Un profesor de la Escuela Normal que regresaba a su casa en Macomitas después de clases denunció en sede judicial que dos policías sin identificarse lo acusaron de tener unos "envoltorios" que ellos ni siquiera vieron, le quitaron su celular, lo llevaron a un cajero y le vaciaron el homebanking antes de hacerlo firmar un acta constando que había sido "demorado"
Comisaría de El Chañar. (Imagen: Google Maps)
Un docente tucumano denunció ante la Unidad Fiscal de Decisión Temprana que el martes 4 de agosto regresaba a su casa en la localidad de Macomitas después de tomar exámenes en la Escuela Normal Juan Bautista Alberdi cuando el auto en el que lo trasladaba un conductor particular fue detenido en la ruta por dos policías que, sin identificarse, los detuvieron y los acusaron de tener allí "envoltorios", para luego llevarlos a la comisaría de El Chañar para dar paso a "secuencia delictiva de privación de libertad y ulterior extorsión". Según denunció el maestro, le quitaron su celular, lo llevaron a un cajero, luego le vaciaron el homebanking y lo forzaron a firmar un acta constando que había sido "demorado" luego de instarlo a "llegar a un arreglo".
Con el patrocinio de Juan Macario Santamarina (M.P. 8473) y Gonzalo Ascárate (M.P. 7129) el docente denunció al personal policial que se encontraba cumpliendo funciones la noche del 4 de agosto en la comisaría de El Chañar y a un sujeto identificado como Franco Elías Orellana (quién según relató, fue quien recibió una transferencia efectuada por los agentes desde el celular de la víctima) por los delitos de privación ilegítima de la libertad, apremios ilegales y vejaciones y extorsión, además de otros posibles delitos entre los que enumeró encubrimiento, incumplimiento de los deberes de funcionario público y falsificación de instrumento público.
El profesor de la Escuela Normal solicitó constituirse como parte querellante ante el Superior Gobierno de la Provincia de Tucumán "en su condición de responsable objetivo y directo por los daños causados por sus dependientes policiales en ejercicio u ocasión de sus funciones".
En su denuncia, repasó que regresaba de tomar exámenes en La Normal —que habían sido reprogramados por una medida de fuerza gremial el 3 de agosto— hacia la localidad de Macomitas, cuando alrededor de las 20:30 regresaba a su domicilio en las adyacencias de la comisaría de El Chañar en un auto particular (coordinación documentada mediante mensajería instantánea, aclaró) con un conductor a quien ya conocía de viajes anteriores, en un vehículo Chevrolet Corsa de color blanco, viajando como único pasajero en el asiento delantero.
Cuando se encontraban sobre la ruta, entre las 21:15 y las 21:20, arribó una camioneta policial de la cual descendieron dos efectivos (uno menor y otro mayor, describió) "que en ningún momento se identificaron ante el denunciante ni exhibieron credencial alguna", y detalló que luego "el efectivo más joven requirió la documentación del rodado al conductor y procedió a revisar el vehículo".
Luego, en plena requisa, los acusaron de tener "envoltorios" que ellos afirman no haber tenido, que nunca vieron ni les mostraron: "Ninguno de los dos efectivos pudo explicar en ese momento, ni en ningún momento posterior, el motivo real por el cual habían detenido a los ocupantes del vehículo ni por qué disponían su demora. Fue en ese contexto de absoluta orfandad de motivos que el efectivo más joven señaló al denunciante un lugar próximo a la palanca de cambios y afirmó verbalmente haber hallado unos envoltorios, sin exhibirlos de manera fehaciente, sin practicar pesaje ni prueba de campo alguna, sin confeccionar acta de secuestro, sin dar intervención a la fuerza especializada en estupefacientes y sin activar protocolo legal específico alguno. Esa mera invocación verbal, carente de toda formalidad y de toda constancia objetiva, careció de entidad probatoria propia y no fue más que la excusa con la que los efectivos justificaron el traslado del denunciante hacia la Comisaría de El Chañar, excusa que, como se verá, resultó ser el mero pretexto inicial de una secuencia delictiva de privación de libertad y ulterior extorsión, y no la constatación de ningún hecho real vinculado a estupefacientes", advirrió la denuncia.
"Se deja expresa constancia de que la presente denuncia excluye e invalida, en forma terminante, cualquier imputación o suspicacia de tenencia o portación de sustancias estupefacientes en cabeza del denunciante", aclaró en la presentación realizada ante la Unidad Fiscal de Decisión Temprana.
A continuación, alertó: "Los efectivos dispusieron entonces el traslado de ambos ocupantes hacia la Comisaría de El Chañar, trayecto de menos de diez minutos, en el que el denunciante fue conducido en la camioneta policial por el efectivo más joven, quien previamente le había retirado su teléfono celular sin explicación ni justificación legal alguna, privándolo de todo medio de registro o auxilio, y le formuló preguntas de índole personal sin brindarle en ningún momento una explicación concreta sobre el motivo real del traslado".
Una vez que llegaron a la comisaría, el conductor fue "apartado de la escena" y los policías se refirieron a la posibilidad de "llegar a un arreglo", de acuerdo al relato de la presunta víctima. "Se reveló la verdadera finalidad de todo lo ocurrido hasta entonces: los supuestos envoltorios, jamás exhibidos ni sometidos a procedimiento legal alguno, no habían sido más que el instrumento inicial de una maniobra dirigida exclusivamente a obtener dinero de la víctima bajo amenaza de imputación penal", interpretó el denunciante.
En ese momento, comenzó lo que describió como "el tramo más grave de la secuencia delictiva", ya que "los efectivos advirtieron al denunciante, en forma explícita y deliberada, que de no entregar dinero su nombre aparecería vinculado a un procedimiento por drogas en los medios de comunicación, que perdería su empleo como docente y que no volvería a conseguir trabajo en el ámbito educativo".
A esa amenaza, que buscaba "infundir temor grave", agregaron que "conocían su domicilio —ubicado en las inmediaciones de la propia dependencia policial— y sus movimientos y rutinas cotidianas, dando a entender de manera inequívoca que se encontraba a su alcance y bajo su vigilancia si no accedía a sus exigencias".
Acto seguido, le exigieron $10.000.000 que redujeron a $8.000.000, pero "indagando además si alguien podía asistirlo con dinero en efectivo y dejando en claro que la exigencia debía satisfacerse en el acto". Imposibilitado de conseguir la suma requerida, entraron a su homebanking y en dos movimientos lo vaciaron, dejándole $100.000 porque "eran buenos".
"Los propios efectivos tomaron el teléfono del denunciante e ingresaron a su homebanking de Banco Macro, verificando personalmente que contaba con un saldo disponible de aproximadamente $2.600.000. Constatado ese monto —y en medio de manifestaciones de enojo y agresividad verbal de los efectivos al advertir la cifra disponible— fijaron unilateralmente que debía entregar $2.500.000, “dejándole” arbitrariamente $100.000 en un gesto que los propios funcionarios calificaron, con manifiesto cinismo, como prueba de que “eran buenos”. Que el monto de la maniobra delictiva se determinara en función del saldo bancario personalmente verificado de la víctima constituye, por sí solo, prueba cabal de la naturaleza extorsiva y predeterminada de todo el accionar policial, absolutamente ajena a cualquier procedimiento legal de secuestro de bienes o dinero", reza la denuncia.
A partir de ese momento, y "bajo condiciones de coacción", describió que fue "conducido a un cajero automático del cual pudo sacar $1.000.000 por límites operativos, para luego ser conducido al cajero automático ubicado en las inmediaciones de la comisaría del Chañar, sin su teléfono celular y bajo la vigilancia directa del efectivo más joven, apostado en la puerta observándolo".
Pero eso no fue todo: mediante una transferencia a un tercero, le vaciaron la cuenta. "Extraído el dinero, lo entregó de inmediato al efectivo, quien lo contó en su presencia para verificar su totalidad. Acto seguido, ese mismo efectivo tomó nuevamente el teléfono del denunciante, ingresó a la aplicación Naranja X y digitó personalmente el alias de destino de una transferencia que la víctima solo pudo validar mediante su propio reconocimiento biométrico, por exigencia del sistema bancario, sin posibilidad alguna de conocer, elegir o consentir al beneficiario. "De ese modo se concretó una transferencia por $1.500.000 a favor del Sr. FRANCO ELÍAS ORELLANA (D.N.I. N° 37.502.663), titular de cuenta en Mercado Pago (CVU N° 0000003100077097543680, CUIL 20-37502663-6), persona absolutamente ajena al hecho presencial —pero partícipe de la maniobra— y a quien el denunciante ni conocía ni tuvo trato alguno", explicó en la presentación. Verificada la recepción de los fondos con su propio teléfono, el efectivo manifestó —en una frase que quedó grabada con particular nitidez en la memoria de la víctima— que esa cuenta era la que “utilizaban para ese tipo de casos”, expresión gravemente indiciaria de la reiteración y sistematicidad de esta modalidad delictiva, que amerita investigación exhaustiva", señala el escrito patrocinado por los letrados.
Según denunció el educador, después lo forzaron a firmar un acta constatando que había sido "demorado", y nada más. "Los efectivos hicieron firmar al denunciante un documento en el que se hacía constar que había sido “demorado” y que carecía de antecedentes penales, impidiéndole físicamente el efectivo actuante la lectura completa del instrumento y sin entregarle copia alguna", afirmó, aclarando que la rúbrica tuvo lugar cuando se encontraba padeciendo "una crisis hipertensiva —cefalea intensa, mareos, náuseas, dificultad para hablar y para mantenerse en pie—, habiendo hecho saber a los efectivos que padecía hipertensión arterial y se encontraba bajo tratamiento médico, sin que ello motivara auxilio médico alguno más allá de un vaso de agua".
"La confección de esa acta, en tales condiciones y con ese contenido omisivo de las verdaderas circunstancias del procedimiento y de la extorsión dineraria consumada, resulta susceptible de configurar además el delito de falsificación de instrumento público (art. 293 CP), extremo que deberá ser materia de investigación", se lee en la presentación realizada en sede judicial, donde también asentó que fue trasladado a s domicilio por el mismo policía, que se constató una presión arterial de 19/8 y que desde ese momento sufre "palpitaciones, insomnio, imposibilidad de alimentarse con normalidad y un estado de disociación emocional que describió ante profesional de salud mental como sentirse 'en modo avión', debiendo iniciar tratamiento psicológico".
Entre las pruebas presentadas, enumeró el comprobante de la transferencia por $1.500.000 a la cuenta de Franco Elías Orellana y las capturas de las extracciones por $100.000, $200.000, $100.000, $100.000, $100.000 y $400.000 de su cuenta en Banco Macro.
Además, solicitó que se libre oficio a dicha entidad para que corrobore sus extracciones y los registros fílmicos de los cajeros; también a Naranja X y Mercado Pago respecto de la cuenta receptora de la transferencia; y la extracción y resguardo de las cámaras de seguridad de la comisaría de El Chañar y los cajeros utilizados.
También pidió una rueda de reconocimiento con el personal de la comisaría involucrada; que se libre oficio a la Policía de Tucumán para que informen la nómina del personal y posibles denuncias de hechos similares vinculados a dicha dependencia o su personal, ante la posibilidad de que se trata de una "modalidad reiterada"; pericias informáticas sobre su celular y que se cite a declaración testimonial al chofer del Corsa.
Finalmente, exigió una prohibición de acercamiento en contra del personal policial de la comisaría de El Chañar tanto de él como de su núcleo familias, su domicilio real y laboral.