Legisladores libertarios-radicales denunciaron un supuesto acuerdo entre el Gobierno de Tucumán y el Grupo Neuss, supuestamente vinculado a Santiago Caputo. "Bajo ningún punto de vista se están haciendo adjudicaciones directas", recalcó el gobernador Jaldo, mientras que el ministro Abad calificó la acusación como "tendenciosa y malintencionada".
Imagen ilustrativa. (Foto: Facebook Gobierno de Tucumán)
El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, y el ministro de Economía, Daniel Abad, se refirieron este martes a la decisión de postergar la licitación del paquete mayoritario de acciones de la Empresa de Distribución Eléctrica de Tucumán (EDET). Dirigentes opositores como los libertarios-radicales José Seleme y Manuel Courel denunciaron en Ámbito Financiero un supuesto acuerdo entre el Gobierno y el Grupo Neuss, supuestamente vinculado a Santiago Caputo, pero el mandatario y el funcionario aseguraron que el proceso se desarrolla de acuerdo con la legislación vigente, y remarcaron que el objetivo de la dilación es garantizar condiciones claras para que puedan participar la mayor cantidad posible de interesados.
Durante una conferencia de prensa, Abad explicó los motivos de la postergación y señaló que el escenario energético actual es diferente al que existía cuando se realizó el llamado a licitación en 2017. “Acá nadie tiene dudas de lo que se está viviendo en el mundo: hay guerras, hay problemas con el petróleo, hay problemas con el flujo de la energía, hay problemas con la presión del gas”, afirmó el ministro, quien también recordó la reducción de los subsidios nacionales a la energía eléctrica y al gas. “Todo este combo de situaciones energéticas, de alguna manera, no le da el marco que tuvo en su momento, cuando se hizo el llamado de licitación allá por el año 2017”, subrayó.
En ese contexto, el ministro de Economía explicó que el Gobierno provincial solicitó la intervención de la Legislatura para analizar las condiciones en las que se desarrollará el proceso. “Con todo esto en la mesa, le hemos pedido a la Legislatura que, en virtud de que se transparente, que ponga claro el panorama de todos los aspectos que venimos hablando, tanto de los subsidios, tanto de la guerra, tanto del precio del petróleo, tanto del precio de la energía, lo más conveniente era postergar el llamado a licitación”, manifestó.
En ese marco, Abad sostuvo que la decisión apunta a favorecer una mayor concurrencia de interesados y a garantizar que los participantes dispongan de información suficiente. El objetivo, remarcó, es que puedan presentarse “la mayor cantidad de oferentes con la mayor cantidad de información disponible”.
El gobernador Jaldo remarcó que la concesión y la licitación de las acciones de EDET se encuadran en el marco regulatorio provincial, y destacó que la prórroga de los plazos fue remitida a la Legislatura, a la que definió como el órgano encargado de controlar al Poder Ejecutivo. “Lo que se está trabajando es conforme a leyes y al marco regulatorio”, afirmó el mandatario, quien insistió en que el procedimiento es una licitación nacional abierta a todos los interesados que cumplan con los requisitos establecidos.
“Bajo ningún punto de vista se están haciendo adjudicaciones directas”, enfatizó Jaldo, y sostuvo que los pliegos serán puestos a consideración de los potenciales participantes para que puedan evaluar las condiciones y decidir si se presentan. En ese sentido, el gobernador también vinculó las críticas al proceso con intereses económicos y políticos, y aseguró que la convocatoria no está orientada a beneficiar a un grupo determinado.
El ministro Abad cuestionó las publicaciones periodísticas que pusieron en duda la transparencia del procedimiento. Calificó una de ellas como “tendenciosa y malintencionada” y rechazó que el Gobierno esté restringiendo el acceso a información sobre la empresa, e indicó que los balances de EDET pueden consultarse en la Dirección de Personas Jurídicas, mientras que las resoluciones del Ente Único de Control y Regulación de los Servicios Públicos Provinciales de Tucumán (ERSEPT) se publican en el Boletín Oficial.
“Acá no hay ningún retaceo de información”, afirmó el funcionario, y consideró que las críticas se producen en un contexto electoral y acusó a sectores opositores de intentar instalar dudas sobre el proceso. Finalmente, recalcó que tanto la publicación de los pliegos como la apertura de sobres serán instancias públicas, por lo que los interesados podrán conocer las condiciones de la convocatoria y seguir el desarrollo de la licitación.
La denuncia y la respuesta del Gobierno
Una publicación de Ámbito Financiero afirmó que en 2025 el Grupo Neuss, por medio de la firma Edison Energía, adquirió los activos en Argentina que pertenecían al fondo estadounidense Apollo Global Management, incluyendo las empresas EDET, distribuidora eléctrica de Tucumán; EJESA, empresa de energía de Jujuy, y LITSA, transportista de energía eléctrica. A ellas se sumó la privatización de Transener.
En ese medio, el legislador José Seleme, vicepresidente de la Comisión de Energía del parlamento, denunció un “monopolio” que beneficia a Edison Energía, del Grupo Neuss: “Hay un número que está guardado bajo siete llaves: los tucumanos no tenemos manera de saber a cuánto compra EDET la energía eléctrica que adquiere en el mercado mayorista. ¿Cómo hace para llegar a 160 pesos el kilovatio si lo pagan menos de 80? Soy vicepresidente de la Comisión de Energía y no puedo saber el número real. EDET se está autocomprando. O sea, los Neuss se compran a sí mismos la energía a un valor que no sabemos cuál es, lo que les permite obtener ganancias desmesuradas en perjuicio de los tucumanos. Neuss en Tucumán la produce, la transporta y la distribuye. ¿Qué es eso si no un monopolio?”, planteó.
El mencionado medio manifestó que el Artículo 1° del Acta Acuerdo enviado por Jaldo a la Legislatura, aprobado por una amplia mayoría, estableció como “fecha límite para el llamado a Licitación Pública Nacional e Internacional destinada a la venta del paquete accionario mayoritario de EDET S.A. el día 30 de septiembre de 2026”, y recordó que se fijó el “4 de abril de 2027 como fecha de vencimiento del Segundo Período de Gestión”, extendiendo así los plazos que la Ley N° 9.913 había fijado anteriormente para enero y julio de 2026, respectivamente.
En el mismo medio, el legislador Manuel Courel denunció: “En febrero de este año se vencía el plazo de 20 años por lo que tendría que haberse realizado la licitación, en la que los actuales accionistas tienen un derecho de preferencia. Por diferentes motivos, el gobierno provincial la postergó hasta julio. Nuevamente se prorrogó ahora hasta el 30 de septiembre. Pero ahora se está rumoreando que se patearía hasta marzo de 2027 sin explicación lógica alguna, porque el Gobierno no va a llegar".
"Me llama la atención esta desprolijidad porque hay muchas quejas sobre el servicio que brinda la empresa de los Neuss, hubo aumentos desproporcionados de tarifa, sin embargo se insiste en estas prórrogas que solo benefician a los Neuss”, añadió Courel.
Tras la publicación del artículo, el Gobierno de Tucumán presentó su descargo a Ámbito a través de una nota firmada por Daniel Abad, ministro de Economía y Producción provincial. La misiva reza:
Negamos enfáticamente la existencia de un acuerdo espurio entre el Grupo Neuss y el Gobierno de la Provincia de Tucumán, tal como sostiene la nota publicada en el día de la fecha en su diario.
El pedido de prórroga del llamado a licitación para la venta de acciones se encuentra estrictamente enmarcado en la Ley N.º 6.608 (Régimen Regulatorio de la Distribución Eléctrica en Tucumán) y en el contrato de concesión vigente.
Son de público conocimiento los vaivenes en la provisión del servicio de energía eléctrica en todo el país, producto de conflictos bélicos ajenos y de las disposiciones relativas a la quita de subsidios, factores que alteran el escenario de previsibilidad necesario para la prestación de este servicio esencial.
La acusación sobre un presunto «retaceo de información» -atribuida en la nota a un legislador provincial- adolece de una ignorancia notoria, toda vez que el balance de la empresa distribuidora se presenta en la Dirección de Personas Jurídicas de la Provincia, un registro al cual cualquier ciudadano tiene libre acceso
Asimismo, son públicas las resoluciones del ERSEPT (Ente Único de Control y Regulación de los Servicios Públicos Provinciales de Tucumán), organismo que aprueba las tarifas y fiscaliza el cumplimiento estricto de la ley y del contrato de concesión antes citados.
No cabe duda de que dichas declaraciones están signadas por un marcado sesgo proselitista, ante la proximidad de los comicios en los que se renovarán los cargos ejecutivos y legislativos provinciales.
Siendo la energía eléctrica un servicio esencial cuyas condiciones impactan por igual en toda la población, resulta inaceptable que se lo transforme en un caldo de cultivo para la politización y el oportunismo de quienes carecen de propuestas claras para la ciudadanía.