Por instrucción de la intendenta, el contador municipal cisnerista Marcelo Albaca encabeza una embestida contra el presidente del Tribunal de Faltas de San Miguel de Tucumán, Fabián Lizondo, y los jueces de falta Gerardo Poliche y Héctor Toledo. El Municipio denunció "ineficiencias" en el organismo que en 2025 recaudó $1.993 millones, luego de que los jueces reclamaron cobrar lo mismo que un secretario municipal. La auditoría al Tribunal y el reclamo salarial de tres magistrados reabren una discusión que excede la pelea por los haberes: El fantasma de "Carlos" y "San Pedro" detrás de los millonarios negocios a costa de los vecinos, con la venia de concejales oficialistas y opositores. En un informe elevado al municipio, eltucumano documentó las trabas que pone la gestión municipal para consultar contrataciones, adjudicaciones y gastos que evitan el escrutinio público del destino de los impuestos que los vecinos tributan a la capital tucumana.
El sublema Activar con el padrinazgo de Carlos Cisneros se reeditará en 2027 para lograr fueros al sponsor bancario de Chahla.
La intendenta Rossana Chahla reclama a los jueces del Tribunal de Faltas Municipal explicaciones por miles de expedientes sin resolver, pero rechazó entregar las liquidaciones individuales de sus secretarios. La disputa expone una discusión que excede los sueldos: eltucumano ya había presentado ante el Consejo Económico y Social un informe sobre las barreras para consultar adjudicaciones y gastos municipales. El dinero de los vecinos necesita controles también dentro del gabinete.
Chahla exige que los jueces de Faltas rindan cuentas y aprobó una auditoría que puso bajo sospecha el funcionamiento del Tribunal (informe municipal). Pero cuando tres magistrados pidieron los recibos de sueldo de los secretarios para verificar su equiparación salarial, la Municipalidad entregó una escala y rechazó remitir las liquidaciones individuales (respuesta del Ejecutivo). La gestión que reclama explicaciones tiene las suyas pendientes.
La intendenta defendió la intervención con una declaración que merece aplicarse a toda su administración, no solamente al organismo enfrentado con ella:
“Nosotros no vamos a permitir que se haga ningún daño al erario municipal, porque esa es nuestra función: defender los intereses del municipio, que son los intereses de los vecinos”, afirmó Chahla el 25 de septiembre (Que Diario).
Ese dinero también paga los salarios del gabinete, los contratos de asesoramiento y los servicios que la Municipalidad adjudica. Defenderlo exige que los vecinos puedan conocer quién lo recibe, por qué concepto y a cambio de qué prestación. La transparencia no puede terminar en la puerta de la Intendencia.
El reclamo ya había ingresado por una vía institucional. En julio, eltucumano presentó “Hacia una Soberanía Ciudadana” ante la Comisión de Gobierno Abierto e Innovación Tecnológica del Consejo Económico y Social (CES), con un relevamiento de las dificultades para consultar el Boletín Oficial, identificar adjudicaciones y examinar el gasto por áreas (presentación y hallazgos). El control de las cuentas municipales no empezó con el desacuerdo sobre cuánto deben cobrar tres jueces.
Fabián Ignacio Lizondo Ruiz, presidente del Tribunal, Gerardo Augusto Poliche y Héctor Sebastián Toledo acudieron a la Sala II de la Cámara Contencioso Administrativa para obtener copias autenticadas de los últimos 24 recibos de los secretarios y el detalle de sus conceptos complementarios (presentación difundida el 26 de agosto). Buscaban verificar el cumplimiento del Decreto 0262/SIM/2024, que ya les reconocía el rango salarial de secretario municipal con responsabilidad funcional (fundamento del reclamo).
El fiscal municipal, Conrado Mosqueira, sostuvo que la estructura salarial había sido informada y que los recibos contenían datos privados, entre ellos préstamos, embargos, seguros e información bancaria (posición municipal). Nadie necesita conocer una deuda personal para controlar un sueldo público. La pregunta es por qué no entregar documentación que permita verificar los conceptos liquidados, con los datos ajenos al reclamo debidamente ocultados.
La respuesta política fue más lejos: el Decreto 0285/SG/2026 derogó la equiparación y Lizondo denunció una represalia en un escrito difundido el 29 de agosto (presentación del presidente del Tribunal). Después, la Municipalidad retrocedió y dejó sin efecto la medida, admitiendo que la cuestión requería un debate más amplio y que los afectados debían ser oídos (marcha atrás del Ejecutivo).
El enfrentamiento, sin embargo, venía de antes. En marzo de 2025, la Intendencia dispuso la reorganización del Tribunal mediante el Decreto 0099 y el traslado de jueces a Tránsito y Catastro, una decisión que Poliche cuestionó judicialmente (antecedentes de la disputa). En mayo de ese año, la Secretaría de Gobierno solicitó la inspección que terminaría en la auditoría aprobada este septiembre (origen del relevamiento). La secuencia impide presentar el inicio de esa investigación como una reacción al pedido salarial de agosto de 2026.
En julio de 2026, la fiscal de Cámara Juana Inés Hael aconsejó declarar inválida la reorganización por entender que invadía atribuciones del Concejo Deliberante, en el expediente que tramita ante la Sala III (dictamen de la fiscal). La Municipalidad defendió los cambios como una manera de simplificar trámites sin quitarles potestades a los magistrados (respuesta de Matías Balardini).
La disputa alcanzó a la propia función de los jueces cuando Balardini, director administrativo, afirmó el 27 de agosto que “no existe un Poder Judicial municipal” (declaraciones del funcionario). Al día siguiente, Luciana Estofán respondió que se confundía el rango presupuestario con la función de juzgar (respuesta de la magistrada).
“No se trata de sueldos. Se trata de si el Municipio de San Miguel de Tucumán va a tener jueces independientes que juzguen con garantías o ‘meros directores’”, planteó Estofán (La Gaceta).
El 15 de septiembre, Chahla firmó el Decreto 0311/SG/2026, aprobó el informe de la Contaduría General, a cargo de Marcelo Albaca, y remitió las actuaciones a la Fiscalía Municipal para determinar responsabilidades (alcance de la decisión). El relevamiento incluyó información de los diez juzgados y de las dependencias que labran actas (cobertura de la auditoría).
Los resultados publicados son graves: 76.344 causas de 2024 sin resolución, cerca del 84%; otras 319.264 pendientes para el período 2019-2023; y actuaciones físicas faltantes o incompletas en 21 de una muestra de 24 expedientes prescriptos (desglose del informe). Corresponde que el Tribunal explique ese atraso y el estado de los expedientes. También corresponde publicar la auditoría completa, con su fecha de corte, metodología y distribución de responsabilidades, para que una acusación institucional pueda ser examinada y no solo difundida.
En febrero, el balance oficial había destacado los $1.993 millones recaudados, las más de 97.000 actas tramitadas y las 4.579 sentencias de 2025, cifras que la directora Eliana Orellana vinculó con la descentralización y la digitalización (balance anual). Esos resultados corresponden a otro año y cobrar multas no equivale a resolver causas. Celebrar la recaudación tampoco alcanza para demostrar que la justicia de Faltas funciona bien.
Para el vecino, la posibilidad de controlar no puede depender de qué parte de la administración está enfrentada con otra. Allí cobra peso el informe elevado a través del CES: el relevamiento de fines de junio y comienzos de julio encontró llamados, pliegos y resoluciones de licitación, pero faltaban adjudicaciones que permitieran identificar al proveedor, el monto final y el acto administrativo correspondiente (diagnóstico de eltucumano). Se podía conocer qué quería contratar la Municipalidad sin completar el recorrido hasta saber a quién había elegido y por cuánto.
El mismo trabajo documentó filtros que impedían consultar el detalle del gasto por áreas en Presupuesto Abierto y dificultades para seguir la licitación, el inicio de las obras o la empresa adjudicataria de proyectos del Presupuesto Participativo (observaciones del reporte). El Boletín Oficial exigía registrarse en CiDiTuc y buscar por número de edición o fecha, sin una búsqueda temática que permitiera localizar fácilmente un acto desconocido (relevamiento del acceso).
“La transparencia de la mayor erogación municipal presupone el conocimiento previo del acto que el ciudadano quiere conocer. Los datos están cargados; el acceso, no resuelto”, advirtió el informe (“Hacia una Soberanía Ciudadana”).
El documento reconoció los avances digitales de la gestión, pero propuso una ordenanza de acceso a la información y transparencia activa, plazos de respuesta, un Observatorio de Transparencia Municipal ad honorem dentro del CES y un tablero público de seguimiento (propuestas presentadas). El Municipio tiene allí una agenda concreta para convertir su discurso de apertura en obligaciones verificables.
La escala del dinero administrado impide tratar el asunto como un problema menor de una página web. El presupuesto original de 2026 fue de $349.783 millones, aprobado por unanimidad en el Concejo Deliberante (sanción presupuestaria). El 3 de septiembre, la Intendencia obtuvo autorización para ampliarlo hasta un 15%, un margen potencial de aproximadamente $52.467 millones adicionales, cuya ejecución debe distinguirse de la autorización (alcance de la ampliación).
Solo la gestión de residuos tenía previstos alrededor de $110.000 millones en el presupuesto original (detalle presupuestario). Quienes votan esos recursos, oficialistas u opositores, también deben exigir contratos, pagos y prestaciones que puedan contrastarse. Autorizar el gasto no agota la responsabilidad de controlarlo.
El escrutinio alcanza, además, a quienes hoy auditan. Albaca figura entre los cinco funcionarios denunciados por la concejala alfarista Ana González por presuntas irregularidades en doce contrataciones directas por unos $2.700 millones (denuncia publicada). Según la presentación, se invocaron razones de necesidad y urgencia para contratar tareas ordinarias y previsibles, y se adjudicaron servicios a cooperativas que no estaban inscriptas en el registro municipal de proveedores (argumentos de la acusación).
El secretario de Servicios Públicos, Luciano Chincarini, rechazó las acusaciones, las calificó de políticas y defendió la legalidad de los procedimientos (respuesta del funcionario). Chahla aseguró que había puesto a su equipo a disposición para entregar información a la Justicia, pero también atacó a la denunciante: “Cree el ladrón que todos son de su condición”, dijo, y agregó que el refrán era “muy aplicable en este caso” (declaraciones de la intendenta).
González respondió apuntando al círculo íntimo de la intendenta. En una publicación en X recogida por La Gaceta el 22 de mayo, señaló directamente a Marcelo San Pedro, esposo de Chahla (el cruce público):
“Así como el problema de Javier Milei es Karina Milei, el problema de Rossana Chahla es San Pedro (su esposo)”, afirmó la concejala Ana González (La Gaceta).
Ese señalamiento político al esposo de la intendenta se produjo en el intercambio por las contrataciones; la denuncia penal reseñada por el diario estaba dirigida contra los cinco funcionarios (alcance de la presentación). La respuesta a una acusación sobre el manejo del dinero público debe poder contrastarse expediente por expediente. Descalificar a quien denuncia no explica cómo se eligió a los proveedores ni cómo se justificaron los montos.
La administración también contrató al estudio Concilio & Sarralde para auditoría y asistencia técnica mediante un convenio de diciembre de 2023, por cuatro años prorrogables y con honorarios calculados por horas, según el contrato reproducido por El Federalista (documento y condiciones). Ese encargo es distinto de la auditoría al Tribunal, elaborada por la Contaduría General, y contiene una cláusula que declara confidenciales la información, documentación y datos inherentes a sus tareas (cláusula del convenio). Proteger papeles de trabajo no debería servir para impedir que se conozcan los honorarios pagados, los productos contratados y las decisiones adoptadas a partir de ellos.
El estudio registra un antecedente relevante: eltucumano publicó la anulación de contratos con la Caja Popular por cuestionamientos a su independencia, entre ellos parentesco y autorrevisión (cobertura del Acuerdo 2132). Se trata de otros contratos, no de una anulación del convenio municipal. La Intendencia debería explicar qué recaudos tomó para asegurar la independencia de su propia contratación.
Chahla tiene razones para exigir respuestas por las causas pendientes. Lo que no tiene es una excepción al control de su gestión. La auditoría completa, los conceptos salariales efectivamente liquidados y la trazabilidad de adjudicaciones y pagos deben poder examinarse sin depender de una pelea entre funcionarios.
La defensa del erario que invoca la intendenta se mide también por su disposición a mostrar cómo lo administra. Los vecinos no necesitan elegir entre creerles a los jueces o creerle a Chahla: necesitan documentos para controlar a ambos. El dinero no pertenece a ninguno de los dos.