindical— se multiplicó 12 veces en dólares: pasó de 2.266.226 a 465.711.724 pesos. Casi la mitad (46,5 por ciento) de ese patrimonio corresponde a una sola sociedad suya, Emprendimientos Argentinos SAS, de la que es socio único, creada en 2022 con la facultad estatutaria de "designar agentes y permisionarios para la comercialización de los juegos del Hipódromo de Tucumán" con autorización de la Caja Popular. Que la misma persona que controla la Caja y decide quién opera el monopolio estatal mantenga, a la vez, una sociedad para lucrar con el juego del Hipódromo es, para este medio, la conducta que el Código Penal contempla como negociaciones incompatibles (artículo 265) y tráfico de influencias (artículo 256 bis). Las pesquisas federales dan cuenta, además, del patrimonio de sus tres hijas: dos sociedades —la financiera Malaquita Sociedad de Responsabilidad Limitada y la turística Emprendimiento Turístico Sociedad de Responsabilidad Limitada—, al menos seis departamentos de categoría y, junto a su "hijo de cariño" Juan Federico Petraglia, el lujoso complejo La Madrina y el restaurante Muppa Cocina Ritual en Tafí del Valle —valuados entre 3,7 y 5 millones de dólares—, sobre un terreno a nombre de Petraglia, que ya acumula ocho inmuebles. Sobre Cisneros y su red se tramita en el fuero federal una causa por trata de personas —con pedido de indagatoria del fiscal Rafael Vehils Ruiz y prohibición de salida del país—; y por enriquecimiento ilícito, lavado de activos y falsedad ideológica. En el centro de esa red aparece el empresario Roberto Sagra, que controla las principales operadoras privadas del juego de la Caja Popular —Pálpitos, NovoPlay, Maverick y Brothering's—, documentadas por la prensa independiente desde 2006; el mismo circuito de negocios que el propio Cisneros integra desde Emprendimientos Argentinos y terminó de exponer con sus confesiones en Enterate.

El secretario Hugo del Sueldo Padilla denunció a los jueces subrogantes del Tribunal Oral Federal por ordenar un "operativo de limpieza" en el que se habrían destruido pruebas de casos abiertos como el robo de la Ciudad Universitaria a la UNT y la causa contra el Clan Ale por trata de personas y narcotráfico, en la que Susana Trimarco vinculó directamente a Carlos Cisneros.

El analista político advirtió en FM La Tucumana sobre el adelantamiento "al vicio" de la campaña electoral para 2027 y calificó como "irreparable" la pérdida de territorio del exgobernador Juan Manzur dentro del peronismo local.

La ex “Gran Hermano” utilizó sus redes para cruzar a la panelista que publicó imágenes de José Alperovich.

Este miércoles 3 de junio, en plaza Independencia, “Ni Una Menos” convocó a una nueva marcha bajo el lema "El Estado es Responsable" en el marco del brutal crimen de Agostina Vega. La movilización es convocada tanto por el movimiento feminista como por la Asociación Bancaria que responde a Carlos Cisneros. Para Ni Una Menos, la impunidad en Tucumán tiene nombres prohibidos: Burgos, el violador condenado que camina libre protegido por la Justicia y fue representado por la abogada y referente feminista Soledad Deza; Juan Andrés Robles, el abogado que defendió al asesino de Paola Tacacho y que fue encubierto en el documental ─guionado por Milagros Mariona─ sobre el crimen de la joven docente; y los jueces federales que permitieron el sobreseimiento de Felipe "El Militar" Sosa, el principal sospechoso del asesino de Érika Álvarez. En Tucumán no existe un registro público de condenados por violación, mientras que se desconocen actuaciones del Observatorio de la Mujer en los casos mencionados.

La empresaria fundadora de Los Balcanes y cónsul honoraria de la República de Croacia y socia de Carlos Cisneros expuso en las redes su plan secesionista para nuestro país -al que considera “maldito por Perón y la Eva”- en su carácter de propietaria del "ingenio más grande de todos" y fundadora de "una Universidad con 40 carreras". Hace un mes fue distinguida por el cisnerismo en la Legislatura y aplaudida por su red de medios: La Gaceta, Enterate y Tendencia de Noticias.

Tras una serie de reveses administrativos y el cerco del Tribunal de Cuentas, la nueva intervención de la CPA fulminó la designación en planta permanente del exinterventor José César Díaz ─realizada por el exsubinterventor de la CPA, Hugo Ledesma a pedido del exgobernador Juan Manzur─, señalando un "vicio en la finalidad" y una "desviación de poder" para asegurar su estabilidad tras dejar el cargo político, acumulando dos sueldos por un monto mensual de $30 millones mensuales. En paralelo,avanza una investigación interna por la percepción de haberes de Díaz durante una dudosa licencia por salud mental aunque sigue ejerciendo la abogacía de forma privada, defendiendo los intereses de las hijas del diputado nacional, Carlos Cisneros, ante un pedido de censura contra las notas de eltucumano.com que mostraban su millonario patrimonio. La Gaceta lleva dos semanas sin mencionar el caso a sus lectores.

La justicia sepultó la denuncia por estafa contra el entorno del exgobernador José Alperovich al confirmar la "no existencia de delito", tras una denuncia realizada por sus sobrinos. El fallo representa un colapso rotundo para la estrategia de la querella encabezada por Patricia Neme, la abogada de confianza del diputado y capo sindical Carlos Cisneros, quien enfrenta un pedido de indagatoria federal por el presunto delito de trata de personas con fines de explotación, derivada de la causa Vélez. La letrada y su colega José César Díaz perciben millonarios sueldos mensuales a pesar de encontrarse con licencias psiquiátricas en la Caja Popular de Ahorros mientras litigan causas privadas. A este turbio historial se suman antecedentes de grave negligencia profesional, como el dictamen que firmó y que dejó a la CPA en indefensión ante juicios de 1.400 millones de pesos por seguros que nunca existieron.

Por cuatro votos contra uno, los vocales Fernando Luis Poviña, Ricardo Sanjuan, Marina Cossio y Patricia Moltini dispusieron una medida cautelar que ordena a la Universidad Nacional de Tucumán abstenerse de receptar, tramitar, acreditar, exhibir y oficializar fórmulas para el Rectorado con candidatos que hayan cumplido dos mandatos consecutivos. La decisión deja en suspenso la inscripción de la fórmula Sergio Pagani-Mercedes Leal a cinco días de la Asamblea Universitaria del 20 de mayo y le retira la herramienta principal a José Hugo “el Gordo” Saab, Secretario General de la UNT, para perpetuar su control sobre la Casa de Altos Estudios y los millones de dólares de YMAD. Sólo votó en disidencia el vocal Mario Rodolfo Leal. Descargue el PDF de la sentencia al final de la nota.

El organismo desestimó las impugnaciones presentadas por la oposición al considerar que el nuevo Estatuto no prohíbe de forma expresa una nueva postulación del actual rector, a pesar de que en la última reforma se rechazó por amplia mayoría (79 votos contra 34) una propuesta para permitir el reinicio de mandatos. La resolución abre el camino para la Asamblea Universitaria del 20 de mayo, mientras los decanos Cabrera y Abdala buscan un freno judicial de última instancia.

El doble sueldo "fantasma" de José César Díaz no es un episodio aislado. El Tribunal de Cuentas de Tucumán lo declaró nulo con calificación de "desviación de poder", lo cuantificó en un perjuicio fiscal estimado superior a $700 millones y derivó las actuaciones al Ministerio Público Fiscal por "abuso de autoridad" y "violación de los deberes de funcionario público". La Gaceta —principal destinatario provincial de la pauta publicitaria de la Caja Popular y de las instituciones que conduce Carlos Cisneros— no publicó una sola línea en la semana siguiente al Acuerdo N° 1348. El silencio es la pieza más reciente del dispositivo que el diputado nacional y conductor de La Bancaria montó sobre la Caja Popular durante casi tres décadas: designaciones discrecionales sin concurso, primas multimillonarias por seguros sin póliza mientras se negaba la cobertura a familias de empleados muertos por COVID, sueldos pagados sin trabajo realizado, mercadería social desviada hacia campañas políticas, vínculos con la red histórica del juego ilegal junto a la familia Ale y al empresario Roberto Sagra, y una operación de hostigamiento al periodismo que documenta —cuatro acciones SLAPP contra eltucumano, pancartas callejeras y la marcha del 7 de mayo de La Bancaria con consignas dirigidas a periodistas y al juez Paz Almonacid, ninguna contra los acusados de la denuncia que la marcha decía defender—. La definición clásica de mafia describe una organización criminal jerárquica que opera con código de silencio, vínculos de parentesco, infiltración en la economía legal y en la política, y uso de la intimidación contra quienes la documentan. El cuadro que esta serie viene registrando reúne todos esos elementos. El doble sueldo de Díaz que La Gaceta hoy oculta a sus lectores es uno más.

El poder, el dinero, la corrupción, pero también el amor son parte del mundo que el escritor desnuda en su libro “Los azules”. Cómo contar la riqueza mientras nos empobrecemos, quiénes son los azules en Tucumán y la polémica acerca de la buena y mala literatura que se produce la provincia en la mirada sagaz y la lengua filosa de Diego Puig. Por Exequiel Svetliza.

El diputado nacional Carlos Cisneros convocó a un locro este 1° de Mayo a las 12:30 en el Club Caja Popular para presentar el sello partidario ACTIVAR. La sede no es propia: pertenece a la institución pública que conduce su entorno hace décadas y que el 9 de abril fue denunciada penalmente por su propia intervención por el esquema de Seguros Fantasma. La invitación oficial circuló esta semana por el Instagram de Hugo Ledesma —cuñado de Cisneros, candidato ACTIVAR 2023 e imputado por el Tribunal de Cuentas en $26,7 millones— y exige a los asistentes "solicitar la entrada al delegado o delegada". Es la misma mecánica de control que documenta el audio difundido en exclusiva por El Federalista, donde la dirigencia bancaria exige a las empleadas presencia obligatoria los días 7 y 8 de mayo "para apoyar a nuestra compañera Luli" y a "Carlos, que se ha puesto al frente de esta causa". Esos dos días son las fechas en que se resuelve la apelación que La Bancaria, como querellante, presentó contra el sobreseimiento de los jugadores de Vélez Sarsfield. Es decir: el sindicato del que Cisneros es Secretario de Administración Nacional opera como brazo procesal directo de la causa madre que originó la investigación federal por trata y asociación ilícita contra el propio Cisneros. En paralelo se desplegó una operación de escraches con pegatinas en CABA y Tucumán contra el director de este medio, Julio Valenzuela, identificándolo como "el quinto violador". Una empleada bancaria denunció públicamente en X la existencia de un sistema de extorsión a varones a cambio de no escracharlos en "causas inventadas".

La Junta Electoral de la UNT —a cargo del ultrasaabista Fernando Valdez— ignoró el Estatuto de la Casa de Altos Estudios y construyó una "doctrina" que pretende habilitar a Sergio Pagani a un tercer mandato consecutivo e ilegal. Quedan veintiún días hasta la Asamblea del 20 de mayo que elegirá rector por los próximos cuatro años. Lo que se firme en ese período incluye la recepción del 40% de los fondos mineros de YMAD, hoy redirigidos a una "nueva ciudad universitaria" de 135.000 metros cuadrados que no es la que manda la Ley 14.771 y que continúa la estafa perpetrada entre 2005 y 2008 por los ex rectores Marigliano, Campero y Cerisola —con el aval de José Hugo Saab y Augusto González Navarro y el encubrimiento de Adela Seguí, el fiscal federal Carlos Brito y el juez federal Fernando Poviña.

Alicia Valentina Ruiz de los Llanos, presidenta de la Red de Jueces, Fiscales y Defensores de la República, advirtió sobre el uso de afiches anónimos en Buenos Aires y Tucumán que buscan amedrentar a magistrados locales. Según la jueza, la logística detrás de los "escraches" evidencia un fuerte financiamiento orientado a condicionar causas sensibles.

Veinte años después del crimen de Paulina Lebbos, el fiscal Carlos Sale aseguró que la joven estudiante de comunicación fue asesinada por quien era su pareja. Además, desistió de acusar a Sergio Kaleñuk por falta de pruebas de que participó del homicidio, descarte del cuerpo o del encubrimiento.

El diputado nacional, propietario de Enterate, lanzó a sus alfiles mediáticos para librar la batalla en el único campo que puede manejar: el escrache y el escarnio mediático. Cualquier cosa menos enfrentar a la Justicia Federal. | Por Germán García Hamilton