La Legislatura sancionó la creación del Régimen Especializado de Ejecución Penal Juvenil con 44 votos a favor y uno en contra. La ley contempla la creación de un Cuerpo de Supervisores en el Poder Judicial y el Instituto Especializado "Cura Brochero".
En una sesión especial ordinaria, la Legislatura de Tucumán sancionó el proyecto de ley que adecua la normativa provincial a la Ley Nacional N° 27.801 y crea el Régimen Especializado de Ejecución Penal Juvenil de Tucumán. La aprobación se obtuvo mediante una votación nominal que arrojó 44 votos afirmativos y un voto en contra, convirtiendo a Tucumán en la primera provincia del país en adecuar su marco legal al nuevo régimen nacional.
La legislación sancionada regula la ejecución material, la supervisión, el seguimiento técnico y el abordaje socioeducativo de las medidas y penas dispuestas por las autoridades judiciales para adolescentes de entre 14 y 18 años imputados por la comisión de delitos, en los casos cuya implementación corresponda a organismos provinciales. Entre sus objetivos centrales se fijan la responsabilización, la integración social, la reducción de la reincidencia y la protección tanto de la víctima como de la comunidad.
El proyecto aprobado durante la sesión presidida por el vicegobernador Miguel Acevedo, surge de la unificación de cinco iniciativas previas y fue elaborado en el marco de la Comisión de Legislación General, presidida por el legislador Gerónimo Vargas Aignasse, mediante mesas de trabajo que incluyeron a representantes de los tres poderes del Estado, la Corte Suprema de Justicia, ministerios del Poder Ejecutivo, jueces, fiscales y abogados.
Asimismo, la norma establece que las penas deberán cumplirse en establecimientos especializados para menores de 18 años y dispone la creación del Instituto Especializado de Responsabilidad Penal Juvenil "Cura Brochero", destinado a la ejecución de penas privativas de libertad y medidas contempladas en el régimen. A su vez, crea el Cuerpo de Supervisores del Régimen Penal Juvenil, organismo que funcionará en el ámbito del Poder Judicial y cuyos integrantes tendrán a su cargo el seguimiento individual de cada adolescente, la articulación institucional, el control de las medidas aplicadas y el acompañamiento en el proceso de reintegración.
Respecto a este punto, el legislador Mario Leito explicó que durante los debates se analizó si el Cuerpo de Supervisores debía depender del Poder Ejecutivo o del Poder Judicial, optándose finalmente por su inclusión dentro de la órbita judicial. Leito remarcó que la norma implica adecuaciones administrativas, procesales y estructurales, manifestando: "Una cosa es la ley sancionada, la baja de imputabilidad, y otra cosa es buscar la manera para la aplicación de la norma".
Por su parte, el presidente de la Comisión de Legislación General, Gerónimo Vargas Aignasse, valoró la celeridad del tratamiento legislativo al afirmar: "Tucumán es la primera provincia de la Argentina, a 25 días de la vigencia de la ley nacional, de terminar la adecuación procesal y el régimen penal juvenil con el plan de integración y transformación personal de ese menor, articulado con todos los poderes del Estado".
Vargas Aignasse destacó también la orientación del sistema al señalar: "Lo que buscamos, además de condenarlo, es recuperarlo y devolverlo a la sociedad mejor de lo que ingresó, ponerle fin a su trayectoria criminal y reincorporarlo". Además, anticipó la necesidad de fortalecer los equipos profesionales y adecuar las estructuras existentes, expresando: "Tenemos un sistema en la Secretaría de Niñez, Familia y Adolescencia, que son dispositivos para el tratamiento de los menores en conflicto con la ley, que se van a adaptar a las edades correspondientes".
En la misma línea, el legislador Agustín Romano Norri subrayó la relevancia de garantizar la efectividad del sistema con la intervención de distintas áreas estatales y expresó: "Es un trabajo que son cinco proyectos que se han unificado, en los cuales hoy vamos a tener la posibilidad de tener un tratamiento sobre los menores que tengan conflicto con la ley y poder brindarles las herramientas de reinserción laboral".
Finalmente, la legisladora Silvia Elías de Pérez hizo hincapié en el enfoque especializado del régimen y en la importancia de las políticas de prevención y acompañamiento, remarcando: "Lo que está haciendo esta ley es estar presente, educación, tratamiento para consumos problemáticos, tratamiento psicológico".