Durante años se la presentó como la más restrictiva del mundo; hoy hizo algo más elocuente que cualquier eslogan: se puso a sí misma en pausa. | Por Alejandro Urueña
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El Parlamento Europeo aprobó la Ley de IA: medidas de simplificación y prohibición de desnudos falsos, por 423 votos a favor, 57 en contra y 174 abstenciones, la reforma ómnibus (un paquete único que modifica de una sola vez varias normas) de la Ley de Inteligencia Artificial REGULATION (EU) 2024/1689 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL. Durante años se la presentó como la más restrictiva del mundo; hoy hizo algo más elocuente que cualquier eslogan: se puso a sí misma en pausa. Sus ponentes lo dijeron sin eufemismos —estamos haciendo una pausa en la Ley de IA y reduciendo la burocracia— con un objetivo confeso: convertirnos en un continente de la inteligencia artificial. La norma más severa del planeta celebró su madurez aflojándose el cinturón.
Conviene mirar la letra. Las obligaciones para los sistemas de alto riesgo (los que pueden afectar la seguridad o los derechos de las personas: IA usada en salud, empleo o justicia) se aplazan hasta el 2 de diciembre de 2027 —y hasta el 2 de agosto de 2028 para los integrados como componentes de seguridad (piezas de IA de las que depende que un producto no cause daño)—; el etiquetado (la marca o sello que avisa que algo fue hecho por una máquina) de los contenidos sintéticos (textos, imágenes o videos generados por IA) se posterga hasta diciembre de 2026; se amplían exenciones a las empresas de mediana capitalización (firmas medianas, mayores que una pyme pero lejos de las gigantes) y se racionalizan controles. Todo bajo el paraguas de las medidas de simplificación y de la competitividad frente a EE.UU. y China. Hay, es cierto, un endurecimiento genuino y necesario: la prohibición de los nudificadores (aplicaciones que fabrican desnudos falsos de una persona sin su consentimiento) y del material de abuso sexual infantil generado por IA. Pero esa excepción virtuosa no hace más que iluminar dónde está, de verdad, el centro de gravedad de la reforma.
Conviene, además, descender al detalle dogmático, porque allí se juega lo decisivo. La reforma zanja la concurrencia normativa (la superposición de dos leyes sobre un mismo supuesto) entre la Ley de IA y la legislación sectorial de producto —señaladamente el Reglamento (UE) 2023/1230, de máquinas— mediante una aplicación del principio lex specialis derogat legi generali (la norma especial desplaza a la general): los productos de maquinaria con funciones de IA quedan sujetos únicamente a la normativa sectorial de seguridad, bajo la premisa —no del todo verificada— de que esta dispensa un nivel equivalente de salud y seguridad. En cristiano: si dos controles se superponen, se descarta el más nuevo —el único pensado para máquinas que aprenden solas— y se confía en el viejo, escrito para máquinas que no decidían nada; menos trámite hoy, un agujero de seguridad mañana. En paralelo, se estrecha la definición de componente de seguridad, de manera que las funcionalidades meramente asistivas o de optimización del rendimiento dejan de reputarse automáticamente de alto riesgo: una contracción del catálogo ratione materiae (por razón de la materia) que reduce el perímetro de tutela de la norma.
El detalle está en quién decide qué "solo asiste": una IA que "sugiere" una dosis o "recomienda" frenar también asiste… hasta que nadie revisa la sugerencia y la máquina manda de hecho; cambia la etiqueta, no el poder real. Se habilita, asimismo, el tratamiento de datos personales —incluidas las categorías especiales del artículo 9 del RGPD (datos sensibles: salud, origen étnico, convicciones, biometría)— cuando resulte estrictamente necesario para detectar y corregir sesgos: una excepción tasada al principio de minimización (art. 5.1.c del RGPD), supeditada al doble canon de necesidad y proporcionalidad y a garantías adecuadas. Impecable en el papel: usar tus datos más íntimos para que la IA no discrimine; pero abrir la puerta a recolectar salud, etnia o huella biométrica "por tu bien" es sencillo, y cerrarla, casi imposible: la excepción de hoy suele ser la regla de mañana. Se extienden, además, a las pequeñas empresas de mediana capitalización las exenciones moduladas que ya gozaban las pymes: cada vez más compañías "demasiado chicas" para cumplir del todo, con una pregunta incómoda detrás —¿se protege el crecimiento de la empresa o se desprotege al ciudadano que esa empresa toca?—. Y se centraliza en la Oficina de IA de la UE la supervisión de determinados sistemas de uso general, desplazando la competencia desde la fragmentación nacional hacia un control unitario. Cada una de estas piezas, impecable en su factura técnica, apunta en idéntica dirección: contraer la superficie de la obligación en nombre de la simplificación.
Y ese centro de gravedad delata el vicio de origen. Toda la arquitectura normativa se erige sobre lo que, parafraseando a Éric Sadin, cabe llamar una escala de riesgos (un sistema que clasifica cada uso de la IA según cuán peligroso se lo considere) —el saqueo de los datos personales, los sesgos discriminatorios (cuando el sistema reproduce prejuicios y termina perjudicando a ciertos grupos), la calificación social (puntuar a las personas según su conducta, como el "crédito social" chino)—. Nadie discute que sean problemas reales. Pero su enumeración opera como cortina: encubre las tres fracturas civilizatorias que avanzan sin freno en este preciso instante —la automatización galopante de los asuntos humanos, la atrofia de nuestras facultades más elementales y una sordera cada vez más densa entre los seres humanos—. Entretanto, la voluntad confesa es no frenar la innovación digital: justamente el impulso que alimenta y acelera esos procesos. Se legisla el síntoma cuantificable y se bendice, con la otra mano, su causa.
La pregunta que importa, en consecuencia, no es si esta simplificación le permitirá a Europa recuperar competitividad en la carrera global de la IA. Es si una norma cimentada sobre esa escala de riesgos está siquiera en condiciones de nombrar —ya no de conjurar— aquello que se evapora a su alrededor. La votación contestó por adelantado: una ley que se concede a sí misma una tregua para competir jamás podrá custodiar lo que el propio proceso disuelve. Le falta todavía el plácet del Consejo (la aprobación formal del Consejo de la UE, el órgano que reúne a los gobiernos de los países) para entrar en vigor; el texto, sin embargo, ya pronunció su sentencia. Y, sin proponérselo, dijo más sobre nuestra época que sobre la inteligencia artificial.
Por Alejandro Urueña: Ética e Inteligencia Artificial (IA) - Founder & CEO Clever Hans Diseño de Arquitectura y Soluciones en Inteligencia Artificial. Magister en Inteligencia Artificial.