La Cámara baja debatirá este miércoles una amplia agenda parlamentaria que incluye el proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo sobre soberanía nacional, modificaciones a la Carta Orgánica del BCRA, acuerdos internacionales del Mercosur, convenios judiciales con la Ciudad de Buenos Aires y la inclusión de cooperativas en el marco pyme.
La Cámara de Diputados llevará a cabo este miércoles, a partir del mediodía, la que se prevé como la penúltima sesión del período ordinario. En el temario trazado para la jornada se destacan la iniciativa denominada Ley Malvinas o proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional, presentado por el Poder Ejecutivo, y la búsqueda de la sanción definitiva para la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA). La agenda se completa con el tratamiento de tratados internacionales, traspasos de competencias judiciales a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y una iniciativa vinculada al sector de las pymes.
El proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional fue enviado por el Gobierno en septiembre pasado y anunciado por el presidente Javier Milei por cadena nacional. La iniciativa obtuvo dictamen el 28 de octubre con las firmas de La Libertad Avanza y bloques aliados, tras ser analizada en las comisiones de Defensa, Relaciones Exteriores y Legislación Penal en debates de alta tensión. Durante las discusiones parlamentarias, la secretaria Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy, funcionaria afín al asesor presidencial Santiago Caputo, fue la principal representante del Ejecutivo encargada de defender el texto. A lo largo del trabajo en comisiones, el proyecto se amplió de 133 a 154 artículos. No obstante, la articulación de la norma continuó bajo negociación y se aguarda que se anuncien modificaciones durante la propia sesión.
Entre los puntos constitutivos de la iniciativa, el Título I, dedicado a la Defensa de los Recursos Naturales de la Nación, plantea derogar la Ley 26.659 sobre sanciones a la exploración y explotación de hidrocarburos en la Plataforma Continental Argentina, e introduce un nuevo régimen sancionatorio para cualquier aprovechamiento no habilitado de recursos naturales, renovables o no renovables. Desde sectores opositores se remarcó que únicamente este primer título se encuentra directamente vinculado con las Islas Malvinas. Por su parte, el Título II instaura el Sistema de Seguridad Nacional mediante la creación de un Consejo de Seguridad Nacional y prevé control parlamentario a través de una Comisión Bicameral de Seguimiento de Asuntos de Seguridad Nacional, organismo al que el consejo deberá remitir informes periódicos.
La propuesta abarca además capítulos vinculados a la protección de la soberanía aeroespacial, marítima, fluvial y lacustre, infraestructuras críticas, regímenes sancionatorios por amenazas a la seguridad nacional, revisión de inversiones extranjeras, modificaciones a la Ley de Defensa Nacional (23.554), el Registro Público de Personas y Entidades Vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET), y disposiciones transitorias. El Título VII, enfocado en el Fortalecimiento de la Soberanía en los Procesos Electorales, contempla multas severas a extranjeros sin residencia permanente y a personas jurídicas extranjeras que financien campañas electorales, fijando penas de 5 a 12 años de prisión a quien organice o financie campañas de injerencia extranjera. Aunque durante la firma del dictamen se exceptuó de estas sanciones a las actividades diplomáticas, la prensa, la investigación académica, la manifestación de opiniones de Estados extranjeros y la representación abierta de intereses, el título mantiene fuertes reparos entre bloques aliados que han exigido cambios o su retiro formal. Por modificar el régimen electoral, su aprobación en particular requiere una mayoría absoluta de 129 votos.
Respecto al BCRA, la Cámara de Diputados tratará los cambios remitidos por el Senado para convertir en ley la reforma de su Carta Orgánica. La norma fija como misión central del organismo la preservación del valor de la moneda nacional, eliminando los objetivos múltiples instaurados en 2012 bajo la gestión de Mercedes Marcó del Pont durante la presidencia de Cristina Kirchner, al tiempo que prohíbe de forma explícita la financiación al Tesoro Nacional. Asimismo, el texto dispone la eliminación de las reservas de libre disponibilidad, establece un nuevo esquema para la distribución de utilidades y define un mecanismo de cancelación progresiva para los adelantos transitorios y las letras intransferibles del activo del banco.
Si bien el proyecto original enviado a la Cámara alta proponía que las decisiones del Poder Ejecutivo sobre el nombramiento y la remoción del directorio del BCRA requirieran el aval de dos tercios de ambas cámaras del Congreso, el Senado modificó el texto por amplia mayoría para preservar la potestad exclusiva de la Cámara alta. De acuerdo con las modificaciones blindadas por el Senado que Diputados busca ratificar, la designación y remoción de los directivos se efectuará con la aprobación por mayoría absoluta de la Cámara alta, manteniéndose la facultad del Ejecutivo para realizar nombramientos en comisión mientras se tramite el acuerdo senatorial.
El orden del día de la sesión incluye adicionalmente el tratamiento de dos tratados internacionales: el Acuerdo de Libre Comercio entre el Mercosur y los Estados de la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA), y la Enmienda al Protocolo de Montevideo sobre el Comercio de Servicios del Mercosur. Por otra parte, los legisladores debatirán la ratificación de convenios suscriptos en julio entre la Nación y la Ciudad de Buenos Aires, referidos al Cuarto Convenio de Transferencia Progresiva de Competencias Penales y al Acuerdo de Transferencia de la Función Judicial en Materia Criminal y Correccional de Menores. Finalmente, el temario abarca un dictamen de modificación del artículo 2 de la Ley 24.467 de Marco Regulatorio de las Pequeñas y Medianas Empresas, que busca habilitar el acceso de las cooperativas al certificado MiPyMEs.