Mi nombre es Margarita Dolores Belmonte. Soy esposa, soy madre y necesito que alguien escuche nuestra historia. No escribo para pedir que nos crean a ciegas.
Rubén Zamora y Margarita Dolores Belmonte.
Un padre permanece detenido en Tucumán. Una madre fue detenida en Brasil. Sus tres hijos terminaron institucionalizados. La familia perdió su casa, sus terrenos y sus bienes. Y, mientras intenta reconstruir su vida, quedan preguntas sobre una causa penal internacional, documentos notariales cuestionados y pruebas que, según denuncia, todavía no fueron investigadas.
Mi nombre es Margarita Dolores Belmonte. Soy esposa, soy madre y necesito que alguien escuche nuestra historia. No escribo para pedir que nos crean a ciegas.
Escribo para pedir que alguien investigue. Que mire los expedientes, que contraste los documentos, que pregunte lo que nadie nos ha respondido y que escuche a todas las partes. Porque detrás de una causa judicial hay una familia que lleva casi cuatro años viviendo una pesadilla.
Llevamos casi cuatro años de agonía. Cuatro años en los que nuestra vida cambió por completo. Perdimos nuestra casa, nuestros terrenos, nuestros bienes y hasta cosas tan sencillas como los juegos y juguetes de nuestros hijos. Lo que habíamos construido durante años desapareció de nuestras manos y quedamos prácticamente sin nada.
Pero lo material no fue lo peor.
Nuestros hijos Rocío, de 16 años; Jazmín, de 14; y Justino, de 6, atravesaron la institucionalización cuando sus padres quedaron separados por dos procesos judiciales en distintos países. Su padre estaba detenido en Argentina. Yo terminé detenida en Brasil.
Durante ese período, nuestros tres hijos quedaron sin el cuidado cotidiano de ninguno de nosotros.
¿Cómo se explica el sufrimiento de un chico que no entiende por qué su familia desaparece de un día para otro? ¿Cómo se repara la angustia de una adolescente que ve derrumbarse su hogar, que escucha acusaciones contra sus padres y que siente que la sociedad ya la juzgó antes de conocer la historia completa?
Hoy estoy en Brasil con mis hijos, tratando de reconstruir una vida que ya no es la que teníamos. Rubén sigue detenido en Tucumán.
Nuestros hijos no quieren volver a Argentina. Perdieron la confianza. Sienten que fueron señalados y condenados socialmente por acusaciones contra sus padres, sin que nadie se detuviera a pensar qué estaban viviendo ellos. No es una decisión que pueda explicarse con una simple mudanza: es la consecuencia de una experiencia familiar que los marcó profundamente.
Mientras tanto, el tiempo pasa. Ellos necesitan crecer, estudiar, recuperar cierta tranquilidad y volver a sentirse seguros. Su padre continúa preso y nosotros seguimos buscando respuestas.
Para nosotros, estos cuatro años no son una cifra dentro de un expediente. Son cuatro años de separación, miedo, pérdida, incertidumbre y una vida que nunca volverá a ser exactamente la misma.Antes de todo esto teníamos una vida, una casa, bienes y proyectos. Nuestra empresa, DICOZA SRL, quedó asociada públicamente a acusaciones de estafa. La palabra
«estafadores» empezó a pesar sobre nosotros como una sentencia social.
Pero una acusación no debería reemplazar a una investigación. Y una familia no debería quedar destruida antes de que se esclarezcan todas las cuestiones relevantes.
No pretendo que un periodista ignore las denuncias contra nosotros ni que dé por cierta solamente nuestra versión. Le pido algo mucho más importante: que examine también lo que nosotros denunciamos, que compare los documentos y que pregunte por las pruebas que reclamamos.
Porque hay otra parte de esta historia que consideramos fundamental: la pérdida de nuestra casa y de nuestro patrimonio, y el uso de documentación notarial que cuestionamos por la forma en que habría sido completada y utilizada.
Nuestra denuncia no se reduce a decir que una firma es falsa. El planteo es más específico y necesita una investigación documental seria.
Sostenemos que firmamos hojas en blanco para una finalidad determinada y que posteriormente esas hojas habrían sido utilizadas para instrumentar actos diferentes de los que habíamos consentido. Entre los documentos cuestionados hay instrumentos vinculados con la disposición de bienes y reconocimientos de deuda.
Por eso reclamamos que se examine la secuencia completa de los libros y protocolos notariales, no solamente una fotografía de una firma aislada.
Hemos pedido que se investiguen los libros y protocolos de las escribanías vinculadas a María Celeste Delloca, Alú y Navarro Muruaga. Queremos que se determine qué estaba escrito antes y después de nuestras firmas, qué asientos aparecen en las páginas anteriores y posteriores, cuándo se incorporaron los textos, quiénes intervinieron y si la cronología de las actuaciones es compatible con lo que se sostiene en los instrumentos.
También hemos señalado circunstancias que, a nuestro entender, merecen ser contrastadas con registros y otras pruebas, incluidas las relativas a nuestra ubicación en fechas relevantes.
La pregunta no es solamente quién firmó. La pregunta es qué documento se firmó, con qué finalidad, cuándo fue completado y si después se utilizó para un propósito distinto del consentido.
Son cuestiones verificables. Los libros, los protocolos, las fechas, los registros y las actuaciones judiciales deberían permitir reconstruir qué ocurrió.
Según nuestro relato, cerramos nuestra casa y al día siguiente ya estaba ocupada. En una declaración atribuida a Nayla Dip se habría referido que María Celeste Delloca ya dormía allí con su marido al día siguiente. También necesitamos esclarecer cómo se produjo esa ocupación, con qué documentación se justificó y cómo apareció posteriormente Pablo Azaña presentado como propietario.
No afirmamos que una persona sea culpable por aparecer mencionada en estos hechos. Pedimos que se investigue quién intervino, con qué documentación, en qué momento y bajo qué circunstancias se produjo la pérdida de nuestra vivienda.
Porque nuestra casa no era una cifra contable. Era el lugar donde vivían nuestros hijos. Era su habitación, sus juguetes, sus recuerdos y la seguridad de saber dónde iban a dormir.
¿Cómo pudo una familia perder su hogar de esta manera? ¿Qué documentos hicieron posible esa pérdida? ¿Se investigó suficientemente la secuencia en la que fueron confeccionados y utilizados?
Son preguntas que merecen respuestas respaldadas por pruebas.
En 2026 promovimos una denuncia penal en Tucumán, identificada como legajo S-052150/2026, contra personas mencionadas en la presentación por presuntos hechos de falsificación o adulteración de instrumentos públicos, conforme a la calificación consignada en ese legajo.
Según nuestra denuncia, han transcurrido meses sin que se concreten medidas que consideramos esenciales para esclarecer el origen, la secuencia y la utilización de la documentación cuestionada.
Nuestra preocupación es que el paso del tiempo termine haciendo más difícil reconstruir los hechos. Por eso queremos saber qué medidas fueron ordenadas, cuáles se realizaron, cuáles continúan pendientes y cuáles fueron rechazadas, si las hubo, y por qué razones.
También pedimos que se esclarezca el papel que tuvo cada persona mencionada en la documentación y en la pérdida de nuestros bienes. Si los documentos fueron confeccionados y utilizados correctamente, la investigación debería poder demostrarlo. Si hubo irregularidades, también deberían poder determinarse.
El fiscal López Ávila, a cargo de la fiscalía que interviene en la causa penal principal, es una de las autoridades cuya actuación y conocimiento de estos planteos deberían poder verificarse a partir de los expedientes y las constancias correspondientes. No pretendemos atribuirle una conducta ilícita sin pruebas; queremos que se conozca qué se investigó, qué se pidió, qué se resolvió y qué sigue sin respuesta.
También queremos saber si existen razones procesales concretas que expliquen por qué determinadas medidas no se realizaron o no avanzaron.
¿Por qué no se examina de manera completa la documentación que señalamos? ¿Qué explicación existe para las medidas pendientes? ¿Se investigaron todas las hipótesis relevantes o quedó alguna línea sin profundizar?
Son preguntas legítimas para cualquier investigación periodística sobre el funcionamiento de la Justicia.
Hay otro aspecto que creemos importante para comprender cómo se inició y se desarrolló la causa principal.
Nayla Dip aparece, según los antecedentes que hemos señalado, como denunciante y persona damnificada, y también como querellante. A la vez, sostenemos que se desempeñaba como prosecretaria dentro de la estructura fiscal vinculada con la investigación.
Esa coincidencia de funciones y posiciones merece ser reconstruida documentalmente. No afirmamos que por sí sola demuestre una irregularidad, pero sí consideramos necesario establecer cuál era exactamente su función institucional, qué intervención tuvo en las actuaciones, qué resguardos procesales existieron y cómo se garantizó la separación entre los distintos roles.
También queremos que se reconstruya qué medidas de investigación se solicitaron inicialmente en relación con otras personas y si algunas de ellas fueron posteriormente retiradas o dejaron de impulsarse. Si eso ocurrió, es importante conocer quién tomó esas decisiones, en qué momento y con qué fundamento.
No pedimos que se condene a nadie por una sospecha. Pedimos que se investigue la secuencia completa y que las decisiones queden explicadas.
Mi marido, Rubén Eduardo Zamora, fue detenido en Brasil el 25 de mayo de 2023. Su extradición a Argentina fue tramitada ante las autoridades brasileñas y llegó al Supremo Tribunal Federal de Brasil, en el expediente EXT 1820/DF, con intervención del ministro Gilmar Mendes.
Rubén fue entregado a Argentina el 18 de marzo de 2025 y llegó a Tucumán al día siguiente.
La cuestión central que pedimos que se investigue es concreta: ¿cuáles fueron exactamente los hechos por los que Brasil autorizó la extradición y cuáles son los hechos que actualmente se le atribuyen en Argentina?
Nuestra defensa sostiene que la documentación remitida a Brasil y la decisión del Supremo Tribunal Federal describieron de manera específica el episodio relacionado con Nayla Dip, mientras que otros nombres aparecían en listados sin que, según nuestro planteo, se hubieran narrado con igual precisión todos los hechos, fechas y circunstancias individuales. La defensa cuestiona que la acusación argentina haya terminado comprendiendo doce hechos y víctimas, incluidos episodios que ubica en 2021, con una reformulación de los cargos que fue admitida el 17 de septiembre de 2026. La calificación provisoria comunicada comprende estafas reiteradas, en concurso real y en calidad de autor.
La familia sostiene que existe una diferencia sustancial entre el alcance de los hechos que Brasil habría autorizado y el alcance de la acusación que hoy se pretende sostener en Argentina. Esa diferencia debe verificarse cotejando el pedido original de extradición, sus anexos, la resolución brasileña y las decisiones argentinas posteriores.
No corresponde que un periodista dé por demostrada una violación del tratado sin examinar esos documentos. Pero tampoco corresponde ignorar la cuestión si existe una controversia concreta sobre los límites de la extradición.
El tratado de extradición entre Argentina y Brasil, aprobado en Argentina mediante la Ley 17.272, y el principio de especialidad plantean una cuestión jurídica que merece atención: en términos generales, la persona extraditada no puede ser perseguida por hechos distintos de aquellos que fundamentaron la entrega, salvo que se cumplan las condiciones y procedimientos aplicables.
Por eso hay preguntas que deben responderse con los documentos en la mano:
Estas no son preguntas abstractas. Pueden responderse cotejando expedientes oficiales de dos países.
El 27 de octubre de 2026, la Defensoría Pública de la Unión de Brasil presentó una petición en el expediente EXT 1820/DF ante el Supremo Tribunal Federal, dirigida al ministro Gilmar Mendes.
Según la información que tenemos, la presentación solicita que se comunique la cuestión al Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil, a fin de requerir información sobre el cumplimiento del principio de especialidad y las medidas adoptadas por Argentina.
Este movimiento es relevante porque muestra que la controversia sobre el alcance de la extradición llegó nuevamente al ámbito institucional brasileño. No significa, por sí solo, que el Supremo Tribunal Federal haya declarado que Argentina violó el tratado ni que haya concedido lo solicitado. Eso deberá verificarse en las actuaciones posteriores.
Pero sí abre una pregunta periodística importante: ¿qué está ocurriendo con una extradición internacional cuando la defensa sostiene que la acusación posterior excede los hechos autorizados por el Estado que entregó a la persona?
Nuestra defensa también cuestiona que el planteo de especialidad haya sido rechazado en Argentina con argumentos sobre la situación personal o nacionalidad de la persona extraditada. La corrección de ese razonamiento debe evaluarse a partir de la resolución íntegra, el tratado y la decisión brasileña.
El 28 de octubre de 2026 se rechazó, según nos informaron, un pedido para retractar la decisión que reformuló la acusación. La defensa busca impugnar esa resolución y sostener la relevancia federal de la controversia internacional.
Un periodista puede verificar cada uno de estos pasos. Puede obtener las resoluciones, consultar a los abogados, preguntar a los tribunales y requerir la posición de las autoridades brasileñas y argentinas.
No pedimos que se publique una conclusión anticipada. Pedimos que se investigue si el alcance de la acusación argentina respeta los límites jurídicos de la extradición concedida por Brasil.
Mi historia y la de Rubén quedaron atravesadas por procedimientos de extradición en dos países.
Yo fui detenida en Brasil el 5 de diciembre de 2025, cuando Rubén ya estaba detenido en Argentina. Nuestros hijos quedaron en una situación de extrema vulnerabilidad y atravesaron la institucionalización mientras ninguno de sus padres podía ocuparse de ellos de manera cotidiana.
Mi situación judicial siguió otro camino. Según los antecedentes que tenemos, las autoridades argentinas dejaron de mantener el pedido de extradición y en agosto de 2026 se dispusieron medidas que permitieron que yo permaneciera en Brasil con nuestros hijos.
Las actuaciones de mi caso, que tramitó ante el Supremo Tribunal Federal bajo el expediente EXT 1994/DF, también merecen ser examinadas para reconstruir por qué se solicitó mi extradición, qué medidas se adoptaron después y cómo se llegó a la situación actual.
No pretendo afirmar que ambos procedimientos fueran idénticos: deben analizarse sus respectivos expedientes. Pero es legítimo preguntar qué llevó a que nuestra familia quedara dividida entre dos países y qué consecuencias tuvieron las decisiones judiciales sobre nuestros hijos.
Mientras los adultos discutimos expedientes, recursos y competencias, hay tres chicos que tuvieron que atravesar la separación de sus padres, la pérdida del hogar y la mirada de una sociedad que, según sienten, ya los había condenado.
Ahora intento reconstruir nuestra vida en Brasil. Mis hijos necesitan estabilidad, educación y tranquilidad. Necesitan dejar de vivir bajo la sombra de lo que ocurrió.
Y su padre sigue detenido.
Durante el proceso, según relata Rubén, se le ofreció la posibilidad de un juicio abreviado (noviembre 2025). Él rechazó esa opción porque sostiene que no cometió los hechos que se le atribuyen y no quiere admitir hechos que niega haber cometido.
No corresponde afirmar que esa propuesta haya tenido una finalidad ilegítima sin pruebas. Pero sí es importante que se conozcan sus términos, las condiciones planteadas y las razones por las que la rechazó.
Cuando una persona detenida niega los hechos y cuestiona el alcance de la acusación, resulta fundamental que pueda ejercer su defensa y que los planteos relevantes reciban una respuesta fundada.
Rubén sostiene que no se demostró que hubiera recibido personalmente los fondos que se consideran objeto de las maniobras y que la pericia caligráfica que lo involucra se limitó a una firma. Estas afirmaciones deben contrastarse con el expediente completo y con la prueba de cargo, no aceptarse ni descartarse de antemano.
La pregunta periodística es si se investigaron suficientemente los movimientos de dinero, quién recibió cada pago, qué documentos respaldan cada operación y qué elementos concretos vinculan a cada acusado con cada hecho.
Porque una acusación que comprende múltiples episodios debe poder explicarse hecho por hecho, con pruebas que permitan establecer la intervención que se atribuye a cada persona.
No escribo para pedir un favor ni para conseguir que alguien condene a una persona desde una redacción. Escribo porque hay demasiadas preguntas que no sabemos cómo hacer escuchar.
Queremos que se investigue la pérdida de nuestra casa y nuestros bienes; que se examinen los libros y protocolos notariales; que se reconstruya la cronología de los documentos cuestionados; que se determine qué medidas fueron solicitadas y cuáles se concretaron; que se aclare la intervención de las personas mencionadas; que se conozca el alcance exacto de la extradición concedida por Brasil y se lo compare con los doce hechos atribuidos actualmente a Rubén.
Queremos saber qué ocurrió con las líneas de investigación que, según nuestra versión, dejaron de impulsarse. Queremos que se explique qué pruebas se produjeron, cuáles faltan y por qué.
Y queremos que se escuche a todas las partes, incluidas las autoridades judiciales, las personas mencionadas en nuestras denuncias y quienes puedan aportar documentación relevante.
Hay nombres, expedientes, fechas y documentos que pueden verificarse. No es necesario creerme a mí para empezar a investigar. Basta con revisar los registros y hacer las preguntas correctas.
Si las decisiones fueron correctas, la documentación debería permitir explicarlas. Si hubo errores u omisiones, una investigación seria debería poder identificarlos. Y si existen responsabilidades, deberán determinarse por los procedimientos correspondientes.
Lo que no podemos aceptar es que el paso del tiempo termine convirtiéndose en otra forma de silencio.
A veces pienso en todo lo que perdimos y me cuesta entender cómo llegamos hasta acá. Pienso en nuestra casa, en los terrenos, en los bienes que habíamos construido, en las cosas de nuestros hijos que quedaron atrás. Pienso en Rocío, Jazmín y Justino atravesando una situación que ningún chico debería vivir. Pienso en el día a día de una madre que intenta darles seguridad mientras su marido sigue detenido en otro país.
Pienso también en cómo una acusación puede convertirse en una condena social antes de que todas las preguntas hayan sido respondidas. Para muchas personas ya somos una etiqueta. Para nuestros hijos, esa etiqueta significó cargar con una vergüenza que no les correspondía.
No quiero que mis hijos crezcan creyendo que nadie escucha, que la verdad no importa o que las instituciones no tienen que explicar sus decisiones.
Quiero que puedan volver a confiar. Quiero que tengan la oportunidad de reconstruir su vida. Quiero que su padre pueda defenderse de las acusaciones que enfrenta con todas las garantías que le corresponden.
Y quiero saber qué pasó con nuestro hogar y nuestro patrimonio.
Casi cuatro años de agonía no se reparan con una nota periodística. Pero una investigación seria puede hacer algo que hasta hoy sentimos que nos falta: poner los documentos sobre la mesa, obligar a responder preguntas legítimas y permitir que se conozca una historia que va mucho más allá de una acusación penal.
Por eso recurro al periodismo.
No les pido que publiquen nuestra versión sin comprobarla. Les pido que la comprueben. Que accedan a los expedientes, que comparen las decisiones de Argentina y Brasil, que examinen los protocolos notariales, que consulten a las personas involucradas y que investiguen las medidas que siguen pendientes.
Mi familia ya perdió demasiado. Nuestros hijos ya atravesaron demasiado. Y mi marido continúa detenido mientras nosotros seguimos esperando respuestas.
Soy Margarita Dolores Belmonte. Soy la mujer de Rubén Zamora y la madre de tres hijos que merecen recuperar la tranquilidad.
No pido que nos declaren inocentes desde una redacción. Pido que nadie nos condene sin investigar y que nadie deje de investigar porque nuestra historia resulte incómoda. Porque detrás de los expedientes hay tres chicos que perdieron su hogar, una madre que intenta reconstruir su familia y un padre que sigue preso.
Y porque, después de casi cuatro años, todavía hay preguntas que merecen una respuesta. Estoy dispuesta a conversar con periodistas, aportar la documentación que esté a nuestro alcance y explicar nuestra historia. Podrán ser entrevistados los abogados en Argentina o Brasil. Queremos una investigación independiente, rigurosa y abierta a todas las partes.