José Alberto Rojas, conocido como “Josecito”, continuará detenido mientras la Justicia avanza en la investigación por el homicidio de Iván Delgadino. El ataque ocurrió en la vereda tras una discusión entre ambos.
Un hecho de sangre registrado en la madrugada del domingo 15 de noviembre se cobró la vida de Iván Ulises Delgadino, de 34 años. El episodio ocurrió entre las 01:00 y las 02:00 horas en la vereda de una vivienda ubicada en la calle Manuel Alberti al 1300 (entre Chile y Bolivia), en el barrio Juan XXIII —conocido popularmente como “La Bombilla”—, en San Miguel de Tucumán.
En ese momento, la víctima se encontraba compartiendo en la galería de entrada de la propiedad junto al dueño de casa, José Alberto Rojas (31 años, alias “Josecito” o “Java”), y una tercera persona. Tras desencadenarse una discusión entre ambos, salieron hacia la calle. En la vereda, Rojas se aproximó a Delgadino con el claro propósito de matarlo y le asestó una puñalada en el hemitórax anterior derecho, a la altura del quinto espacio intercostal, utilizando un cuchillo que llevaba consigo. Delgadino cayó tendido en la vía pública y fue trasladado al hospital Centro de Salud, donde finalmente falleció a las 06:00 horas a causa de un traumatismo abierto de tórax por herida de arma blanca.
La causa quedó a cargo de la Unidad Especializada de Homicidios I del Ministerio Fiscal, conducida por el fiscal Pedro Gallo. Durante la audiencia formal, la auxiliar de fiscal Carolina Brito Ledesma imputó a Rojas por el delito de homicidio. Como elementos de prueba, la representación fiscal presentó las actas de la Brigada de Investigaciones de Lomas de Tafí y de la División de Homicidios, que incluyen la declaración de cuatro testigos presenciales que identificaron de manera directa al acusado.
Al momento de brindar sus datos personales ante el tribunal, Rojas declaró que la víctima era su amigo. Sin embargo, la fiscalía reveló que el imputado ya contaba con un antecedente penal reciente: el 12 de marzo del corriente año había sido condenado a tres años de prisión condicional por el delito de tenencia de estupefacientes, con reglas de conducta vigentes por dos años.
Ante el riesgo de fuga y de entorpecimiento de la investigación, la auxiliar fiscal solicitó la medida cautelar de prisión preventiva por cuatro meses. La solicitud fue avalada por la jueza interviniente al considerarla adecuada. Durante este plazo de reclusión, se llevarán a cabo diversas medidas de prueba pendientes, entre las que se encuentran el análisis de las cámaras de seguridad de la zona, la entrega del informe final de autopsia, los peritajes sobre las prendas secuestradas y las muestras tomadas al imputado, así como la búsqueda para hallar el arma homicida.