El Parlamento provincial realiza una sesión especial para tratar la adecuación del régimen de menores, la creación de parques industriales y un esquema excepcional de permuta para docentes interinos. Seguí la sesión en vivo.
La Legislatura de Tucumán lleva adelante este miércoles, desde las 8:30, una sesión especial convocada para debatir un conjunto de proyectos de ley enfocados en la adecuación del régimen penal juvenil, el incentivo a la inversión productiva y soluciones laborales para el sector docente. El temario de la jornada fue acordado previamente en la reunión de Labor Parlamentaria que encabezó el vicegobernador Miguel Acevedo, junto a autoridades del cuerpo y representantes de las distintas bancadas.
Uno de los ejes principales del orden del día es el proyecto que establece el Régimen Especializado de Responsabilidad Penal Juvenil en el ámbito provincial. La propuesta busca organizar el Sistema Provincial de Ejecución Especializada para adolescentes en conflicto con la ley penal, adecuando la jurisdicción local a los alcances de la ley nacional 27.801. Respecto a esta iniciativa, Acevedo remarcó que se trata de "una adaptación que hacemos para que se pueda implementar en Tucumán en todos sus aspectos", destacando el trabajo coordinado entre los tres poderes del Estado. El presidente de la Cámara enfatizó además la orientación social del proyecto: "Nosotros queremos un régimen, y eso se ve reflejado en la ley, que tienda a la reinserción de los jóvenes en la sociedad".
Por su parte, el legislador Gerónimo Vargas Aignasse, presidente de la Comisión de Legislación General, brindó precisiones sobre la adecuación procesal y respaldó la baja en la edad de imputabilidad. El parlamentario sostuvo que "un chico de 14 o 15 años hoy es consciente de sus actos y debe hacerse responsable por ello", aunque advirtió que la norma federal "llega a las provincias sin presupuesto" para sostener la infraestructura requerida. Vargas Aignasse también remarcó la vinculación entre delito juvenil y adicciones —indicando que cerca del 90 % de los menores involucrados padece consumos problemáticos[9]— y afirmó que Tucumán busca posicionarse como la primera provincia en implementar la adecuación procesal junto con centros de alojamiento y ejecución de sentencia específicos.
En materia económica, el recinto trata la creación de un marco regulatorio para el desarrollo de Parques Productivos y Distritos Productivos Tecnológicos. La medida pretende impulsar actividades industriales, comerciales y de servicios, en sintonía con la agenda de promoción del empleo acordada con el gobernador Osvaldo Jaldo. Asimismo, se incluyó en el temario una modificación al régimen de exención impositiva destinado a la empresa Fríos del Norte, iniciativa que fue consensuada previamente con el Poder Ejecutivo provincial.
El área educativa también cuenta con un tratamiento destacado a través de un proyecto que fija, con carácter excepcional y por única vez, un Régimen Especial de Permuta de Cargos y Horas Cátedra para docentes interinos. La medida busca resolver las complicaciones de traslado del personal que reside lejos de sus puestos de trabajo. Según explicó Acevedo, la norma "va a permitir que los docentes que tengan horas de clase en una jurisdicción y vivan o residan en otra, puedan convenir y coordinar con otro docente que viva en esa jurisdicción".
La agenda fue definida con la participación del presidente subrogante, Sergio Mansilla; el vicepresidente segundo, Alfredo Toscano; los secretarios legislativos Claudio Pérez y Alejandro Martínez; y los legisladores Roque Álvarez, Claudio Viña, Nancy Bulacio, José Cano, Silvia Elías de Pérez, Agustín Romano Norri, José Macome y Ricardo Bussi. La sesión se completa con el tratamiento de resoluciones administrativas habituales de la actividad parlamentaria.
Resolución de repudio
Tres legisladores realizaron la presentación formal de un proyecto de resolución redactado para expresar el más enérgico repudio "ante los actos de agresión, vandalismo y destrucción simbólica" perpetrados contra una maqueta que representa al edificio parlamentario provincial.
La iniciativa parlamentaria, ingresada bajo el expediente 334-PA-26, responde de manera directa a los hechos acaecidos el sábado 26 de septiembre de 2026 durante el desarrollo del denominado Congreso de la Juventud, llevado a cabo por el espacio político La Libertad Avanza en las instalaciones del Hotel Catalinas Park de San Miguel de Tucumán.
El episodio generó rechazo institucional luego de que un grupo de jóvenes asistentes al encuentro procediera a romper, patear y agredir la representación física del Poder Legislativo provincial. Las imágenes, calificadas en el texto legislativo como una agresión de profunda gravedad institucional, fueron filmadas y difundidas activamente en redes sociales por referentes e influencers del propio espacio convocante. El evento contó con la participación del militante juvenil Iñaki "La Pepona" Gutiérrez y se dio en el marco de las actividades de apoyo a la candidatura de Lisandro Catalán. Ante esta situación, el documento presentado lleva la firma explícita de tres representantes de la Cámara: el presidente subrogante Sergio Francisco Mansilla, el vicepresidente segundo Alfredo Toscano y el legislador José Manuel Cano.
Entre los fundamentos centrales formulados en el escrito, se resalta que la Legislatura constituye uno de los tres poderes constitucionales del Estado provincial, pilar fundamental del sistema republicano y democrático que encarna la voluntad soberana del pueblo tucumano. Los autores del proyecto sostienen que, si bien la libertad de expresión, la crítica política y el debate representan elementos esenciales de la democracia, estos deben ejercerse siempre en un marco de respeto institucional, responsabilidad cívica y diálogo constructivo, sin recurrir jamás a la agresión, la burla o la destrucción simbólica de los edificios o representaciones estatales. Asimismo, advierten que la normalización de la violencia simbólica degrada la convivencia democrática, sienta un peligroso precedente de intolerancia y erosiona la confianza ciudadana en sus organizaciones. Por ello, el proyecto insta a dirigentes y jóvenes a encauzar sus disidencias mediante las herramientas previstas en la Constitución.