Tras la difusión de los alarmantes resultados de las evaluaciones internacionales de la OCDE, el Ministerio de Capital Humano atribuyó el retroceso escolar a las trayectorias de aprendizaje de los últimos doce años. Sin embargo, un análisis detallado del financiamiento público revela que la administración de Javier Milei ejecuta un repliegue fiscal sin precedentes en el sector, proyectando para 2026 un piso de inversión educativa de apenas el 0,54% del PBI.
Foto Prensa Ministerio de Educación.-
El debate en torno al estado del sistema educativo argentino ha cobrado una nueva dimensión tras la publicación de los resultados de las evaluaciones PISA 2025. Ante un panorama que vuelve a encender alarmas por el fuerte retroceso del desempeño estudiantil en áreas críticas como Matemática, Lectura y Ciencias, la reacción oficial ha consistido en un deslinde de responsabilidades operativas. A través de un comunicado del Ministerio de Capital Humano, conducido por Sandra Pettovello, el oficialismo definió la situación como una consecuencia ineludible de las políticas implementadas por las gestiones anteriores. Sin embargo, esta explicación de la "herencia recibida" contrasta de forma directa con el severo ajuste en las partidas presupuestarias nacionales destinadas a la educación, lo que amenaza con reconfigurar de raíz la estructura de la enseñanza pública en el país.
El diagnóstico de la cartera de Capital Humano sostiene que el desempeño de los estudiantes evaluados refleja procesos de aprendizaje acumulados a lo largo de un ciclo escolar completo de doce años. Dado que los jóvenes de 15 años que participaron de la prueba en 2025 iniciaron su escolaridad primaria en el año 2013, el oficialismo argumenta que el estancamiento y la caída del nivel de aprendizaje son el resultado de "una cultura educativa instaurada durante años por los gobiernos kirchneristas".
En esta edición de las pruebas PISA, en la que participaron 91 países e involucró la evaluación de 11.200 estudiantes en 413 escuelas argentinas, se evidenció un preocupante retroceso local que el Ministerio de Capital Humano buscó contextualizar dentro de una tendencia internacional de estancamiento. Según el comunicado gubernamental, las evaluaciones de esta edición muestran marcas históricamente bajas a nivel general, influidas por un fenómeno global definido por la OCDE como "lectores apresurados": alumnos que responden las consignas con rapidez y de manera errónea, una conducta que casi se duplicó en el mundo entre los años 2018 y 2025.
No obstante, el propio Ministerio reconoció en sus comunicaciones oficiales que el comportamiento de la tendencia internacional "no explica por sí solo la magnitud de la caída en Argentina", atribuyendo la diferencia a las deficiencias acumuladas de las últimas gestiones sobre un sistema que ya partía de un nivel comparativo bajo. Como contraofensiva programática frente a este diagnóstico crítico, el Gobierno defendió la vigencia de dos iniciativas federales: el Plan Nacional de Alfabetización, orientado a asegurar que los estudiantes puedan leer, comprender y producir textos de acuerdo con su edad, y el Plan Nacional de Matemática, diseñado para reforzar de manera prioritaria las capacidades numéricas y evitar que los chicos queden rezagados.
El contraste de los datos: la contracción presupuestaria nacional
Detrás de las explicaciones oficiales y las promesas de planes federales, los números del financiamiento público exponen un escenario de desinversión acelerada. Un informe técnico elaborado por el Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP), titulado “El futuro del financiamiento educativo en debate”, pone de manifiesto la magnitud del ajuste fiscal ejecutado por la actual administración.
Históricamente, la inversión educativa estatal en la Argentina incumplió la meta del 6% del Producto Bruto Interno (PBI) fijada por la Ley de Financiamiento Educativo Nº 26.075; de hecho, para el año 2023, bajo la gestión peronista de Alberto Fernández, el presupuesto nacional destinado a educación alcanzaba solamente el 1,41% del PBI. Sin embargo, la llegada del actual modelo de gestión agudizó la caída de forma drástica.
Durante el primer año de gestión (período 2023-2024), la función Educación y Cultura experimentó una contracción real del 43,2% interanual, lo que supuso una pérdida de aproximadamente 0,6 puntos porcentuales de participación dentro del PBI. Este primer impacto fiscal continuó profundizándose: el ejercicio presupuestario de 2025 cerró con otra caída real del 7,9%. De mantenerse las actuales partidas vigentes, las proyecciones del IIEP para el año 2026 estiman una reducción adicional del 12,7%, lo que ubicaría el presupuesto educativo nacional en un piso histórico del 0,54% del PBI. Para consolidar este sendero de desfinanciamiento, el Poder Ejecutivo nacional avanzó con la Ley 27.798, mediante la cual se eliminó formalmente el objetivo del 6% del PBI como meta presupuestaria.
El recorte en becas, salarios y universidades
La contracción de los recursos públicos golpeó con dureza los diversos niveles del sistema y deterioró los ingresos de la docencia a nivel nacional. Uno de los frentes de mayor conflictividad ha sido el universitario. Según los datos del IIEP, las transferencias dirigidas al programa Desarrollo de la Educación Superior sufrieron un recorte real del 5,4% interanual. La pérdida de recursos afectó de manera crítica el acompañamiento pedagógico y la retención de los estudiantes: las partidas destinadas a becas estudiantiles se desplomaron un 42,5% real, mientras que las correspondientes al programa de Gestión Educativa y Políticas Socioeducativas sufrieron una caída del 49,5% en términos reales. Estos programas vulnerados concentraban casi el 95% del gasto de la Secretaría de Educación en 2025, un organismo cuyo peso global representó apenas el 0,74% del PBI ese año.
En la educación obligatoria (inicial, primaria y secundaria), el Ejecutivo avanzó decididamente en el desmantelamiento de los esquemas de sostenimiento nacional de los salarios de los trabajadores de la educación. En 2024, el Gobierno decidió no prorrogar y discontinuar el Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) y suspender el Fondo de Compensación Salarial, dos mecanismos históricos mediante los cuales el Estado nacional complementaba los recursos de las provincias para garantizar un salario básico unificado en todo el país y mitigar las desigualdades regionales. La desaparición del FONID —que representaba, en promedio, el 8,7% de la remuneración de bolsillo de un docente— obligó a las distintas jurisdicciones provinciales a intentar cubrir de manera dispar y precaria esa pérdida, profundizando las asimetrías provinciales y sumiendo el salario de los maestros en una pérdida de poder adquisitivo generalizada.
La drástica reducción presupuestaria y la eliminación de los fondos compensatorios a las provincias no constituyen decisiones puramente coyunturales de índole fiscal, sino que representan los cimientos de una reforma de carácter estructural. Desde la perspectiva oficialista, el propósito reside en desvincular al Estado nacional de la obligación directa de sostener el entramado de escuelas públicas, incentivando la descentralización para que cada región deba sostener su propio sistema con los recursos locales disponibles.
Este objetivo se instrumenta bajo el proyecto de la denominada Ley de Libertad Educativa. De acuerdo con el análisis del IIEP, el nuevo marco institucional busca "desacoplar el financiamiento de la provisión estatal", introduciendo mecanismos de asignación de recursos a la demanda. Bajo este esquema, en lugar de destinar partidas presupuestarias regulares a la infraestructura y personal de las escuelas de gestión pública, el financiamiento se desplazaría para canalizarse de manera directa a las familias a través de instrumentos como vouchers, becas, bonos o créditos fiscales, promoviendo una lógica de competencia mercantil entre los establecimientos.
A su vez, esta reforma plantea la legalización de modalidades no presenciales como el homeschooling (educación en el hogar), reduciendo las exigencias horarias y de contenidos curriculares obligatorios. Al flexibilizar los requisitos de la enseñanza, el Estado encuentra la justificación para recortar los recursos que hoy se destinan a sostener los establecimientos físicos. Finalmente, el nuevo diseño legal obligaría a las jurisdicciones provinciales a garantizar transferencias públicas hacia el sector de gestión privada bajo la premisa de asegurar una supuesta "equidad" entre sistemas, lo que en la práctica drena recursos de una educación pública ya precarizada.