El legislador del bloque Cambia Tucumán brindó detalles en La Tucumana de Mañana sobre la acción judicial presentada ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación contra el artículo 90 de la Constitución provincial. Remarcó que el pedido no busca un impedimento personal hacia el gobernador, cuestionó la respuesta de la Fiscalía de Estado, diferenció la postura de La Libertad Avanza y estimó los plazos en los que se expedirá el máximo tribunal nacional.
El legislador Manuel Courel, referente del bloque Cambia Tucumán, dialogó con Ana Pedraza y Gabriel Sanzano a través del cronista Franco Carletto en La Tucumana de Mañana por FM latucumana 95.9 para explicar los alcances de la acción judicial interpuesta ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación por parte de los partidos Cambia Tucumán, PRO, Fuerza Republicana y CREO. Durante la entrevista, el parlamentario aclaró la naturaleza de la medida presentada en el fuero federal y desestimó que se trate de un embate personal contra el primer mandatario provincial. "No son los legisladores los que hemos presentado esta demanda, sino los partidos políticos. Aclaro también que no es una demanda contra Osvaldo Jaldo personalmente; nosotros no estamos buscando un impedimento puntualmente, sino que pedimos que la Corte Suprema de Justicia de la Nación declare si el artículo 90 de la Constitución de Tucumán es constitucional o no", aseveró Courel. Asimismo, fundamentó el reclamo en la doctrina fijada por el alto tribunal en otras provincias: "Nosotros entendemos que no lo es, y la Corte Suprema de la Nación, por los fallos que ya dictó en los casos Uñac de San Juan, Weretilneck en Río Negro, Zamora en Santiago del Estero e Infrán en Formosa, sostiene que las elecciones indefinidas son inconstitucionales y que 16 años en los máximos cargos electivos son intolerables para la Constitución Nacional y los principios republicanos".
En ese marco, Courel cruzó las explicaciones técnicas brindadas previamente por la fiscal de Estado, Gilda Pedicone de Valls, señalando que la defensa del oficialismo se apoya en posturas políticas y no en un análisis normativo riguroso. "Escuché las declaraciones de la fiscal de Estado y del gobernador, y la verdad es que hicieron declaraciones políticas, no jurídicas. Me sorprende que la fiscal de Estado, que es muy prestigiosa, responda con argumentos políticos cuando ella sabe muy bien que los casos de San Juan y de otras provincias aplican perfectamente a Tucumán", afirmó el legislador. A su vez, remarcó que el sistema político provincial vulnera las reglas de la periodicidad de los mandatos: "Cada provincia elige su sistema respetando los principios republicanos de alternancia, pero en Tucumán no tenemos alternancia; tenemos un sistema que se perpetúa y que permite que entre el vicegobernador y el gobernador puedan reelegirse en forma indefinida, ir encadenando ocho años de vicegobernador y ocho años de gobernador". "La Constitución de Tucumán es un engendro y está totalmente deshilachada; ha tenido un montón de planteos del Colegio de Abogados y está totalmente cuestionada", agregó.
Al ser consultado sobre los motivos para acudir directamente a la instancia federal sin tramitar la causa en los tribunales locales, Courel argumentó que el Poder Judicial tucumano ya fijó un precedente confuso e insostenible en 2023. "Vamos directamente a la Corte de la Nación sin pasar por la justicia provincial porque la justicia provincial ya falló en este asunto en el caso Manzur. La Corte de Tucumán interpretó en ese momento que Manzur, después de haber sido dos veces vicegobernador y dos veces gobernador, podía presentarse de nuevo. Dándole la razón a Manzur y a Jaldo, la Corte de la provincia generó una interpretación confusa que permite un encadenamiento sucesivo de reelecciones, por lo que corresponde que intervenga la Corte de la Nación", justificó. Además, enfatizó la trascendencia de las responsabilidades que concentran la gobernación y la vicegobernación en el entramado institucional: "El gobernador y el vicegobernador tienen el control total sobre la formación de las leyes en la Legislatura, sobre la ejecución del presupuesto en el Ejecutivo y sobre la selección y juzgamiento de los jueces; por eso los dos cargos tienen las máximas responsabilidades y 16 años en esos puestos resulta intolerable".
Por otra parte, el legislador de Cambia Tucumán dedicó un tramo de la entrevista a lanzar duras críticas contra el presidente de La Libertad Avanza en la provincia, Lisandro Catalán, por no haber acompañado la impugnación judicial. "Lisandro Catalán está siendo funcional a Jaldo. Más allá de esta presentación, lo que está haciendo La Libertad Avanza es dividiendo a la oposición e impidiendo que haya un frente opositor que pueda oponerse al peronismo. Yo lo invité personally a sumarse a la demanda y me dijo que estaba de acuerdo con los argumentos, pero que no le parecía el momento oportuno. Esperar a que se oficialicen las candidaturas para hacer esta presentación es ser totalmente funcional a Jaldo, porque la Corte no va a tener tiempo de pronunciarse. A Catalán no le interesa frenar a Jaldo ni al peronismo porque él vive en Buenos Aires y quiere ser senador o diputado nacional", disparó Courel.
Finalmente, Courel trazó una proyección sobre los plazos procesales que insumirá la causa en los despachos del máximo tribunal de la República. "Seguramente la Corte le va a correr traslado a la Provincia para que conteste en un plazo de 30 o 40 días. A fin de año o a principios del año que viene, en febrero o marzo, podríamos tener novedades, pero de seguro la Corte tiene que sacar el fallo antes de que se oficialicen las candidaturas", concluyó el parlamentario.