Un especialista en análisis criminal confirmó en el debate oral que el recorrido del vehículo hacia Yerba Buena fue rastreado mediante correos electrónicos, cámaras municipales y la declaración del chofer. La Fiscalía solicitó prisión perpetua para el exmilitar Felipe Sosa y seis años de cárcel para los dos acusados de encubrimiento.
Este jueves 19 de noviembre se llevó a cabo una nueva audiencia del debate oral y público en el marco de la causa que investiga la muerte de Érika Antonella Álvarez (25), cuyo cuerpo fue hallado el pasado 8 de enero en un basural de la zona de Manantial Sur. La investigación está a cargo de la Unidad Fiscal de Homicidios I, conducida por Pedro Gallo, quien actúa acompañado durante las audiencias por las investigadoras Carolina Brito Ledesma y Giuliana Ricciuti. En el proceso se encuentran imputados el exmilitar Felipe Sosa (50), Justina Gordillo (48) y Jorge “Chicho” Díaz (41). Cabe recordar que, mediante un juicio abreviado, el pasado 29 de julio fue condenado el otro acusado, Nicolás Navarro Flores (37), a la pena de tres años de prisión.
Durante la rueda de testigos, un experto en análisis criminal del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF) declaró sobre los informes confeccionados que permitieron establecer el recorrido de la víctima desde su domicilio hasta la vivienda de Sosa, en la madrugada del 7 de enero de 2026, a bordo de un automóvil de una aplicación de viajes. El perito detalló también los resultados del análisis del teléfono celular del acusado y sus comunicaciones posteriores al hecho. Respecto al traslado, el investigador señaló que la revisión de las cuentas de correo electrónico de Álvarez permitió determinar que solicitó el viaje a las 3:37 desde su vivienda en Gerónimo Helguera 1701 (al 1500), en San Miguel de Tucumán, con destino a la casa de Sosa, ubicada en Santo Domingo 1100, en Yerba Buena, arribando unos 13 minutos más tarde. El vehículo fue localizado tras relevar las cámaras de seguridad del municipio e identificar al chofer, quien confirmó haber realizado el trayecto. El tribunal juzgador está integrado por los jueces Gonzalo Javier Ortega (presidente), Eliana Gómez Moreira y María Valeria Mibelli, y las jornadas continuarán con la declaración de más testigos.
Según la hipótesis del Ministerio Público Fiscal (MPF), formulada durante los alegatos de apertura, entre las 3:50 y las 7:00 del 7 de enero, Sosa se valió de una relación asimétrica de poder y de la situación de vulnerabilidad de la joven para golpearla con extrema violencia en las regiones craneofacial y cervical, provocándole la muerte por traumatismo. Por este hecho, la Fiscalía solicitó que el exmilitar sea condenado a prisión perpetua por el delito de “femicidio”, pretensión punitiva a la que adhirió la querella.
Asimismo, el representante del MPF requirió seis años de prisión de cumplimiento efectivo para Justina Gordillo por el delito de “encubrimiento por favorecimiento personal y real, triplemente agravado por tratarse de un hecho precedente especialmente grave, por actuar con ánimo de lucro y por su condición de funcionaria pública”. De acuerdo con la acusación, Gordillo mantuvo comunicaciones telefónicas con Sosa desde las 7:32 del 7 de enero y acudió a su domicilio en dos oportunidades ese mismo día, permaneciendo allí durante varias horas junto al acusado y Navarro Flores. Esa noche, Navarro se retiró con dos bolsas entregadas por Sosa para deshacerse de ellas, mientras que Gordillo se quedó en el lugar hasta la mañana del 8 de enero. La Fiscalía le atribuye haber colaborado en el ocultamiento del cuerpo, la eliminación de rastros y la desaparición del celular y elementos de la víctima. Además, sostiene que ayudó a Sosa a eludir la investigación y huir a la provincia de Buenos Aires facilitándole una motocicleta KTM el 9 de enero, dinero e información del proceso hasta su detención el 16 de enero, habiendo actuado con el propósito de obtener un beneficio patrimonial para sí y para el acusado.
En cuanto a Jorge “Chicho” Díaz, la Fiscalía solicitó también la pena de seis años de prisión efectiva por “encubrimiento por favorecimiento personal y real, agravado por tratarse de un hecho precedente especialmente grave”. La acusación señala que el 7 de enero, alrededor de las 15:17, Díaz llegó al domicilio de Sosa a bordo de una camioneta Chevrolet S10 perteneciente a la firma “Mundo Limpio”, donde colaboró con la limpieza del lugar, la eliminación de rastros del cuerpo y la desaparición del teléfono celular de la joven. Al retirarse, se llevó un estuche entregado por Sosa que contenía “una pistola Glock calibre .40, una escopeta calibre 12, 11 cartuchos calibre .40 y cuatro cartuchos calibre 12”, con el objetivo de ocultar dicho armamento.