En una nueva audiencia del debate oral, una profesional atestiguó que el exmilitar Felipe Sosa le otorgó a Justina Gordillo la gestión de sus empresas a horas del crimen. La Fiscalía y la querella solicitaron la pena de prisión perpetua para Sosa y seis años de cárcel para los dos acusados de colaborar en el hecho.
En el marco de una nueva audiencia del juicio oral y público por la muerte de Érika Antonella Álvarez, de 25 años, una escribana pública brindó su testimonio ante el tribunal. La testigo detalló que el 7 de enero del corriente año, el exmilitar Felipe Sosa, de 50 años y principal acusado de la causa, la contactó vía WhatsApp para solicitarle la confección de poderes sobre tres empresas de su propiedad, correspondientes a los rubros “seguridad privada y limpieza”, en favor de Justina Gordillo, de 48 años. Dichos documentos la autorizaban a realizar gestiones de tipo “bancarias y administrativas”. En la misma jornada también declaró la Secretaria de Superintendencia de la Corte Suprema, quien se desempeñaba como jefa directa de Gordillo en su rol de asistente. Para este jueves 19 de noviembre está previsto que presten declaración los expertos del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF) ante el tribunal presidido por el juez Gonzalo Javier Ortega e integrado por las juezas Eliana Gómez Moreira y María Valeria Mibelli.
Según la investigación a cargo de la Unidad Fiscal de Homicidios I, conducida por Pedro Gallo junto a las investigadoras Carolina Brito Ledesma y Giuliana Ricciuti, la madrugada del 7 de enero de 2026, alrededor de las 3:37, la víctima se retiró de su domicilio en Gerónimo Helguera 1701, en San Miguel de Tucumán, a bordo de un auto solicitado por Uber hacia la vivienda de Sosa en Santo Domingo 1100, en Yerba Buena, arribando unos 13 minutos más tarde. Entre las 3:50 y las 7:00, Sosa, valiéndose de una “relación asimétrica de poder y de la situación de vulnerabilidad” de la víctima, la golpeó con gran violencia en las regiones craneofacial y cervical, causándole la muerte por “traumatismo craneofacial y cervical”. El cuerpo de la joven fue hallado al día siguiente, 8 de enero, en un basural de la zona de Manantial Sur. Ante estos hechos, el representante del Ministerio Público Fiscal y la querella solicitaron que Sosa sea condenado a la pena de prisión perpetua como autor del delito de femicidio.
En cuanto a los otros dos acusados, la Fiscalía solicitó seis años de prisión de cumplimiento efectivo por el delito de encubrimiento. Para Gordillo, se requirió dicha pena por encubrimiento por favorecimiento personal y real, “triplemente agravado por tratarse de un hecho precedente especialmente grave, por actuar con ánimo de lucro y por su condición de funcionaria pública”. La acusación sostiene que mantuvo comunicaciones telefónicas con Sosa desde las 7:32 del 7 de enero y se presentó en su domicilio en dos oportunidades, colaborando en el ocultamiento del cuerpo, la eliminación de rastros y la desaparición del celular y pertenencias de la víctima. Además, le habría facilitado una motocicleta KTM el 9 de enero, dinero e información sobre el proceso para ayudarlo a huir a la provincia de Buenos Aires hasta su detención el 16 de enero, actuando con el propósito de obtener un “beneficio patrimonial”.
Por su parte, para Jorge “Chicho” Díaz, de 41 años, la Fiscalía solicitó seis años de prisión efectiva por el delito de encubrimiento por favorecimiento personal y real, “agravado por tratarse de un hecho precedente especialmente grave”. Se le atribuye haber acudido a la casa de Sosa a las 15:17 del 7 de enero en una camioneta Chevrolet S10 perteneciente a la firma “Mundo Limpio” para colaborar en la limpieza de la escena, la eliminación de rastros y la desaparición del teléfono. Asimismo, al retirarse se llevó un estuche que contenía una pistola Glock calibre .40, una escopeta calibre 12 y cartuchos para mantenerlos ocultos. En el marco de esta misma causa, el imputado Nicolás Navarro Flores, de 37 años, ya fue condenado el pasado 29 de julio a tres años de prisión mediante un “juicio abreviado”.