El gobernador tucumano aparece entre los mandatarios que exploran un armado nacional para 2027, sin romper con la Casa Rosada ni volver al kirchnerismo. Según el diario porteño Infobae, la apuesta encierra una pregunta incómoda: cómo convertir la negociación con Milei en un proyecto que no se limite a administrar sus consecuencias.
Los gobernadores que mantienen diálogos cruzados para construir una alternativa electoral el año que viene.
Osvaldo Jaldo aparece hoy entre los siete gobernadores que mantienen conversaciones para construir una alternativa a Javier Milei y al peronismo identificado con Axel Kicillof, según la información publicada este sábado por Joaquín Múgica Díaz en Infobae (la nota que reveló las conversaciones). La novedad invita a cambiar la pregunta habitual: no solamente cuánto puede conseguir un gobernador negociando con el Presidente, sino qué proyecto político puede construir cuando esa negociación deja de alcanzar.
El grupo mencionado reúne a Raúl Jalil, Gustavo Sáenz, Carlos Sadir, Hugo Passalacqua, Rolando Figueroa, Alberto Weretilneck y Jaldo; se trata de conversaciones informales, sin un candidato presidencial acordado, y no de una coalición formalmente constituida (Infobae). Una mesa de gobernadores todavía no es una alternativa de gobierno. Entre una cosa y otra debe aparecer algo más difícil que una fotografía: un programa que explique para qué se quiere el poder.
Desde Tucumán, el asunto tiene una historia anterior a cualquier especulación presidencial. En enero de 2024, Jaldo defendió la formación del bloque Independencia y las negociaciones para retirar del proyecto de ley ómnibus disposiciones que, según advirtió, perjudicaban a la producción azucarera provincial: “Si no nos plantábamos con el tema del azúcar, ¿los porteños nos iban a defender?”, preguntó entonces (declaración publicada por el Gobierno provincial).
Aquella frase condensaba una justificación territorial, no una conversión doctrinaria al libertarismo. Podía discutirse el alcance de las concesiones, pero el criterio invocado era reconocible: evaluar la relación con Buenos Aires desde los intereses de la provincia y no desde la disciplina de una conducción nacional.
Esa colaboración tampoco fue clandestina: en julio de 2025, cuando Milei acusó a los gobernadores de querer destruir su gobierno, Jaldo le respondió que lo habían ayudado a gobernar y a aprobar leyes fundamentales; un año después, el tucumano fue anfitrión de la visita presidencial en la que Milei convocó a renovar el Pacto de Mayo (el reclamo de 2025, la visita de julio de 2026). Ese recorrido impide presentar una eventual alternativa como si sus protagonistas hubieran observado el proceso nacional desde afuera. También les impone explicar qué preservarían, qué corregirían y qué dejarían atrás.
La semana previa a conocerse estas conversaciones, el propio gobernador puso números al desgaste de las finanzas provinciales: estimó una merma de $10.000 millones mensuales en los recursos que recibe Tucumán y la proyectó en $120.000 millones anuales, cifras que deben leerse como su estimación y no como un balance auditado (entrevista recogida por eltucumano). El dato político más importante estaba en la explicación:
“Menor consumo, menor IVA, menor coparticipación, menos plata para la provincia de Tucumán”, resumió Jaldo (eltucumano).
En esa misma entrevista, afirmó que la Provincia había tenido que utilizar parte de su fondo anticíclico para financiar gastos corrientes y obras, describió una mayor demanda sobre hospitales y escuelas públicas y garantizó sueldos y aguinaldo hasta diciembre (eltucumano). La discusión federal empieza allí: quién paga los servicios que la población sigue necesitando. No alcanza con celebrar el orden de una cuenta si las obligaciones reaparecen en otra ventanilla del Estado.
Ese conflicto ya tiene una traducción parlamentaria. El 21 de septiembre, Jaldo exigió cambios en las partidas del Presupuesto 2027 destinadas a discapacidad y universidades, con mención expresa de la UNT y la UTN, y advirtió: “No vamos a acompañar desde el interior si no se hacen las correcciones necesarias” (declaración oficial). En ese planteo hay una diferencia sustancial entre reconocerle al Gobierno la necesidad de contar con un presupuesto y aprobar cualquier contenido.
Su argumento no consiste en rechazar la ley para debilitar a Milei: sostiene que una nueva prórroga presupuestaria le dejaría al Ejecutivo mayor discrecionalidad y que los representantes provinciales deben intervenir para modificar las asignaciones (Comunicación Tucumán). Es una posición que admite una prueba concreta. Su consistencia no dependerá de la dureza de las declaraciones, sino de las modificaciones obtenidas y de la conducta parlamentaria cuando llegue el momento de votar.
La misma exigencia de resultados alcanza a quienes cuestionan al gobernador desde el peronismo. El 15 de septiembre, Jaldo preguntó “¿qué se consigue para Tucumán votando en contra 4 años?”, en una intervención que eltucumano interpretó como dirigida a Juan Manzur, Carlos Cisneros y Pablo Yedlin (la discusión sobre el Presupuesto). La pregunta merece una respuesta, pero también su reverso: qué se consigue acompañando y qué límites no deberían cruzarse. Ni la oposición automática ni la negociación permanente eximen de rendir cuentas.
Hay, además, un problema que la etiqueta de “dialoguistas” suele ocultar: los gobernadores no piensan todos lo mismo ni negocian desde el mismo lugar. El caso de las PASO permite observar esa diferencia sin necesidad de adivinar intenciones.
El 4 de julio, Jaldo había declarado: “Nosotros estamos en contra de sacar las PASO, nosotros estamos en contra de eliminar las PASO”, y aclaró que esa era también la posición del bloque Independencia (archivo de eltucumano). El 1 de septiembre volvió a manifestar su desacuerdo, según la cobertura de Ámbito, que distinguió su postura de la expresada por otros mandatarios cercanos a la Casa Rosada (Ámbito).
Después de reunirse con Diego Santilli el 16 de septiembre, el gobernador aseguró que la reforma electoral no se había tratado y que “nada cambió”, aunque también dejó abierta la discusión sobre los distintos proyectos y el instrumento democrático más adecuado (comunicado oficial del encuentro). No corresponde dar por comprometido un voto suyo para eliminar las primarias. Tampoco confundir aquella oposición pública con una garantía sobre cualquier negociación futura.
La cuestión importa porque, según informó La Nación, la conducción libertaria condiciona los acuerdos políticos con gobernadores al acompañamiento de la reforma electoral, una estrategia que el diario atribuyó a fuentes de la Casa Rosada (la información sobre las condiciones de Karina Milei). Para cualquier espacio que aspire a competir por la Presidencia, las reglas para seleccionar candidatos no son un detalle administrativo: pueden facilitar su construcción o volverla más difícil.
En Tucumán, además, el diálogo institucional no equivale a una tregua electoral. La Libertad Avanza provincial anunció que buscará judicializar una eventual candidatura de Jaldo, aunque aclaró que realizaría las presentaciones cuando existieran las condiciones jurídicas y electorales necesarias; la declaración publicada el 11 de septiembre no informaba una impugnación ya presentada ni una decisión judicial sobre su habilitación (eltucumano). La diferencia debe preservarse, pero el mensaje político resulta inequívoco: negociar con el oficialismo nacional no elimina la competencia con su estructura local.
El calendario también ofrece una clave. El 27 de julio, Jaldo firmó la convocatoria a elecciones provinciales para el 9 de mayo de 2027, defendió la fecha como continuidad de los cronogramas anteriores y rechazó que respondiera a un adelantamiento por conveniencia (anuncio del Gobierno de Tucumán). La separación de la disputa provincial y la nacional permite una lectura política, sin atribuirle una intención no demostrada al decreto: un gobernador puede buscar primero la ratificación de su poder territorial y llegar después a la negociación presidencial con ese resultado.
Ese trabajo local ya está en marcha: el viernes 25, Roque Tobías Álvarez y Carlos Fúnez comunicaron a Jaldo el armado de una lista jaldista para la Sección Oeste (eltucumano). Construir una opción nacional y conservar el gobierno provincial no son, por lo tanto, objetivos intercambiables. La capacidad para hacer lo primero puede depender de cómo se resuelva lo segundo.
El antecedente de Provincias Unidas aconseja prudencia: en las legislativas de 2025, el espacio quedó segundo en Córdoba, tercero en Santa Fe y no obtuvo bancas para los oficialismos de Chubut y Santa Cruz, según el balance posterior de Infobae (la evaluación de noviembre de 2025). La enseñanza no es que una alternativa federal sea imposible. Es que el poder territorial no se convierte automáticamente en votos para una propuesta nacional.
Los gobernadores que ahora conversan dicen querer evitar una construcción organizada alrededor de candidaturas anticipadas y priorizar un programa; entre las ideas recogidas por Infobae aparecen la continuidad de determinadas políticas, la confianza para la inversión y el rechazo al kirchnerismo (Infobae). Allí comienza la discusión más exigente: establecer cuáles serían las diferencias materiales con el Gobierno, además de las diferencias de estilo.
Una tercera posición no debería definirse solamente por estar a igual distancia de dos dirigentes. Para Tucumán, tendría que poder explicar cómo se financian las universidades y los hospitales, cómo se protege la producción regional, cómo se recupera el trabajo y qué reglas impiden que los recursos federales dependan de la proximidad política con el Presidente.
Ese es también el límite de la negociación individual: puede resolver una urgencia, pero no reemplaza una política nacional. El federalismo se vuelve un proyecto cuando deja de pedir excepciones para una provincia y propone derechos y reglas para todas.
Jaldo tendrá que demostrar si ese tránsito es posible. No necesita negar el diálogo que sostuvo ni adoptar una oposición testimonial para ensayarlo; sí necesitará que la eventual alternativa pueda medirse por algo más que su habilidad para conversar con todos. La pregunta decisiva no será quién ocupa el espacio entre Milei y el kirchnerismo, sino qué cambia para los tucumanos si alguien consigue ocuparlo.