Tras una reunión clave de los tres poderes del Estado provincial, los funcionarios tucumanos analizaron la adecuación local de la Ley Nacional N.º 27.801, haciendo énfasis en la contención escolar, el cuidado socioemocional y el diseño de herramientas de reinserción social.
Durante el encuentro, las principales autoridades expusieron sus perspectivas y destacaron la importancia de abordar esta transformación desde una mirada integral de recuperación y contención de los jóvenes.
La mesa de trabajo interinstitucional fue encabezada por el vicegobernador y presidente de la Honorable Legislatura de Tucumán, Miguel Acevedo; el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Daniel Leiva, junto a los vocales del alto tribunal; el ministro Público Fiscal, Edmundo Jiménez; el ministro Pupilar y de la Defensa, Washington Navarro Dávila; la ministra de Educación, Susana Montaldo; y el ministro de Desarrollo Social, Federico Masso.
Además, estuvieron legisladores, magistrados, funcionarios y representantes de organismos especializados. Por la cartera educativa asistieron la secretaria de Estado de Educación, Gabriela Gallardo; el subsecretario de Asistencia Legal y Técnica, Facundo Juez Pérez; y la directora de Educación Secundaria, Rosa Casares, quienes buscan concientizar a la comunidad educativa desde el punto de vista de la convivencia pacífica en las aulas y la mediación escolar.
El titular de la Legislatura calificó el encuentro interinstitucional como "muy positivo" y subrayó el respeto absoluto a la independencia de poderes dentro de un esquema de trabajo sumamente coordinado. Respecto al inminente cambio legislativo, Acevedo remarcó la necesidad de adaptar la norma a las particularidades locales: "Es necesario que en Tucumán arbitremos las medidas necesarias para cuando se implemente. No es la misma idiosincrasia que tienen en Buenos Aires que lo que podemos sentir o ver acá".
En ese sentido, resaltó que el compromiso prioritario del Estado radica en el cuidado y la reinserción de la juventud: "Es una mirada en donde pensamos que debemos rescatarlos, que debemos recuperarlos, que podamos tener una ley penal juvenil que sea aplicable en Tucumán de la mejor manera y que sea no tan solo penalizar, sino también cuidar a nuestros adolescentes".
Como máxima autoridad del Ministerio Público Fiscal, Jiménez ponderó la mesa de diálogo al señalar que la articulación del Estado resulta indispensable, puesto que "todos los poderes son partícipes de la ejecución de la norma nacional" .
Asimismo, catalogó el debate de esta normativa como uno de los hitos legislativos de mayor trascendencia en la provincia debido al sector social que involucra: "Esta es, quizás, la ley más importante que trate la legislatura en su período, porque se trata de menores, de chicos, y hay que ser muy cuidadoso en todo esto".
La ministra de Educación, Susana Montaldo, en representación del Poder Ejecutivo provincial, hizo hincapié en que la trascendencia de esta convocatoria radica en su impacto social directo: "Es muy importante que los tres poderes del Estado, con una representación, podamos reunirnos porque se trata de la salud de nuestros jóvenes y de nuestra sociedad".
Montaldo conectó esta reforma con las políticas de prevención y convivencia pacífica que la cartera educativa lleva adelante desde el comienzo de la gestión. Al respecto, destacó el enfoque de contención que se implementa activamente en las aulas: "Venimos trabajando desde el inicio de la gestión una línea de salud socioemocional, y la trabajamos con nuestros alumnos y con los padres".
Asimismo, la ministra ejemplificó estas acciones con hitos recientes, tales como el Congreso Provincial de Educación realizado en julio y la distinción de la Bandera de la Paz, otorgada gracias a un programa pionero de mediación escolar: "Tenemos en todas nuestras escuelas primarias niños mediadores de conflicto, y este proyecto lo estamos llevando también a las escuelas secundarias para que nuestros jóvenes aprendan a resolver en forma pacífica las situaciones de conflicto que se suscitan".
Representando el trabajo técnico de la cámara legislativa, el legislador Gerónimo Vargas Aignasse resaltó el valor de coordinar la futura ejecución de las penas junto a los jueces y los ministerios de Desarrollo Social y de Educación. Explicó que el parlamento provincial se encuentra abocado al análisis de tres proyectos que ya cuentan con estado parlamentario para asegurar que el régimen local guarde plena consonancia con el marco federal y los tratados internacionales de derechos humanos.
El parlamentario precisó que el enfoque tucumano buscará no solo sancionar, sino dotar al proceso de herramientas efectivas de resocialización: "Buscando que ese joven o ese menor que sufre una condena pueda, a partir de su proceso de recuperación, poder reinsertarse en la sociedad, poner fin a su trayectoria criminal y bajar la posibilidad de que pueda reincidir y dañar a la sociedad".